
El juez federal Ariel Lijo procesó con prisión preventiva a F.C., un joven de 18 años, por el delito de amenazas y de intimidación pública, porque se lo halló responsable de haber enviado los mensajes que advertían sobre el estallido de bombas en las embajadas de Israel y Estados Unidos en octubre pasado.
El 17 de octubre a las 22.17 cinco casillas de correo recibieron el siguiente mail: “BOMBA EM EMBAJADA JUDIOS PUTOS. VAM0S A MATAR A TODOS L0S JUDI0S PUTOSSSSSSSSSSSS YYY A LOS GRINGOS...VAM0S A DEJAR BOMBAAS EM EMBAJADA ESTAD0S UNIDOS Y ISRAEL EM ARGENTIN4- BUENOS AIRES 21 - Ezzedeen AL-Qassam Brigades”. Ese mensaje- que tenía imágenes adjuntas del Grupo terrorista Hamas- llegó a cinco casillas de correo diferentes dentro de las embajadas de Israel y Estados Unidos. Aquellas amenazas tomaron sentido porque fueron realizadas diez días después del sangriento ataque terrorista que realizó Hamas en Israel. Aquellos mensajes derivaron en la evacuación de ambas embajadas por protocolo de seguridad.
El caso quedó el en juzgado 12- que subroga Lijo- por conexidad con otro caso similar que había comenzado a investigarse en agosto pasado. Es que el mail desde el que habían llegado las amenazas a las embajadas de Israel y Estados Unidos, era similar a uno usado para enviar mensajes amenazantes a otras legaciones diplomáticas.
En la causa que tenía Lijo desde septiembre se investigaba al autor de varios mensajes.
El 29 de agosto pasado había llegado a una oficina de la embajada de Estados Unidos relacionada con el sistema de visado, un correo con la frase “Bomba killlllllllllllllllllllllllllllllllllll -Av. Colombia 4300″ junto con un archivo adjunto denominado “bomba.jpg” que contenía la imagen de un explosivo. Dos días más tarde, se recibió otro mail desde la misma casilla que decía: “BOMBAAAAAAAAA” y tenía como adjunto una foto del embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, que tenía tachaduras en su rostro.

El 1 de septiembre de 2023 fue la embajada de Canadá en Argentina la que recibió un mail muy parecido y desde la misma casilla. En ese caso el correo decía: “Lee Pvse Un4 boMB444 Enn Tagle 2828 (C1425EEH), Ciudad Autónoma de Buenos Aires BOMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”, “c0gErEE y m4taree4 4 t0d0zzz”.
También la embajada de Irán en Argentina recibió un mail de características parecidas y desde el mismo remitente: “Lee Pvse Un4 boMB444 Enn SV EMB4jad4……..Mverte” “Av. Figueroa Alcorta 3329″, rezaba el texto de aquel correo.
En tanto, la embajada de Emiratos Árabes Unidos recibió un mail similar y siempre desde la misma casilla desde donde se habían enviado los anteriores: “MvErtE A L0S p4GANOS. Lee Pvse Un4 boMB444 Enn Mariscal Antonio José Sucre 3825″. En aquel correo electrónico había dos imágenes: una correspondiente a un artefacto explosivo y la restante, una foto donde se observaba al canciller argentino Santiago Cafiero y a la ministra de Estado para la Cooperación Internacional del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos Reem Al Hashimy con su rostro con tachaduras.
Aquel 1 de septiembre llegó un correo parecido a la casilla de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina. Ese mensaje decía: “Lee Pvse Un4 boMB444 Enn v. Eduardo Madero 1150 / Della Paolera 261 - piso 15 Bombaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.
Todos los mensajes del 1 de septiembre fueron enviados entre las 12.30 y las 13. Fue una seguidilla de amenazas.
En la primera causa se había determinado el IP desde donde se habían creado los correos. Fue así que luego de las amenazas recibidas en las embajadas de Israel y Estados Unidos -que tenían un remitente muy parecido- el juez Lijo ordenó la detención de F.C. y la realización de un allanamiento en el domicilio.
El joven vive de Don Torcuato, es empleado en un taller mecánico de San Isidro, estudia en una escuela técnica del barrio y vive junto a su familia. Su padre declaró como testigo relató que a su hijo le crearon una cuenta melliza de Facebook y también otro muy raro sobre el posible uso de la red de wifi de su casa por parte de gente del barrio donde viven.

