Es hora de recalibrar suposiciones falsas y fantasías políticas: los casos de Irán y Venezuela

En mayo, The New York Times informó que el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad habría sido considerado por Estados Unidos e Israel como una posible figura para asumir el poder en caso de que el régimen iraní fuera derrocado.

Ahmadinejad ha mantenido durante años una relación conflictiva con el establishment iraní. Acusó públicamente de corrupción a figuras influyentes del régimen, posteriormente se le prohibió postularse nuevamente a la presidencia, varios de sus colaboradores fueron arrestados y, finalmente, él mismo fue puesto bajo arresto domiciliario.

Su creciente resentimiento hacia el régimen alimentó la posibilidad de que una figura como él —surgida desde dentro del sistema, pero posteriormente marginada por este— pudiera ser utilizada para encabezar un gobierno de transición. Lo que la administración Trump, y posiblemente también Israel, parecían imaginar era una variante del modelo venezolano: colocar a un miembro o exmiembro del régimen en el centro de un intento de transición política como primer paso hacia un cambio de régimen.

Según el periodista israelí Ronen Bergman, Ahmadinejad estaba plenamente al tanto del plan para colocarlo en el poder tras un eventual colapso del régimen iraní.

Fuerzas israelíes habrían bombardeado la residencia de Ahmadinejad, causando la muerte de los guardias encargados de vigilarlo, en un aparente intento de liberarlo del arresto domiciliario. Según esas versiones, Ahmadinejad resultó herido y no ha reaparecido públicamente desde entonces.

Aparentemente, Ahmadinejad terminó apartándose del plan.

Algunos analistas, entre ellos Behnam Ben Taleblu, de la Foundation for Defense of Democracies, han expresado escepticismo respecto al informe, argumentando que Ahmadinejad fue uno de los presidentes más radicales de Irán. Efectivamente, Ahmadinejad era un ferviente antisemita que llamaba abiertamente a la destrucción del Estado de Israel, apoyaba el terrorismo, negaba el Holocausto y promovía activamente el programa nuclear iraní.

Sin embargo, ni Estados Unidos ni Israel desmintieron el informe del New York Times, lo que sugiere que podría haber al menos algún grado de veracidad en él. La pregunta inmediata, entonces, es por qué Ahmadinejad terminó retirándose del supuesto plan.

No existe una respuesta clara, pero es razonable asumir que alguien como Ahmadinejad —un hombre que construyó toda su carrera política dentro de la República Islámica, que representó el ala más radical del régimen con más agresividad que cualquier otro presidente iraní de las últimas tres décadas y que incluso aspiró a alcanzar posiciones aún más altas dentro del sistema— difícilmente podría colaborar plenamente con las mismas potencias a las que dedicó gran parte de su vida política a combatir.

De hecho, Ahmadinejad surgió políticamente del entorno revolucionario que moldeó la República Islámica tras 1979. Estuvo vinculado al movimiento estudiantil involucrado en la toma de la embajada estadounidense en Teherán durante la crisis de los rehenes. Incluso si son correctos los informes que sostienen que él personalmente se opuso a la ocupación de la embajada, la organización estudiantil con la que estaba asociado terminó convirtiéndose en uno de los pilares ideológicos fundamentales del régimen iraní.

Para alguien tan profundamente moldeado por la ideología y la mitología de la Revolución Islámica, colaborar abiertamente con Estados Unidos e Israel en un proyecto de cambio de régimen pudo haber sido, en última instancia, política, psicológica e ideológicamente imposible.

Cualquiera que sea la explicación de por qué Ahmadinejad supuestamente decidió apartarse del plan para contribuir al derrocamiento del régimen iraní, esta no sería la primera vez que Estados Unidos enfrenta dificultades al intentar apoyarse en figuras provenientes del propio aparato estatal durante una estrategia de transición política.

Un caso comparable puede encontrarse en el intento del 30 de abril de 2019 de desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, conocido como “Operación Libertad”. La iniciativa involucró al líder opositor Juan Guaidó y se sustentaba, según diversos informes, en la expectativa de deserciones o cooperación por parte de figuras de alto rango dentro del aparato estatal venezolano.

Entre los nombres mencionados con mayor frecuencia en reportajes y filtraciones figuraban Maikel Moreno, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); y Manuel Cristopher Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

A pesar de las expectativas de que sectores internos del Estado venezolano cambiarían de lealtad, la mayoría de las fuerzas armadas y de las instituciones clave permanecieron finalmente alineadas con Nicolás Maduro, y el intento no logró generar una fractura decisiva dentro del régimen.

Según el entonces asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, figuras clave como Vladimir Padrino López, Maikel Moreno e Iván Hernández Dala optaron, en el momento decisivo, por mantenerse leales a Maduro.

El 30 de abril de 2019, Juan Guaidó —reconocido entonces por Estados Unidos y varios otros gobiernos como presidente interino de Venezuela— apareció cerca de la base aérea La Carlota, en Caracas, acompañado por un pequeño grupo de militares sublevados que habían cambiado de bando bajo las órdenes de Cristopher Figuera.

