La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal avanzará desde esta semana con las audiencias con las que se revisarán las penas de los condenados por la causa “El Entrevero”, en la que el empresario Lázaro Báez fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión.
El dueño de Austral Construcciones purga otros 15 años de prisión por las causas “Vialidad” y “La ruta del dinero K”, y el jueves la Corte Suprema de Justicia dictó su sobreseimiento definitivo en un expediente por la retención indebida de aportes laborales de sus empleados, donde había recibido una cuarta condena de tres años y seis meses de cárcel, en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3.
“El Entrevero” es una estancia ubicada en Uruguay que se adquirió por un valor de 14.000.000 de dólares. Según dio por probado el Tribunal Oral Federal N° 4, que llevó adelante el juicio contra Báez, Leonardo Fariña y otras seis personas, la operación fue una maniobra destinada a lavar dinero proveniente de la corrupción con la obra pública en Santa Cruz.
Luego de las respectivas apelaciones de las defensas, el caso llegó a la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país. Los magistrados Mariano H. Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos convocaron a todas las partes para escuchar sus argumentos y luego tomar una decisión sobre las condenas.
La primera audiencia, prevista para el pasado jueves, tuvo que postergarse. Debían exponer sus fundamentos los abogados de Lázaro Báez, que cambió de patrocinio letrado y, en esa transición, se sucedieron una serie de inconvenientes respecto de su representación ante los tribunales federales, tal como viene contando Infobae.
Es así que desde esta semana el resto de las partes comparecerán ante la Casación, con audiencias previstas hasta el 6 de noviembre. Ese día será el turno del dueño del grupo Austral.
Una vez finalizadas las audiencias, los jueces tienen 20 días hábiles para fallar. De esta manera Lázaro Báez conocerá antes de fin de año si es ratificada o no una tercera condena que, de confirmarse, lo dejaría cerca de los 20 años de prisión. Actualmente el empresario está detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
“El Entrevero”
El TOF N° 4, en una sentencia dictada el 22 de octubre de 2024, dio por probadas complejas operaciones de lavado de dinero que se desarrollaron entre 2010 y 2013, utilizando fondos provenientes de maniobras de corrupción que ya se habían juzgado en la causa “Vialidad” y de la evasión de impuestos.
Los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez determinaron que el empresario Lázaro Báez, junto a sus colaboradores y asesores, conformó una estructura societaria y financiera, tanto en Argentina como en el extranjero, para canalizar, transferir y ocultar esos capitales ilícitos, buscando otorgarles una apariencia de legalidad.
El hecho central fue la compra de “El Entrevero” en Uruguay, una estancia de 150 hectáreas y ubicada frente al mar. Leonardo Fariña, en un principio, inició las gestiones de la inversión y le presentó el negocio a Báez, quien lo autorizó.
La investigación judicial
Según la causa judicial, Fariña gestionó la compra con Maximiliano Goff Dávila, otro de los condenados, quien contactó a intermediarios inmobiliarios para la reserva del campo a fines de 2010. Para asegurar la operación, se depositó una seña de 1.400.000 dólares en una cuenta del escribano Adolfo Pittaluga Shaw.
Estos fondos se transfirieron desde cuentas vinculadas a la firma Administradora de Fondos de Inversión Sur (AFISUR) por orden de Daniel Pérez Montero y Santiago Walter Edgardo Carradori, según reconstruyó el Tribunal en los fundamentos de la condena.
La operación se formalizó primero a nombre de la sociedad uruguaya Traline S.A., una entidad con “acciones al portador”, que permitió el anonimato de sus dueños, designando a Alejandro Maximiliano Acosta como su presidente temporal. Goff Dávila,a su vez, recibió un mandato general de disposición y administración de la sociedad.
A comienzos de 2011, la relación entre Fariña y Báez se interrumpió. Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco asumieron el control de la operación y viajaron a Uruguay para informarse sobre la compra.
Posteriormente, Pérez Gadín y Chueco gestionaron el traspaso de la promesa de compraventa a la sociedad Jumey S.A., una entidad con acciones nominativas. Pérez Gadín, como presidente de esa empresa, declaró ante las autoridades que el beneficiario final del activo era la firma Helvetic Services Group.
Para completar la adquisición del campo, se realizaron transferencias coordinadas desde cuentas en Suiza y España, en particular desde una firma española vinculada a Helvetic Services. La escrituración final se concretó a nombre de Jumey S.A. en agosto de 2011.
Un segundo hecho analizado en la causa involucró a Báez, Pérez Gadín, Acosta y Oscar Osvaldo Guthux en la compra de un terreno baldío en El Faro de José Ignacio por 320.000 dólares, una operación donde se constató que el valor de la escritura fue superior al monto real que percibió la vendedora. Este terreno también pasó de Traline a Jumey.
Finalmente, el TOF N° 4 comprobó que Maximiliano Goff Dávila compró en marzo de 2011 un departamento en la Ciudad de Buenos Aires por 800.000 dólares en efectivo, sin presentar justificación del origen de los fondos, utilizando un boleto de compraventa y un poder especial para escriturar a nombre de un tercero.
Goff Dávila escrituró la propiedad a su nombre en 2017, aprovechando el régimen de sinceramiento fiscal, y la vendió ese mismo día por 1.350.000 dólares.
La justicia concluyó que existió un plan coordinado en el que Lázaro Báez proveyó el capital ilícito y los demás imputados ejecutaron los pasos necesarios para introducir ese dinero en el circuito formal, consumando el delito de lavado de activos.
En enero de este año el Poder Judicial uruguayo subastó la estancia “El Entrevero”. Se vendió en 10.800.000 dólares a una sociedad que pertenece al empresario Eduardo Costantini y al jugador de polo Adolfo Cambiaso.
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