Juicio de los Cuadernos: funcionarios de la ex AFIP hablan de facturas apócrifas y proveedores truchos
El debate oral entró esta semana en una nueva etapa dedicada a reconstruir cómo se fiscalizaron y qué inconsistencias se detectaron en empresas involucradas en la causa por presunto pago de sobornos durante el kirchnerismo
El juicio oral por la causa de los Cuadernos se reanudó este jueves con una nueva etapa de testigos dedicada a declaraciones de los funcionarios de la entonces AFIP que participaron de fiscalizaciones sobre empresarios involucrados en el expediente.
El debate que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner entró ahora en el análisis de inconsistencias que la actual ARCA encontró al fiscalizar a las empresas que tienen sentados en el banquillo a sus entonces titulares, procesados en gran parte por presuntos pagos de sobornos.
Para este jueves se citó a seis testigos: Verónica Iglesias, Carlos Stafforini, María Criscuolo, Diego Quintas y Pedro Puyó. Este último hablará por Zoom porque vive en Córdoba.
La primera testigo Iglesias, contadora de la ex AFIP (hoy ARCA) comenzó a declarar sobre una fiscalización a la empresa Isolux Corsán y mencionó el uso de facturas apócrifas. En el debate es juzgado su ex CEO Juan Carlos de Goycoechea.
Terminó la declaración de Iglesias y comienza el testigo Carlos Stafforini
Iglesias concluyó su declaración de casi una hora respondiendo preguntas de defensas y fiscalía. Dijo desconocer si la empresa Isolux Corsán participó en emprendimientos de parques eólicos como parte de alguna otra Unión Transitoria de Empresas. Remarcó que ella fiscalizó a la firma sólo como parte de la UTE que construyó la usina hidroeléctrica de Rio Turbio.
El contador Stafforini, de ARCA, fiscalizó la persona jurídica Fainser por facturas apócrifas. Se trata de otra de las empresas con directivos acusados en el juicio. En su caso se juzga a su ex titular Juan Carlos Lascurain, desde esta semana con arresto domiciliario condenado a cuatro años de prisión en otra causa penal por fraude en Rio Turbio.
Un proveedor emitió facturas por 80 millones sin capacidad para dar el servicio
Ante preguntas de la fiscalía sobre los motivos por los que una empresa o una UTE puede recurrir a facturación apócrifa, la ex jefa de División de Fiscalización de la AFIP explicó que una de las finalidades puede ser “buscar un incremento del crédito fiscal”. La testigo señaló que, durante las tareas de fiscalización, se detectaron proveedores que facturaban montos millonarios sin contar con capacidad económica ni operativa para prestar los servicios declarados.
Como ejemplo, mencionó el caso de Antonio Blua, un hombre que trabajaba en el Servicio Penitenciario y que comenzó a facturar a la UTE supuestos servicios de mano de obra en seguridad. Según indicó, en poco tiempo emitió facturas por alrededor de 80 millones de pesos. Sin embargo, “los empleados encuestados no reconocían a Antonio Blua”, sostuvo.
La ex funcionaria explicó que, para el organismo fiscal, resulta relevante determinar si un proveedor tiene capacidad para llevar adelante las prestaciones que factura, ya que de lo contrario se impugnan los créditos fiscales originados en “facturas que carecen en principio de veracidad”. Agregó que se realizó un seguimiento por muestreo de los fondos y que “aparecieron retiros de caja del banco”.
“Al determinarse que el proveedor que presta el servicio es apócrifo, esos fondos no tienen un destino cierto”, afirmó la testigo. En ese sentido, agregó que “se tiene que probar que esa persona haya prestado el servicio” y remarcó: “Esa persona no lo prestó”.
Además, señaló que “no se pudo determinar que el proveedor haya tenido un incremento patrimonial acorde a lo que pudo haber cobrado por este contrato”, circunstancia que, según explicó, reforzaba las sospechas sobre la inexistencia real de las prestaciones facturadas.
Finalmente, precisó que, tras la determinación de oficio practicada por la AFIP, el organismo avanzó con una denuncia penal.
La testigo habló de proveedores y facturas apócrifas
La testigo Iglesias recordó que estuvo a cargo de fiscalizaciones sobre la empresa Isolux y la UTE que integraba vinculada a la usina termoeléctrica de Río Turbio y explicó que durante las tareas de control detectaron la existencia de proveedores catalogados como apócrifos desde 2014.
Según relató estaba a cargo de directivos entre los que mencionó al acusado Juan Carlos Goycoechea. “Era un contribuyente muy importante y el control tenía que ser profundo”, sostuvo durante la audiencia.
En determinado momento, la empresa dejó de responder a los requerimientos formulados por el organismo recaudador, situación que derivó en la realización de un allanamiento, recordó.
Durante el interrogatorio de la defensa de Roberto Baratta, a cargo del abogado Marcos Aldazabal, la testigo confirmó que recibió distintos oficios judiciales solicitando información y que incluso existió un pedido para profundizar la investigación y evaluar la posibilidad de extender esos controles a otros contribuyentes relacionados con esa UTE.
El juicio se reanudó con la testigo Verónica Iglesias
En una nueva audiencia del juicio por presunta asociación ilícita y pago de sobornos durante el kirchnerismo, comenzó a declarar la contadora de la AFIP (hoy ARCA) Verónica Iglesias.
La testigo responde preguntas de la fiscal Fabiana León relativas a sus funciones en 2016, cuando era supervisora de fiscalización. En 2017 fue nombrada jefa de división. Comenzó a referirse a una fiscalización al grupo Isolux Corsán por uso de facturas apócrifas. Se trata de una de las empresas involucradas en la acusación.
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