
La muerte de Rana El Selci, una niña de dos años atacada por una jauría de perros callejeros en Konya, en el centro de Turquía, ha reavivado el debate sobre la gestión de los animales sin hogar en el país.
El incidente, ocurrido el pasado viernes, ha llevado al gobierno turco a prometer la aplicación estricta de una controvertida ley aprobada el verano pasado, que busca retirar a millones de perros callejeros de las calles y áreas rurales, según informó The Associated Press (AP).
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El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, aseguró en un mensaje difundido en redes sociales que se utilizarán todas las herramientas legales disponibles para garantizar el cumplimiento de la normativa.
“O las autoridades locales hacen su trabajo, o yo usaré toda la autoridad que la ley me otorga”, afirmó. Por su parte, el presidente Recep Tayyip Erdogan declaró el sábado que el gobierno está tomando “medidas decididas” para implementar la legislación, según consignó.
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Una ley controvertida

La legislación, que ha sido calificada como la “ley de la masacre” por grupos defensores de los derechos de los animales, fue aprobada por el parlamento turco el año pasado.
Sin embargo, su aplicación ha sido parcial o inexistente en muchas localidades, lo que ha generado críticas tanto de sectores que exigen mayor control sobre los perros callejeros como de quienes temen que la normativa derive en abusos.
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De acuerdo con AP, la ley obliga a los municipios a capturar a los perros callejeros y alojarlos en refugios donde deben ser vacunados, esterilizados y puestos en adopción.
Sin embargo, también permite la eutanasia de aquellos animales que estén en estado terminal, sufran dolor o representen un riesgo para la salud humana. Este último punto ha sido motivo de protestas tanto dentro como fuera del país, ya que activistas temen que se utilice como excusa para eliminar a un gran número de animales.
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Reacciones y tensiones políticas

La muerte de Rana ha intensificado las tensiones en torno a la gestión de los perros callejeros, un problema que afecta a todo el país. Según estimaciones del gobierno, alrededor de 4 millones de perros viven en las calles y áreas rurales de Turquía, lo que ha generado preocupaciones tanto por la seguridad pública como por el bienestar animal.
Grupos de defensa de los animales han expresado su temor de que la ley conduzca a la muerte masiva de perros o a su confinamiento en refugios superpoblados y en condiciones precarias.
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Cuando la normativa fue aprobada, el principal partido de oposición se comprometió a no implementar las disposiciones relacionadas con la captura de animales en los municipios que gobierna.
Además, miles de personas se manifestaron en varias ciudades turcas para exigir la eliminación del artículo que permite la eutanasia de ciertos animales. Estas protestas también se extendieron a nivel internacional, con movilizaciones en Europa que advirtieron sobre el impacto negativo que la ley podría tener en el turismo en Turquía.
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Además, algunos críticos han señalado que el aumento en la población de perros callejeros se debe a la falta de aplicación de regulaciones anteriores, que ya exigían la captura, esterilización y retorno de los animales a sus lugares de origen.
Según AP, otros observadores han sugerido que la nueva ley podría ser utilizada como una herramienta política para presionar a los alcaldes de la oposición, quienes lograron importantes avances en las elecciones locales del año pasado.
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La normativa incluye sanciones para los funcionarios municipales que no cumplan con sus disposiciones, lo que ha generado suspicacias sobre su posible uso con fines partidistas.
La implementación de la ley, que hasta ahora ha sido limitada, podría intensificarse en las próximas semanas, especialmente tras las declaraciones de las autoridades nacionales.
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Mientras tanto, el debate sobre cómo abordar de manera ética y efectiva el problema de los perros callejeros en Turquía sigue abierto, con implicaciones tanto para la seguridad de las personas como para el bienestar de los animales.
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