Desde ese lugar, Juan Guaidó lanzó un llamado público a un levantamiento militar, presentándolo como la “fase final” de la “Operación Libertad”. En un breve mensaje en video, instó a los miembros de las fuerzas armadas a actuar en defensa de la Constitución venezolana y a sumarse a lo que describió como una transición democrática.

Sin embargo, pese a las expectativas de que otras unidades militares se unieran al esfuerzo, no se produjeron deserciones masivas. Al no materializarse los apoyos anticipados, el impulso de la operación se desvaneció rápidamente y Cristopher Figuera terminó apartándose de la escena política y militar.

¿Qué podemos aprender del fallido intento de abril de 2019 de destituir a Nicolás Maduro en Venezuela? Cuando actores externos —como Estados Unidos o, según algunas interpretaciones, Israel y otras potencias aliadas— intentan facilitar un cambio de régimen cultivando aliados dentro de un sistema autoritario, se enfrentan a dos riesgos fundamentales.

El primero es que esos aliados internos terminen engañando deliberadamente a sus interlocutores externos, actuando como agentes dobles que aprovechan el interés extranjero para obtener concesiones, recopilar información sensible o fortalecer su posición dentro del propio régimen.

El segundo riesgo es que, incluso sin existir un engaño deliberado, los potenciales desertores terminen paralizados por el miedo: miedo a que la conspiración fracase, miedo a ser descubiertos y miedo a sufrir represalias severas. En esas circunstancias, individuos que inicialmente parecen dispuestos a romper con el régimen pueden vacilar en el momento decisivo y retirarse, comprometiendo así toda la operación.

Los acontecimientos del 30 de abril de 2019 en Venezuela ilustran claramente esta dinámica. Las expectativas de una rápida cascada de deserciones dentro de la élite gobernante nunca se materializaron, y los principales actores institucionales terminaron manteniendo su lealtad al gobierno de Nicolás Maduro. Como consecuencia, la operación colapsó.

En mi opinión, parte del problema radica en la tensión entre el cinismo y el optimismo que suele caracterizar este tipo de estrategias externas. Por un lado, existe la premisa de que ciertos actores internos pueden traicionar al régimen si reciben suficientes incentivos, garantías o promesas de protección. Pero, por otro, esa misma premisa puede derivar en un optimismo excesivo cuando se aplica a individuos profundamente integrados en estructuras autoritarias, especialmente en regímenes implacables que dependen de la coerción, el clientelismo y la lealtad ideológica para sostenerse.

En estos contextos, suele ser poco realista asumir que personas que ascendieron dentro del sistema, se beneficiaron de él y fueron moldeadas política e ideológicamente por sus estructuras puedan desprenderse de él con facilidad, sobre todo cuando las consecuencias del fracaso pueden ser existenciales.

Para ser claros, el caso asociado con Delcy Rodríguez en Venezuela no debe interpretarse como una historia simple de transición democrática ni como un ejemplo exitoso de reforma política profunda. Si bien se han reportado ciertas medidas limitadas de liberalización económica —especialmente en los sectores petrolero y energético— estos cambios no han alterado de manera fundamental la estructura política del país.

Las instituciones centrales del régimen permanecen intactas, y los patrones de gobernanza autoritaria asociados con las eras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro continúan moldeando la vida política venezolana. Aunque se han anunciado algunas reformas y reestructuraciones administrativas dentro de la élite gobernante, no existe evidencia clara de una transformación sistémica del Estado ni de una ruptura decisiva con las redes de poder tradicionales.

Del mismo modo, aunque se han producido informes sobre liberaciones o intercambios periódicos de detenidos en el contexto de negociaciones políticas y ajustes tácticos del gobierno, persisten preocupaciones significativas sobre la continuidad de la prisión política y las restricciones más amplias a los derechos civiles y políticos.

En términos generales, pese a ciertos ajustes pragmáticos en la política económica y en los mecanismos de gobernanza, la estructura subyacente de control autoritario y continuidad institucional parece haberse mantenido, en gran medida, intacta.

Es difícil imaginar que una figura como Mahmoud Ahmadinejad abandone por completo el marco ideológico dentro del cual construyó su carrera política y se convierta en un agente genuino de transición fuera de la República Islámica. Esta expectativa refleja una combinación de cinismo e ingenuidad.

Un escepticismo similar puede aplicarse a miembros actuales o antiguos del régimen, como Mohammad Bagher Ghalibaf, excomandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y figura de larga trayectoria dentro del establishment. La suposición de que actores de este tipo puedan ser persuadidos para negociar de manera pragmática con Estados Unidos y aceptar concesiones significativas —como el desmantelamiento del programa nuclear iraní— tiende a subestimar la profundidad del compromiso institucional y la socialización ideológica que caracteriza al régimen.

Desde esta perspectiva es necesario adoptar una evaluación más realista de las posibilidades de transformación de los regímenes autoritarios altamente cohesionados, especialmente aquellos con estructuras de poder consolidadas y mecanismos efectivos de control interno.

Quizás la opción militar necesite ser reconsiderada. Si tal posibilidad resulta ser una carga demasiado grande para los EEUU, a Israel se le debería dar luz verde para hacerlo solo.