En el marco de la causa “Vialidad”, que juzgó defraudaciones al Estado por medio de decenas de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas, la Cámara Federal de Casación Penal otorgó este lunes un plazo de diez días a las partes del proceso para que se pronuncien sobre la procedencia de la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el expediente.
La medida de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, se produjo luego de la apelación de la expresidenta Cristina Kirchner -y otros ocho imputados- contra el fallo de la misma Sala, que en noviembre pasado confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la Administración Pública en las 51 obras viales que el empresario Lázaro Báez obtuvo entre 2003 y 2015.
El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, impugnó esa resolución y pidió que la Corte Suprema dicte su absolución, tal como planteó en el debate realizado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 (TOF) porteño en diciembre de 2022. En tanto, el fiscal de la Casación Penal, Mario Villar, también pidió elevar las actuaciones para que el Máximo Tribunal condene a la expresidenta a 12 años de cárcel por el delito de asociación ilícita, descartado en las dos instancias anteriores.
Y es que, por mayoría, tanto el TOF como la Cámara de Casación desestimaron la aplicación de la figura de asociación ilícita, pedida entonces por el fiscal federal Diego Luciani en el juicio y por Villar cuando se revisó la sentencia. Por eso, la apelación a la Corte Suprema fue en la misma línea de hipótesis. En el TOF como en Casación dos jueces entendieron que en la causa no se configuraba asociación ilícita y otro que sí.
Además de Cristina Kirchner, Casación confirmó en noviembre pasado las condenas contra Báez (6 años de prisión); el exsecretario de Obras Públicas José López (6 años); el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad José Periotti (6 años); los exfuncionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses). A su vez, resultaron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz, Héctor Garro. También quedó ratificado el embargo de 84 mil millones de pesos.
El representante del Ministerio Público ante el máximo tribunal penal apeló distintas absoluciones, entre ellas la del ex ministro De Vido.
En ese contexto, la Sala IV recibió los recursos extraordinarios federales interpuestos por las defensas de los condenados y el fiscal Villar. El plazo excepcional de 40 días para la presentación de las impugnaciones, concedido por Casación debido a la complejidad del caso, vencía este lunes. Así, tras tener por presentados los planteos, se dispuso el traslado a todas las partes por otro lapso de diez días, a fin de que se pronuncien sobre la admisibilidad o no de la intervención del máximo tribunal.
Dicha resolución fue adoptada en el marco del artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que regula el trámite de los recursos ante la Corte Suprema. De acuerdo a las normas del procedimiento, ahora las partes tendrán la oportunidad para expedirse sobre la cuestión. Recién ahí, Borinsky, Barroetaveña y Hornos quedarán en condiciones para resolver si envían o no el expediente a las manos de los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
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