El Polo Obrero intenta hacer caer la causa contra los piqueteros por extorsión

El Polo Obrero pidió la nulidad absoluta del allanamiento que la justicia federal hizo este lunes en la sede de su asociación civil -en la calle Monteagudo al 700 de la ciudad de Buenos Aires- porque consideró que se hizo en violación a lo que establece el Código Procesal Penal de la Nación sobre el registro de inmuebles. Se trata de la primera presentación que la entidad hace en la causa tras las imputaciones a 27 personas y los allanamientos en 28 domicilios.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el planteo fue hecho ayer a última hora de la noche por Elizabeth Palma, presidenta de la Asociación Civil Polo Obrero y una de las imputadas en la causa, junto con las abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferrero, ante el juez federal Sebastián Casanello.

Solicitaron que se declare nulo el allanamiento y que por lo tanto todo lo que se secuestró en el lugar no pueda ser utilizado como prueba. Las abogadas, en un escrito de 10 páginas al que accedió este medio, señalaron que el artículo 226 del Código Penal establece que en el caso de “edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular”, previo al allanamiento “deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación”.

“En el allanamiento cuestionado no se cumplió con esta manda. Y ello así puesto que al momento del mismo no había nadie en ese local. El domicilio de la sede de la Asociación Civil Polo Obrero queda contenido en esta disposición y plantea una excepción al principio general de allanamientos, quedando claro que no se trata de un lugar destinado a habitación o residencia particular. Que el inmueble de la sede de la Asociación Civil está denunciado y presentado en el libro de actas y los organismos públicos que así lo requieren”, sostuvieron las abogadas.

Las letradas también señalaron que “no existía ninguna urgencia que permitiera apartarse del artículo en cuestión, pero si así fuere, debió evaluarse cuál es el grado de urgencia que debe tener la medida”. “Las autoridades e integrantes de la Asociación son personas de trayectoria intachable y asimismo personalidades públicas, por lo cual cualquier requerimiento respecto de su actividad no requería el sigilo de la noche ni la ausencia de las autoridades de la asociación para constatar la debida diligencia de la manda judicial”, agregaron.

El Polo también señaló que en la orden de allanamiento se hace referencia a que se trata de una asociación civil pero no se cita el artículo 226. En el pedido de nulidad, la asociación también denunció lo que públicamente había dicho su principal referente, Eduardo Belliboni, quien no está imputado en la causa: que los oficiales de la Policía Federal que hicieron el procedimiento apagaron las cámaras de seguridad del lugar.

“En la sede social, existe un sistema de seguridad con cámaras que fue desconectado por el personal policial. Recuerde V.S. que en el sitio no se encontraba ninguna persona, pero se pudo observar mediante la app el monitoreo de la sede. Si V.S. (NdA: el juez) pudiese observar dichas imágenes, verá que no había ningún testigo que pueda dar cuenta de qué ocurrió. Dejamos sentado que el apagado de las cámaras de vigilancia, con cortes de cables si bien puede ser visto por la app en cuestión no pude ser acompañada en este escrito a V.S. virtud que el DVR fue secuestrado por la PFA”, planteó el Polo Obrero.

El lunes se realizaron 28 procedimientos a domicilios, sedes de organizaciones sociales y comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las tres organizaciones que están siendo investigadas.

En la causa se investiga si dirigentes y militantes sociales extorsionaban a beneficiarios de planes sociales. Concretamente si les pedían plata a cambio de esos planes, si tenían que asistir a marchas para no ser “castigados” con la quita de ese derecho y bolsones de comida que enviaba el gobierno nacional. Algunas de las víctimas apartaron conversaciones de WhatsApp donde constan esas acusaciones.

Tras los allanamientos, la justicia analiza toda la documentación secuestrada, en especial un cuaderno en el que se encontraron inscripciones manuscritas con listados con presencias en manifestaciones y entrega de mercadería a comedores. El juez también ordenó extraer de los celulares secuestrados toda la información que contengan.