El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal fue sede esta semana de un encuentro internacional que reunió a más de un centenar de juristas argentinos y estadounidenses para debatir sobre el juicio por jurados en materia civil, un mecanismo estipulado en la Constitución Nacional pero aún no implementado en el país.
El evento, organizado junto a la American Board of Trial Advocates (ABOTA) y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), se desarrolló en el salón auditorio de la entidad porteña, ubicado en avenida Corrientes 1441, y congregó alrededor de doscientos abogados locales y 53 matriculados provenientes de distintos estados de Estados Unidos. Fue la primera actividad binacional centrada exclusivamente en la experiencia del jurado civil estadounidense y su comparación con el sistema argentino.
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En la apertura, el presidente del Colegio, Ricardo Gil Lavedra, destacó la relevancia democrática del modelo en cuestión. “La justicia se administra en nombre del pueblo y la participación ciudadana en la justicia le otorga una enorme legitimidad democrática”, sostuvo.
Y agregó: “esto es particularmente importante en tiempos en que la confianza pública en la justicia profesional ha caído considerablemente”.
El también Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires y ex diputado nacional recordó que “nuestra Constitución requiere el juicio por jurados en tres oportunidades: en los artículos 24, 75 inciso 12 y 118. Solo en el último se refiere a la justicia penal. En el 24, habla ‘de todos los ramos’, lo que incluye a los juicios civiles”. En contraposición, señaló que “Estados Unidos, en la Séptima Enmienda, establece expresamente que los procesos civiles federales pueden ser por jurados”.
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El juicio por jurados, en rigor, consiste en la intervención de un grupo de ciudadanos que, convocados por medio de un sorteo, escuchan la prueba producida durante el proceso y deciden sobre los hechos del caso. Su función se diferencia de la del juez profesional, que se limita a dirigir el debate y dictar sentencia conforme al veredicto del jurado. Este sistema, considerado un instrumento de participación ciudadana en la administración de justicia, tiene por finalidad reforzar la legitimidad de las decisiones judiciales y acercar el funcionamiento del Poder Judicial a la sociedad.
En ese marco, el intercambio en la Ciudad de Buenos Aires tuvo como eje el análisis del funcionamiento del sistema de jurados civiles y penales, las modalidades de participación ciudadana durante los procesos judiciales y las ventajas y desafíos de su implementación. Los expositores debatieron sobre la estructura institucional necesaria para llevarlo a cabo, la formación de los jurados y las garantías de imparcialidad en los juicios.
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La actividad fue coorganizada por la abogada texana Jennifer Haltom Doan, presidenta de ABOTA, y la excamarista porteña Silvina Manes, titular de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Ambas resaltaron la importancia de la cooperación entre instituciones para promover la transparencia y fortalecer la confianza cívica en la justicia.
Entre los disertantes, por lo demás, participaron distintos magistrados, funcionarios y académicos de ambos países. Estuvo Marcela Ruíz en representación de la Federación Argentina de la Magistratura, y los ministros de las cortes provinciales de Santa Fe, Daniel Erbetta; de Mendoza, José Valerio; y del Chaco, Víctor del Río, quienes compartieron experiencias locales en la implementación de mecanismo en jurados penales y reflexionaron sobre los desafíos que implicaría su extensión al fuero de derecho privado.
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La actividad contó además con la presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quien fue el encargado de cerrar la jornada con una exposición acerca de los principios constitucionales de participación ciudadana en la administración de justicia. Desde el Poder Ejecutivo participaron el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el ministro de esa cartera, Mariano Cúneo Libarona, quienes hablaron de las políticas públicas en curso para fortalecer la modernización de la justicia y fomentar el debate institucional sobre los diversos modelos de jurado.
Entre los invitados internacionales se destacó el exembajador de Estados Unidos en Argentina y exjuez del estado de Texas, Edward Prado, quien relató su experiencia en la aplicación del sistema de jurados civiles en los tribunales federales estadounidenses y evaluó los mecanismos que garantizan la neutralidad de los ciudadanos seleccionados para integrar los paneles.
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La coordinación general del encuentro estuvo a cargo del secretario general del Colegio Público de la Abogacía porteño, Martín Casares, quien al agradecer la participación de los distintos asistentes subrayó la relevancia del diálogo entre ambos países en materia judicial.
El encuentro concluyó con el compromiso de profundizar los intercambios técnicos y académicos sobre la participación de los ciudadanos en los procesos judiciales, así como de promover el debate legislativo respecto al procedimiento abordado.
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