El ministerio de Pettovello quiere ser querellante en la causa contra los piqueteros acusados de extorsión

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se presentó este jueves ante el juez federal Sebastián Casanello para pedir ser querellante en la causa que investiga a un grupo de piqueteros por extorsión, coacción agravada y defraudación contra beneficiarios sociales, según pudo saber Infobae. La presentación se hizo luego de que le rechazara a Patricia Bullrich ese rol en el expediente.

“Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimados para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal (planes sociales) e incluso por el carácter de co-denunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis”, afirmó el documento al que accedió Infobae. Aseguró que busca asumir el rol de querellante para “coadyudar con la investigación”.

Los argumentos serán analizados ahora por Casanello a la hora de resolver si la cartera es parte de la causa, para impulsarla como acusadores privados, más allá del rol del fiscal Gerardo Pollicita. Pero si la jugada tiene éxito, el gobierno de Javier Milei estará poniendo un pie adentro de la investigación. Mientras tanto, las defensas de los acusados reclaman que caiga toda la causa en base a planteos de nulidad.

Ayer, Casanello rechazó que Bullrich fuera querellante, quien solicitaba ese papel por haber recibido los reportes en el teléfono 134 que generaron la denuncia. “Es el Ministerio Público Fiscal de la Nación -representado en este caso por el fiscal Pollicita-, por norma constitucional y legal, el órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad y el que, en especial, ejerce la acción penal pública en todos los delitos federales y en aquellos delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, advirtió el magistrado en el fallo. Y añadió que el Ministerio de Seguridad “no es parte: es, por ley y diseño institucional, el brazo ejecutor de las órdenes de los jueces y fiscales”.

Pero el Ministerio de Capital Humano se agarró de los términos de esa resolución para buscar ser aceptado y señaló que no hacer lugar al pedido sería “contradictorio” y un gravamen para el Estado Nacional Habrá que ver si el juez considera un damnificado particular a la cartera que conduce Pettovello.

La causa irrumpió en escena el lunes pasado con una treintena de allanamientos. Para el fiscal Pollicita, “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.

Se trata de personas en situación de alta vulnerabilidad social, y dicha exigencia se hacía bajo diversos conceptos como “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”. O para cobrarles por la entrega de alimento, pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional, u obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional, quedándose los acusados con la ganancia, y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales”. Eso sucedía, sostuvo el fiscal, “bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería.”

Las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal señalaron un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones” —al comienzo y al final—, la confección de “listas de castigados” —que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tareas—, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etc.—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos —por plazos determinado.

Las organizaciones sociales rechazaron las acusaciones. A Jeremías Cantero, uno de los referentes del Polo Obrero y quien coordinaba el funcionamiento de varios comedores, se lo señaló como quien extorsionaba a las víctimas. “Acá se habla de una estructura piramidal, yo formo parte de la mesa que fue votado en un congreso en diciembre -sostuvo Cantero en diálogo con IP Noticias-. Cualquier organización necesita recursos para funcionar y lo aportan sus integrantes. Acá sucede lo mismo. Se realiza un esfuerzo enorme para poder hacer que los comedores funcionen. El 2 por ciento es un aporte voluntario. No inventamos nada (...) Acá se está queriendo manipular la información”.

“Puede haber algún corrupto. Si hay en nuestra organización se lo separa”, afirmó y añadió que el dinero que se llevaron de su casa en los allanamientos “son ahorros”.