La Corte Suprema deberá definir la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos

El expediente de extradición de Fred Machado, promovido por Estados Unidos, regresó a la Corte Suprema de la Nación, que ahora debe decidir si confirma la procedencia de su envío a ese país, tal como lo sostuvieron tanto la justicia federal de Neuquén como el procurador general Eduardo Casal. El retorno del expediente a la Corte se produjo luego de que el juez federal de esa provincia, Gustavo Villanueva, cumpliera con el requerimiento del alto tribunal de consultar a la justicia de Texas sobre la vigencia de las acusaciones contra Machado.

La respuesta de las autoridades estadounidenses fue clara: reiteraron el pedido de extradición y aseguraron que la situación procesal de Machado no ha variado.

La causa contra Machado se centra en delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Desde el 16 de abril de 2021, permanece detenido tras ser arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén, a solicitud de Estados Unidos. Un día después, el juez Villanueva ordenó su arresto preventivo, y desde entonces Machado cumple prisión domiciliaria en Viedma, a la espera de la resolución sobre su extradición.

La investigación judicial sobre Federico “Fred” Machado ha dado un nuevo giro tras la confirmación de que 200.000 dólares fueron transferidos desde una cuenta vinculada a él a José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza para las próximas elecciones legislativas.

Espert reconoció el ingreso y explicó que correspondía a un trabajo realizado para una minera guatemalteca, la cual, según medios de ese país, pertenece a Machado. A pesar del impacto que generó esta revelación, Javier Milei mantuvo la candidatura de Espert.

Las idas y vueltas del caso

El 12 de abril de 2022, el juez Villanueva, titular del juzgado federal 2 de Neuquén, declaró procedente la extradición de Machado, quien apeló la decisión. Posteriormente, el 4 de abril de 2023, el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor de la extradición, dejando el caso listo para que la Corte Suprema lo resolviera. Sin embargo, el 21 de agosto pasado, la Corte devolvió el expediente al juez de Neuquén, tras un planteo de la defensa de Machado.

La defensa, encabezada por Francisco Oneto —abogado personal del presidente Javier Milei—, había presentado un escrito el 29 de noviembre del año anterior, argumentando que una sentencia favorable a la hija de Debra Mercer-Erwin (socia de Machado, ya condenada en Estados Unidos) podría invalidar las acusaciones de “conspiración” contra el empresario. Ante este planteo, la Corte instruyó al juez Villanueva para que, a través de la Cancillería, solicitara información a la justicia estadounidense sobre el fallo mencionado por Oneto.

Según fuentes judiciales, Villanueva cumplió con la solicitud y recibió la respuesta de Estados Unidos, que insistió en el pedido de extradición y afirmó que no existían cambios en la situación de Machado. Con esta confirmación, el juez de Neuquén remitió nuevamente el expediente a la Corte, que ahora está en condiciones de resolver el caso, según ratificaron fuentes judiciales.

En el marco internacional, el Juzgado de Neuquén informó que en la causa en Estados Unidos fueron condenadas Kayleigh Moffet (mediante acuerdo) y Debara M.L. Erwin (tras juicio).

Durante el proceso, la estrategia de la defensa logró demorar casi un año el avance del trámite de extradición, mediante la presentación de múltiples planteos de nulidad, todos ellos rechazados.

En el procedimiento de extradición, la decisión final recae en el Poder Ejecutivo, conforme a la ley. Si la Justicia declara improcedente el pedido, la Cancillería simplemente comunica la resolución a Estados Unidos. En caso contrario, si la Justicia lo aprueba, la Corte debe remitir el expediente completo a la Cancillería, para que el Poder Ejecutivo resuelva en un plazo de diez días hábiles si concede o no la extradición. La normativa permite al Ejecutivo rechazar el pedido por “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”.