Ricardo Gil Lavedra habló sobre el fallo “Levinas”: “Ha provocado una enorme conmoción”

En el marco de las repercusiones desatadas tras el fallo “Levinas”, firmado en mayoría por la Corte Suprema, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, envió este viernes una carta a la matrícula porteña en la que reflexionó sobre esa sentencia, emitida en diciembre pasado y que le dio más poder de intervención a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires en causas nacionales.

Al comenzar su escrito, el titular de la entidad porteña consideró que la resolución del Máximo Tribunal, resistida en algunos sectores del Poder Judicial, “ha provocado una enorme conmoción en el ámbito de la justicia nacional y posee una gran trascendencia para el ejercicio de la labor profesional”.

“En ese pronunciamiento -explicó-, la Corte decidió -por mayoría- que las sentencias de las Cámaras Nacionales de Apelaciones debían ser revisadas por el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, que constituía el superior tribunal de la causa a los fines del art. 14 de la ley 48, es decir que ese tribunal, como órgano máximo de la justicia de la ciudad, debía conocer de las cuestiones federales discutidas en el pleito con anterioridad a la intervención final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Para Gil Lavedra, el fallo siguió la jurisprudencia establecida en los casos “Corrales” (2015), “Nisman” (2016), “José Mármol” (2018) y “Bazán” (2019). En esos precedentes, la máxima instancia judicial sostuvo que “la justicia nacional no podía equipararse a la federal y que tenía un carácter meramente transitorio porque debía ser transferida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cumplir con lo ordenado por el art. 129 de la Constitución Nacional”. En “Bazán”, a su vez, determinó que “el Superior Tribunal de la ciudad debía resolver los conflictos de competencia suscitados entre un tribunal nacional y uno local”.

En su carta, el exdiputado radical subrayó que el Colegio Público de la Abogacía porteño adoptó diversas medidas para acompañar a los abogados en el proceso de adaptación al nuevo esquema. “Nos reunimos con miembros del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para coordinar los pasos necesarios para la presentación de recursos en el ámbito local”, informó. Asimismo, indicó que se abrió una “oficina de Defensa del Litigante en el Colegio”, se pusieron “a disposición distintas herramientas de información para explicar los alcances del fallo” y se brindó asistencia sobre “el modo de preparación de los eventuales recursos”.

El fallo “Levinas”, firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, contó en las últimas semanas con reparos, pedidos de suspensión de su aplicación y reticencias por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, el procurador General Eduardo Casal, entre otros referentes.

En ese marco, el presidente del CPACF dio cuenta de que “la sentencia de la Corte ha suscitado fuertes controversias por parte de las Cámaras Nacionales. Se objeta sustancialmente, al igual que en el voto de la minoría -dictado por el ministro Carlos Rosenkrantz-, que un cambio institucional tan importante requiere de una ley y que la Corte no tiene facultades para crear una instancia de revisión local para pronunciamientos dictados por tribunales nacionales".

Además, expresó: “Si bien las decisiones de la Corte solo son obligatorias en la causa en que han sido dictadas, es mayoritaria la doctrina de que deben ser acatadas en otros casos análogos por los tribunales inferiores, salvo que se aporten nuevos argumentos no considerados que permitan apartarse de lo decidido por la Corte. Razones elementales de seguridad jurídica y de respeto al estado de derecho, determinan que la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución Nacional, y que sus decisiones deben ser respetadas, cualquiera sea su acierto".

No obstante, el ex camarista advirtió sobre la incertidumbre que genera la composición del tribunal que emitió la resolución. “La decisión de la Corte fue tomada por una mayoría estricta, tres votos a uno. Pero uno de los jueces que formó esa mayoría no integra más el tribunal, con lo que necesariamente la doctrina debe ser ratificada o no por una nueva mayoría, fruto de una integración definitiva o por conjueces”.

En su análisis sobre el futuro del caso, Gil Lavedra anticipó que “los cuestionamientos al fallo ‘Levinas’ continuarán en el futuro inmediato y que puede haber decisiones judiciales que aumenten la complejidad y conflictividad del tema”. Expresó que comprende “plenamente las preocupaciones y molestias de todos los abogados/as ante la enorme incertidumbre que todo esto acarrea para la labor profesional y para la defensa de los derechos confiados”.

“El riesgo de consentir sentencias por no estar en claro cuál es la instancia de revisión, el tiempo que demandará establecer el curso legal que corresponde, ocasionará sin duda perjuicios enormes para las partes y sus letrados/as”, advirtió.

Por último, Gil Lavedra aseveró que la institución que encabeza “defenderá los derechos de las personas, a la abogacía y a la institucionalidad republicana”. En esa línea, anunció que “reclamaremos a las autoridades políticas y judiciales que se tomen las medidas necesarias para superar este estado de confusión e imprevisibilidad en que se encuentra la cuestión”.

Y subrayó: “haremos lo que esté a nuestro alcance para poder garantizar la protección de los derechos y que la abogacía no encuentre obstáculos para desempeñar su rol fundamental de posibilitar el acceso a la justicia”.