Gracias a un amparo otorgado en Jalisco, uno de los hermanos Arellano Félix podría recuperar al menos dos inmuebles que habían estado bajo el control del gobierno desde hace 29 años.
Se trata de las propiedades aseguradas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en 1993 durante las investigaciones por el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y otras seis personas el 24 de mayo de ese año.
La versión más difundida sobre el hecho es que el religioso habría sido ejecutado por error por sicarios del Cártel de Tijuana, pues lo habrían confundido con Joaquín “El Chapo” Guzmán en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Tal indicio fue lo que llevó a las autoridades a incautar dos inmuebles ubicados en la calle José María Heredia, números 2683 y 2693, en la colonia Providencia, en la capital de Jalisco.
Según información compartida por Zeta Tijuana, dichos bienes habrían sido adquiridos en mayo de 1991 por Fernando Arellano Félix, un miembro del clan sobre quien no hay registros criminales, pues carece de imputaciones y detenciones que pudieran vincularlo a la nutrida trayectoria criminal de sus hermanos Benjamín, Eduardo, Javier, Ramón y Francisco Rafael.
La protección judicial a Francisco Arellano Félix fue concedida por Martha Georgina Comte Villalobos, jueza cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco. El fallo ordena que la actual Fiscalía General de la República (FGR) debe dejar sin efecto el aseguramiento de las residencias incautadas el 9 de agosto de 1993 por el Ministerio Público Federal, incluidas en la averiguación previa 4384/DGI/93.
Uno de los argumentos que permitió a Fernando Arellano Félix obtener el amparo fue que el auto de aseguramiento de 1993 se emitió contra determinadas personas (sus hermanos), pero en ningún momento se especificó la necesidad jurídica de mantener dicha medida contra él.
Además, a más de 29 años de haber sido resguardada por la entonces PGR, “existe inactividad ministerial porque no ha dictado un acuerdo que otorgue un nuevo destino al bien inmueble, por lo que subsisten las razones que fueron tomadas en su momento para decretarlo”.
De acuerdo con el medio referido, Fernando Arellano Félix interpuso la demanda el 19 de enero de 2023 en contra del Ministerio Público de la Federación por la inmovilización de los inmuebles, así como por la entrega de su posesión “a terceros y la autorización para celebrar contratos”, ya que uno de los predios había sido habilitado como un albergue transitorio del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Zapopan.
Al explorar la zona en un sistema de geolocalización como Google Maps es posible visualizar la propiedad adaptada para funcionar como centro de atención del DIF, pero en la descripción aparece la leyenda “Cerrado permanentemente”.
El medio citado anteriormente refirió que, al consultar las transacciones, Fernando Arellano Félix le habría comprado ambas propiedades a “un empresario y deportista mexicano”, una por 235 millones 660 mil 800 pesos y la otra por 117 millones 734 mil 400 pesos (cantidades en viejos pesos).
En cuanto a las dimensiones, una de las construcciones está asentada sobre una superficie de 246,08 metros cuadrados, mientras que la otra fue edificada en un predio de 245,28 metros cuadrados.
Ante el amparo concedido a Arellano Félix, el Ministerio Público adscrito a la FGR debe emitir un nuevo pronunciamiento respecto al caso. Si decide anular el aseguramiento, los inmuebles deberán ser devueltos de manera inmediata al quejoso. El otro escenario es que se les dé un nuevo destino, contemplando la averiguación previa en la que fueron incluidos.
Cabe recordar que, aunque esto parece una victoria para Fernando Arellano Félix, la sentencia aún puede ser impugnada, por lo que se anticipa que la disputa por estas propiedades se extienda aún más.
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