Cuáles fueron los argumentos de Karina Andrade, la jueza que liberó a los 114 detenidos por los incidentes en el Congreso

La jueza penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires Karina Andrade liberó hoy a las 114 personas que fueron detenidas ayer en el Congreso de la Nación en la marcha de los jubilados a la que se sumaron barras de clubes de fútbol y militantes políticos. La magistrada argumentó que las fuerzas de seguridad no aportaron la información necesaria sobre los hechos.

“La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a `los hechos del Congreso de la Nación`. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en `flagrancia`, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle", sostuvo la magistrada en su resolución a la que accedió Infobae.

La decisión generó el enojo del gobierno nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró esta mañana: “Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”.

De hecho, abundan imágenes en donde se puede ver a manifestantes quemar patrulleros, romper contenedores de basura y arrojar piedras contra la Policía. Estiman que el costo por los destrozos en la zona del Congreso asciende a $414 millones.

Karina Andrade asumió como jueza en 2021, en medio de la pandemia. Tiene 42 años, estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires y realizó un posgrado en derecho penal. Antes de llegar a la oficina que ocupa actualmente, pasó por unidades fiscales y secretarías. También fue secretaria en uno de los tribunales federales de Comodoro Py. Es la jueza que está a cargo de una causa por juego clandestino que promociobana varios famosos y quiien absolvió a la ex pareja de Vicky Xipolitakis por violencia de género.

En su fallo de este jueces, la magistrada se quejó porque a medida que recibía información sobre las detenciones “se volvía más imprecisa”. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, relató.

La resolución señala que el delito que más se informó por la policía fue el de atentado y resistencia a la autoridad. Y no hubo detenidos por delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos. Ayer se vieron imágenes de contenedores y un patrullero incendiado.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, tiene otra mirada sobre la cuestión. Esta mañana dijo que más de la mitad de los detenidos ostenta graves antecedentes penales. Aseguró además que cuentan con pruebas y seguirán la causa hasta las últimas consecuencias.

Andrade detalló en su resolución la situación de los detenidos y presuntas irregularidades en los sumarios que entregaron las fuerzas de seguridad, tanto de la ciudad de Buenos Aires como las federales que intervinieron en el Congreso.

Así, la magistrada recordó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011 en el que hizo referencia a las libertades de las personas. “Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo”, explicó la jueza.

La magistrada señaló que no solo fue deficiente la información que aportó la Policía sino que también fue tardía. “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”, explicó.

La resolución también destaca que en el caso “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros” y que esos derechos “no pueden ser ejercidos de manera absoluta, que se encuentran limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”. “No obstante, parece importante destacar que esas leyes que reglamentan el ejercicio de derechos básicos no pueden alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos y volviéndolos una ficción sin sentido práctico”, agregó.

Con la libertad de los detenidos todos serán investigados en una causa penal sobre los hechos ocurridos ayer. La jueza señaló que ordenaba las libertades “sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía”. Eso es la causa judicial que se iniciará ahora.

En esa investigación se podrán tomar medidas de prueba, analizar imágenes y otros elementos sobre lo ocurrido ayer en el Congreso de la Nación para determinar si los detenidos tuvieron algún tipo de responsabilidad. También para dar con las personas que cometieron los incidentes y que no fueron detenidos.