El estado de Michoacán tiene múltiples regiones mineras con potencial para su aprovechamiento, principalmente de materiales como hierro, cobre, plata, oro y plomo. Según datos del Congreso local, hasta 2017 había 1.486 concesiones mineras con una superficie total de 2,2 millones de hectáreas (37% del territorio estatal).
Sin embargo, 80% de estas concesiones (1.189) se encontraban inoperantes por motivos como la falta de capacidad técnica y económica de los concesionarios. A pesar de esta situación, grupos del crimen organizado han visto en la minería una oportunidad para diversificar sus negocios ilícitos y financiar su actividades.
En el caso concreto de Michoacán, la aparente incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación en la minería ilegal sería el factor clave para entender la violencia que han sufrido activistas e integrantes de comunidades indígenas.
El 13 de enero de 2023 fueron asesinados los comuneros Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila.
De acuerdo con la Comisión de Comunicación de dicha comunidad, los comuneros fueron atacados con violencia por un comando de “aproximadamente 20 sicarios del CJNG” en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila e incluso grabaron varios videos en los que “ostentaron su crueldad”.
Los informes de dicha comisión apuntaron que el cártel de las cuatro letras “tiene su guarida y centro de actividad en la localidad de La Naranja”, precisamente en Aquila.
Dos días más tarde, el 15 de enero, se reportó la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, activistas y defensores de derechos humanos. Según las primeras investigaciones e informes de inteligencia, ambos habrían sido capturados por miembros del cártel encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en los límites entre Michoacán y Colima.
Luego de que Antonio Díaz fuera obligado a grabar un video y emitir diversas declaraciones, su hijo denunció la falsedad de las supuestas “confesiones” y se identificó a uno de los posibles implicados como Óscar Fernando Arreguín Girón, “El Anzuelo”, presunto miembro del CJNG en Colima que trabajaría bajo las órdenes del lugarteniente Luis Gabriel Cabrera Jiménez, alias “El Humilde”.
La violenta incursión del CJNG en este rubro, así como los conflictos entre las concesionarias mineras y las comunidades indígenas no es un tema reciente.
Según el comunicado de la comunidad de Santa María Ostula, el 29 de septiembre de 2022 el CJNG se hizo con el control de la cabeza municipal de Chinicuila y desplazó “a personas y familias fuera del lugar con el propósito de explotar las minas” de dicho municipio. Esta agresiva ocupación, añadió el comunicado, ocurrió días después de que la Guardia Nacional desarmara y desarticulara a la Guardia Comunal de la región.
Respecto a la desaparición de los activistas, sus familias señalaron como supuesta implicada y sospechosa a la empresa minera Ternium, pues acusaron que tiene “vínculos cercanos” con el CJNG, lo cual fue negado a través de un documento por la compañía.
Conviene especificar que la desaparición de Lagunes Gasca y Díaz Valencia ocurrió luego de que acudieran a una asamblea para tratar el conflicto legal por una presunta falta de pago de regalías por parte de Ternium.
Por otro lado, una investigación de Insight Crime, sitio especializado en temas de seguridad y crimen organizado, detalló que en el territorio que comprende las localidades de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana hay muchas minas ilegales controladas por grupos como el CJNG y los remanentes de los Caballeros Templarios.
Además, diversas entrevistas y encuentros con habitantes de aquel estado refirieron que una de las razones por las cuales los grupos del narcotráfico estarían interesados en explotar las minas sería el potencial de los minerales para intercambiarlos por sustancias para crear droga.
En concreto, el citado sitio mencionó la posibilidad de que el hierro extraído fuera enviado a países de Asia (como China) a cambio de precursores químicos para hacer fentanilo, los cuales llegarían al puerto de Lázaro Cárdenas, el punto de acceso marítimo más grande del país.
Además del acceso a la justicia por el asesinato de los comuneros y la aparición con vida de Lagunes Gasca y Díaz Valencia, habitantes de diversas comunidades han exigido el respeto a sus pueblos, a sus guardias comunales y, enfáticamente, el “desmantelamiento del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cártel funcionarios y mandos militares corruptos”.
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