El juez federal Federico Villena ordenó en las últimas horas el decomiso definitivo del avión iraní de Emtrasur, retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio de 2022. El trámite estuvo demorado por el Ministerio de Justicia durante la gestión de Martín Soria y Juan Martín Mena y recién se activó en los últimos días con el cambio de gobierno.
El decomiso había sido pedido por la Justicia y el Gobierno de Estados Unidos en base a la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní Mahan Air a Emtrasur.
“La aerolínea iraní Mahan Air, también conocida como Mahan Airlines y Mahan Airways (Mahan Air), hizo una transferencia del Boeing a la aerolínea venezolana Empresa de Transporte Aérocargo del Sur, S. A. (EMTRASUR) y, después, EMTRASUR reexportó el Boeing a destinos que incluyen Irán y Rusia, todo ello en violación de la ley estadounidense, específicamente la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones (en adelante ECRA, por sus siglas en inglés) de 2018, sección 4801 y siguientes del título 50 del Código de los Estados Unidos”, decía el pedido de colaboración que llegó a la Argentina a mediados del año pasado.
Otro argumento expuesto por la justicia estadounidense es una Orden de Denegación Temporal (TDO) emitida por el Departamento de Comercio de ese país por la que se denegaban los privilegios de exportación de Mahan Air. “La TDO prohibía ampliamente a Mahan Air y/o a otras personas o empresas que actuaran para o en nombre de Mahan Air, directa o indirectamente, participar en cualquier transacción de exportación o comprar o vender cualquier artículo exportado o que fuera a ser exportado desde Estados Unidos y que estuviera sujeto a las EAR, como las aeronaves fabricadas en Estados Unidos”, detalla el pedido de colaboración.
Esa TDO es de 2018 pero se renovó varias veces. La última renovación fue el 13 de mayo de 2022.
La semana pasada, la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, avaló el decomiso del avión iraní-venezolano, lo que le permitiría su traslado definitivo a Estados Unidos. “Resulta importante subrayar que nos encontramos frente a un proceso de cooperación internacional, en el que no caben planteos respecto del fondo de la cuestión, los cuales deben formularse ante la autoridad judicial competente en el país requirente”, sostuvo.
Tras ese dictamen, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado que fue replicado en las cuentas de la red social X (ex Twitter) de la embajada de Venezuela en Argentina, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y del canciller Yvan Gil. Allí sostiene que Venezuela “rechaza de manera categórica” el dictamen de la Fiscalía de decomisar de la aeronave que señala está “ilegalmente retenida”.
“La Justicia argentina pretende desconocer el contenido del artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional que establece la prohibición o paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes, y que luego de probarse en un juicio, lleno de arbitrariedades en incumplimiento del propio ordenamiento jurídico interno, que la tripulación, la aeronave y la carga, cumplieron todas y cada una de las normas internacionales para la navegación aérea y del ordenamiento jurídico argentino”, sostuvo el gobierno de Nicolás Maduro.
En respuesta, la Procuración General señaló que Venezuela “pretende descalificar a la titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, doctora Cecilia Patricia Incardona, y al titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de este Procuración General, doctor Diego Solernó, por la sola circunstancia del estricto cumplimiento a sus funciones en el marco de un proceso donde les toca intervenir por imperio legal”.
Las solicitudes del decomiso estaban demoradas en el Ministerio de Justicia de la Nación y recién fueron enviadas al juez y a la fiscal la semana pasada en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito entre Argentina y Estados Unidos de acuerdo con la ley 24.034.
El fallo de Villena ya fue apelado por el estudio de Maximiliano Rusconi, que representa a la empresa Emtrasur, y luego de la feria deberá ser evaluado por la Cámara Federal de La Plata.
El Boeing 747 había llegado a Buenos Aires el 6 de junio de 2022 y, dos días más tarde, tenía previsto ir a Montevideo, pero Uruguay le denegó acceso a su espacio aéreo, por lo que debió regresar al aeropuerto de Ezeiza, donde fue incautado luego de quedar varado por falta de combustible. La justicia federal de Lomas de Zamora abrió una investigación para saber si el avión fue utilizado para realizar actividades sospechosas.
Había 12 ocupantes. Cinco quedaron en la mira: el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta. Los ocupantes del avión decían que se trataba de un viaje de instrucción de vuelo. Después de haber sido demorados, se les dictó la falta de mérito.
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