Reunión clave entre Jorge Macri y el Gobierno en la Corte Suprema para poder sellar el conflicto por la coparticipación

La Corte Suprema de Justicia será escenario desde las 11 de una nueva reunión entre los representantes del Gobierno Nacional y los funcionarios de la administración porteña, encabezados por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para intentar acordar el conflicto abierto por los fondos de coparticipación que nació en el gobierno de Alberto Fernández. La cita es en el cuarto piso del Palacio de Tribunales ante el secretario de Juicios Originarios del máximo tribunal Alejandro Rodríguez.

“Vamos con la expectativa de poder llegar a un acuerdo mañana por este tema con Nación”, dijeron a Infobae desde el gobierno porteño. El dato no es menor. Sobre todo porque según confirmaron a este medio fuentes de la Corte Suprema, la decisión del Ejecutivo Nacional de comenzar a depositar desde agosto pasado periódicamente en las arcas de Uspallata implicaba que se estaba dando cumplimiento a la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en diciembre del 2022 y nunca ejecutada por la administración de Alberto Fernández.

El jefe de Gobierno porteño encabezará el encuentro por parte de la Ciudad, junto al procurador local, Martín Ocampo, y el secretario de Hacienda, Gustavo Arengo, entre otros. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, no será de la partida, como la vez pasada, pero avisó a su contraparte. Lo representará el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y los encargados de la secretaria Legal y Administrativo.

Según informó la semana pasada en la causa la cartera de Economía, “en atención a las reuniones mantenidas por las autoridades del Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de agosto de 2024 el Estado Nacional comenzó a realizar transferencias presupuestarias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en concepto de pagos a los fines de completar el 1,55% adicional establecido por la Medida Cautelar” fijada por la Corte. “Dichas transferencias permiten completar la diferencia entre el 1,4% transferido diariamente de manera automática por el Banco de la Nación Argentina con arreglo al coeficiente de coparticipación de impuestos por la ley 23.548 y el 2,95% establecido en la medida Cautelar. El procedimiento consiste en adelantar en cuotas partes semanales automáticas, todos los últimos días hábiles de cada semana, el monto estimado mensual de recursos realizado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación”.

Según se explicó, “el primer viernes del mes siguiente se evaluarán los montos abonados en el mes anterior, entre lo efectivamente transferido semanal y automáticamente; y el valor resultante del diferencial efectivo (1,55%). Esta eventual diferencia -de ser favorable a la CABA- se tomará a cuenta. Concretamente, en el mes de agosto 2024, la estimación inicial del 1,55% había arrojado un número del orden de $85.643.000.000. En función de las estimaciones de recursos, todos los viernes de agosto se transfirió a la CABA $20.000 millones semanales, totalizando un monto mensual de $100.000 millones”. El monto resultante del cálculo del 1,55% por recursos efectivamente transferidos por Coparticipación Federal, para todo el mes de agosto ascendió a $89.560.597.699,16. Y se señaló que “el monto adelantado transferido será ajustado el mes de septiembre”.

“Con el fin de dar continuidad y certeza al efectivo cumplimiento de la sentencia cautelar, conforme procedimiento descripto, el Sr. Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, mediante NO-2024-93655926-APNMEC instruyó a la Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, a mantener el esquema de transferencia de fondos automática descripta, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los viernes de cada mes, en virtud de la Sentencia Cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Nº1865/2020)”, dejo asentado ante el máximo tribunal.

Para CABA, en tanto, “las transferencias efectuadas han continuado siendo por un monto en peso equivalente al 1,40% de la masa de fondos definida en el artículo 2 de la ley 23548 y no el 2,95% dispuesto en la sentencia”.

El conflicto comenzó en septiembre del 2020, cuando el gobierno porteño -encabezado por Horacio Rodríguez Larreta- en septiembre del 2020, cuando el entonces jefe de Gobierno demandó al Estado Nacional de Alberto Fernández por tachar de inconstitucional el decreto 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos.

La Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses. A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.

La Corte Suprema no resolvió el fondo de la cuestión, pero a fines del 2022 los jueces hicieron lugar a una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548. En medio de un juicio político contra los ministros del máximo tribunal, el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió ese fallo y planteó al tribunal una “revocatoria” de su fallo.

Con la nueva administración, Jorge Macri aguardó el cumplimiento del fallo dispuesto pero resolvió ir a la Corte para denunciar que no se estaba cumpliendo el pago. La administración de Caputo activó las transferencias en agosto, mientras que en los planteos hechos por CABA en tribunales hablaban de una “interpretación sesgada” del fallo y reclamaban un goteo diario de dinero. La reunión de mañana busca limar esos conflictos. Sobre todo porque, mientras a la Corte Suprema llegó esta discusión, tanto Nación como CABA acordaron que el gobierno porteño se hiciera cargo de la totalidad de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente en territorio porteño para evitar que el precio del boleto impactara en los usuarios. Estas gestiones también fueron seguidas con atención por los despachos de la Corte Suprema, con vistas a resolver.