La Comisión para la Reforma del Código Penal, creada y ampliada por el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, realizó su primera reunión este lunes en los tribunales de Comodoro Py 2002. Este encuentro marca el inicio formal de los trabajos de esta importante comisión.
El órgano está integrado por figuras del ámbito jurídico, incluyendo al propio titular de la cartera judicial; el juez Mariano Hernán Borinsky; la jueza María Eugenia Capuchetti; el juez Ricardo Ángel Basílico; el juez Julio Báez y los juristas Jorge Eduardo Buompadre, Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
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La reunión se llevó a cabo en modalidad presencial y remota vía Zoom, permitiendo así una amplia participación y colaboración entre sus miembros. La comisión designó a Jorge Eduardo Buompadre como presidente, Mariano Hernán Borinsky como vicepresidente primero, María Eugenia Capuchetti como vicepresidenta segunda y Valeria Onetto como coordinadora.
Durante este primer encuentro, sus integrantes desplegaron una intensa labor que permitió dividir y distribuir entre ellos todos los temas de la Parte General del Código Penal para ser tratados en la próxima reunión a celebrar el día 20 de mayo de 2024 a las 17:30 horas. Además, designaron asesores que trabajarán ad honorem y fijaron diversos criterios tendientes a maximizar su eficacia.
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El objetivo principal de la comisión es la elaboración de un nuevo anteproyecto de Código Penal en el menor tiempo posible, con el compromiso de modernizar y mejorar el marco legal vigente. Este primer paso es fundamental para avanzar hacia una reforma integral del Código Penal, respondiendo a las necesidades actuales de la sociedad y garantizando un sistema de justicia más eficiente y equitativo, informaron los voceros.
La nueva comisión fue creada a principio de marzo por una resolución del Ministerio de Justicia que estableció el Código Penal “ha sido objeto de múltiples reformas, las que importaron la introducción de modificaciones tanto en su Parte General como en su Parte Especial, afectando seriamente a lo largo del tiempo su coherencia interna original”.
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Además, señaló que “se han promulgado diversas leyes que incorporaron tipos penales sin integrarse al Código Penal de la Nación, lo que ha resentido la sistematicidad del régimen punitivo, e implica en la práctica apartarse del criterio de codificación unificada en materia penal, tal como lo determina el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución Nacional”. La Resolución recuerda los intentos de reforma del Código que se impulsaron a través de la conformación de comisiones en 2004, 2012 y 2017, pero que nunca se alcanzó el objetivo.
La comisión deberá tener en consideración, “por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro, los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada”.
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“Que de igual manera, resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, y de lavado de dinero y ciberdelito”, se añadió en la resolución.
“Que, en definitiva, los antecedentes históricos y las circunstancias de actualidad referidas, han llevado en los últimos años a la conformación de un criterio generalizado y prácticamente unánime, en orden a la necesidad de una reformulación integral y totalizadora de la legislación penal”, se completó.
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