Nueva audiencia del juicio por los cuadernos de la Corrupción: la acusación que desnudó el vínculo entre políticos y empresarios

El juicio por los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno continúa hoy martes, transmitido por el canal de YouTube del Poder Judicial. En su octava audiencia, tal como anunció el juez Enrique Méndez Signori, presidente del Tribunal Oral Federal N°7, el proceso se centrará en la lectura de la causa 13816/2018, un expediente paralelo al principal, centrado en la cartelización de la obra pública, conocido en los tribunales de Comodoro Py como el caso de “la Camarita”.

El caso, investigado por el fiscal Stornelli, se centró el vínculo en torno a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con imputados clave como el financista Ernest Clarens, el empresario Carlos Wagner -el único empresario acusado de ser parte de la asociación ilícita supuestamente liderada por Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido para la recepción de coimas- y José Francisco López, el hombre de los bolsos, ex secretario de Obra Pública, hoy preso en Ezeiza.

La acusación, de 420 páginas de largo, es sumamente reveladora. Aquí, más que en cualquier otro punto de la larga trama de los cuadernos, queda en evidencia la promiscuidad entre poder político y poder empresarial. Los propios acusados lo reconocieron: Clarens, Wagner y López declararon como arrepentidos en la causa.

En esta parte del caso, con 63 imputados en la lista, CFK deberá responder por 175 hechos de coimas. De Vido es otro acusado, junto con empresarios como Aldo Benito Roggio, Ángelo Calcaterra y Gerardo Cartellone.

Juan Chediack, otro de los principales empresarios imputados, murió en un accidente de avión en San Luis a mediados de 2023.

La confesión de Ernesto Clarens

En su confesión, Ernesto Clarens -hoy un jubilado asistido por el PAMI, que intentó cerrar la causa en su contra con un departamento y un yate en Miami- afirmó:

“A mediados del año 2005, estando acá, me convoca Carlos Guillermo Enrique WAGNER, para entonces Presidente de la Cámara de la Construcción, a una reunión en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como ‘la Camarita’... y me informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública a través de una operatoria que demandaba mi intervención en la recepción de los mismos de parte de algunas constructoras en concepto de pago de aportes o retorno y que debía ocuparme de que le lleguen al Secretario de Obra Pública, José LÓPEZ, o quien éste me indique”.

“Las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300 mil dólares por cada entrega y con frecuencia semanal. Al principio eran montos grandes, luego fue bajando porque a las empresas les costaba juntar el dinero, eran rehenes del sistema, porque Vialidad no les pagaba los certificados”, siguió Clarens.

“La Camarita”, explicó el financista, “mensualmente me entregaba un listado en el que constaban las obras licitadas

El jueves pasado, tras la maratónica lectura de la acusación principal del caso -el pedido de elevación a juicio del expediente central, realizado por el fiscal Stornelli en 2019, con de más de 227 mil palabras- los cuatro secretarios letrados del Tribunal Oral Federal N°7 seguirán con la lectura de la acusación de la querella de la Unidad de Información Financiera, a cargo del fiscal Paul Starc, representada en el proceso por Mariano Galpern, director de litigios penales del organismo.

El planteo de la UIF se dividió en dos partes, presentadas entre julio y agosto de 2019. La primera -en la que se consideró a Cristina Fernández de Kirchner como “la jefa de la asociación ilícita”- tiene una extensión de más de 170 páginas.

La acusación de la UIF apuntó a los pagos realizados por los empresarios del caso como Ángelo Calcaterra y Benito Roggio y a las contradicciones en sus relatos. Los empresarios se consideraron víctimas de las presuntas extorsiones del ex ministro de Planificación Julio De Vido y su secretario Roberto Baratta. Para la UIF, estos empresarios deberían haber denunciado aquellas extorsiones en vez de abonar para obtener obvios beneficios. “La corrupción política y empresarial se necesitan entre sí”, aseveraba Starc a Infobae semanas atrás.

Comenzó la audiencia número 8 del juicio: el porcentaje del retorno

La secretaria Rocío Ribelli dio comienzo a la audiencia a las 13:52 con los acusados de la causa 13816/2018 y sus defensas. Roberto Baratta, por ejemplo, no se encuentra imputado en este expediente, así como otras figuras políticas del caso.

La causa se formó el 22 de agosto de 2018 "tras reunirse elementos que sustentaran que la asociación ilícita también había operado en los rubros específicos de obra pública civil, energía y transporte”, rememoró Ribelli.

“Entre esos elementos se encuentran los aportes realizados por distintos imputados colaboradores, quienes hicieron referencia al modo implementado principalmente por funcionarios públicos del gobierno argentino, en ese sector. En ese marco refirieron que se habrían abonado anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%- o montos más concretos y relacionados con certificados de obra", continuó el texto firmado por Stornelli.

“La Camarita”: más confesiones y más funcionarios

En su confesión, José Lópéz aseguró que “el anticipo financiero era normalmente del 10%, y de ese anticipo pagaban el 5% de retorno”. “A veces, el 3% si la obra no tenía anticipo financiero contra los certificados de obra”, continuó.

Wagner, por su parte, afirmó que “…la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador de la licitación”. Señaló, entre esos lugares, a la Cámara de Empresas Viales.

Nelson Guillermo Periotti, ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad; Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General; y Sergio Hernán Passacantando, ex gerente de administración de la DNV, fueron acusados de conformar la asociación ilícita entregándole dinero a Clarens en sus oficinas.

Así, comenzó la lectura de las coimas que CFK cobró a través de Clarens, en un pasamano de dinero de varios empresarios.

Las supuestas coimas que el primo de Macri le pagó a CFK

Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, hijo de María Pía, la hermana menor de su padre Franco, principal figura de firmas como IECSA, fue el primer funcionario en ser mencionado en la imputación de los pagos de “la Camarita”. Fue uno de los arrepentidos clave en la causa. Se quebró en agosto de 2018, con una confesión detallada. Nada en el expediente había tenido la fuerza simbólica de esta confesión. Calcaterra era el primo del presidente en ejercicio. Su jugada partía la historia del expediente en dos.

Junto a Santiago Altieri y Héctor Sánchez Caballero, todos parte de IECSA, Calcaterra intervino “en la entrega de una suma de dinero a Cristina Elisabet FERNANDEZ, Julio Miguel DE VIDO y José Francisco LOPEZ, a través de la interpósita persona de Ernesto CLARENS, el 2 de junio de 2009″, asegura el expediente.

Otros tres supuestos pagos se realizaron a lo largo de aquel mes, con un monto de $3,8 millones de aquel entonces. Las imputaciones fueron idénticas para los empresarios que siguieron, como Hugo Dragonetti: plata para Clarens, la “interpósita persona” en “la Camarita”, para ser cobrada, finalmente, por CFK, De Vido y López.

Dragonetti, cabeza de la empresa Panedile, fue acusado de pagar 21 coimas hasta la ex presidenta hasta fines de 2011, con montos expresados en pesos en la lectura.