La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), la entidad que nuclea a los fiscales federales y nacionales de todo el país, cuestionó la propuesta del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, de avanzar en la implementación del sistema acusatorio sin nuevos recursos y financiamiento.
“Resulta riesgoso para la legitimación del mecanismo y de sus operadores, que el traspaso integral del sistema penal mixto a un acusatorio y oral se haga con los recursos y herramientas existentes”, expresó la entidad a través de un comunicado firmado por su presidente, Ricardo Toranzos, y los integrantes del consejo directivo.
El escrito también detalló que “el nuevo mecanismo no sólo requiere cambios estructurales en el Ministerio Público Fiscal, sino que además es esencial, rediseñar la gestión profesional de los jueces, quienes adoptan un rol totalmente diferente en lo referente a la gestión de las investigaciones; incorporar la oficina judicial; la construcción y equipamiento de las salas para los juzgados de garantías, de revisión, de juicio oral y de ejecución de penas y la inversión en recursos tecnológicos para su operación”
La AFFUN agregó que “la exteriorización de la preocupación señalada, en modo alguno, pretende interferir en la función gubernativa del Estado, ni mucho menos opinar sobre quién debe ser el magistrado que lleve adelante la implementación o la evaluación de las necesidades del sistema acusatorio, por el contrario, como asociación, pretendemos ponernos a disposición de las autoridades políticas y judiciales, para colaborar y acompañar cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un mejoramiento de la función judicial, y en particular de la tarea de los fiscales”.
El ministro Cúneo Libarona afirmó, en una entrevista con el diario La Nación, que uno de los objetivos de su gestión es avanzar en la implementación en todo el país del sistema acusatorio federal que hoy se aplica en las provincias de Salta y Jujuy. Se trata del sistema por el cual las investigaciones están a cargo de los fiscales, donde los jueces actúan como magistrados de garantías y en el que se establecen audiencias públicas para resolver los planteos y en el que también hay plazos para resolver las investigaciones.
Cúneo planteó realizar la implementación de manera “urgente” y “con los medios que tenemos, sin esperar tener la plata; hay que hacerlo ya y con fuerza, y los jueces y fiscales tienen la suficiente capacidad para hacerlo”. Y agregó: “Si yo me detengo no sale nada; lo hacemos con los cargos y edificios que hay; vamos a hacerlo ya, porque sino, no sale”.
Pero desde la AFFUN advirtieron sobre “una adecuada estrategia de transición y de previsión de recursos”. “Consecuentemente, la transformación de las incumbencias, implica un incremento considerable de las tareas del Ministerio Público Fiscal, que requiere una reformulación organizativa, con la multiplicación por tres de la dotación de los fiscales existentes, mayores recursos humanos, edilicios y técnicos compatibles con las nuevas funciones”, manifestó la entidad.
Y agregó que “en ese contexto, la AFFUN ha reconocido la importante labor desarrollada por la Procuración General de la Nación, para realizar transformaciones culturales y de organización que posibilitaron, junto a otros organismos estatales, concretar el desarrollo del acusatorio, en materia federal, en las provincias de Salta y Jujuy, y la capacitación de los futuros actores del sistema en el resto del país”.
Sobre el caso de esas dos provincias, la entidad explicó que “para la instalación del adversarial en aquella región fue esencial el impulso adicional manifestado por los protagonistas del sistema, y en especial de los integrantes de las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy y las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal (fiscales, auxiliares fiscales, secretarios, funcionarios y sus colaboradores) para obtener trascendentes índices de efectividad, que muestran, entre otros parámetros, que se duplicaron las respuestas y las definiciones de las causas abiertas y la disminución, en más de la mitad, del tiempo de trámite de los procesos, en comparación con el resto de las jurisdicciones”.
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