En su indagatoria F.C. había dicho que: “...Puede ser que alguien de la esquina me esté utilizando el IP. Porque se pasa por QR. Cuando amigos míos vienen a casa se conectan todos al mismo IP. Yo quiero pensar que no son mis amigos quienes me pusieron en esta situación. Tenemos WIFI de la empresa Claro desde hace 2 o 3 años. … El servicio está a nombre de mi papá. Aclaro que tengo un primo que los días que no tiene colegio se queda a dormir en mi casa porque le queda cómodo para trabajar al otro día. En mi casa somos de compartir la clave de Wifi, es una práctica común. Cuando vienen amigos a casa yo tiendo a pasar el QR para que se conecten. La última vez que recuerdo haber pasado el QR para el Wifi es en febrero o marzo. En esa oportunidad se lo pasé a una sola persona, a un amigo mío. Luego, recuerdo que cuando celebré un cumpleaños no pasé el QR pero sí sé que se lo pasaron entre las distintas personas invitadas”. También había dicho que le “hackearon” su cuenta de Facebook e hicieron una réplica desde donde le mandaron mensajes burlones a una vecina que había perdido a su padre. Fue entonces que puso en su cuenta de Facebook que lo habían hackeado. La vecina declaró en la causa y dijo no creer la versión del hackeo.
En la investigación que llevó a dar con la persona que había enviado los mails participaron efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) y el área de Cibercrimen de la Policía Federal. Y también la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que encabeza Horacio Azzolin.
En el procesamiento dictado ayer- al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales- Lijo dio por tierra con los argumentos de defensa de F.C. El juez procesó a F.C. por dos casos de amenazas anónimas: las dirigidas al embajador Stanley y a la ministra de estado para la Cooperación Internacional del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy. En el caso de los otros correos electrónicos enviados por F.C. el juez lo procesó por el delito de intimidación pública. Le impuso un embargo de $ 2.000.000.
Como el procesamiento fue dictado con prisión preventiva, F.C. cumplirá sus 19 años (el próximo 10 de noviembre- detenido.
Últimas Noticias
Le habían otorgado $45 millones por lesionarse durante una evacuación del tren Sarmiento, pero la Cámara revocó el fallo y la hizo pagar los gastos
Una pasajera demandó a la empresa ferroviaria al sostener que se fracturó al saltar del vagón a las vías durante una evacuación. Aunque en primera instancia le habían dado la razón, la Cámara Civil dejó sin efecto esa sentencia, rechazó la demanda y le impuso las costas

Una jubilada cayó en una vereda con baldosas rotas por las raíces de un árbol: la Justicia definió quién deberá indemnizarla
La Cámara Civil confirmó el fallo a favor de una mujer que se accidentó en el límite entre Caballito y Parque Chacabuco. La demanda fue dirigida contra el Gobierno porteño y la propietaria frentista, pero la Justicia responsabilizó únicamente a uno de ellos

Dijo que le “estalló” la vesícula y denunció mala praxis en la guardia del hospital: 25 años después, la Justicia rechazó la demanda
La mujer demandó al municipio al sostener que debió ser operada de urgencia. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones concluyó, a partir de análisis clínicos y estudios anatomopatológicos, que la conducta médica fue adecuada

El Senado echó a otro empleado desleal: lo investigan en Comodoro Py por suplantar la identidad de un senador para pedir favores
Se hacía pasar por Marcelo Fuentes y llamaba a otros senadores o jefes de despacho para obtener beneficios. El fiscal Gerardo Pollicita les está tomando declaración testimonial a los legisladores involucrados. Infobae ya había revelado otro caso de un trabajador de la Cámara alta exonerado por corrupción

Hotesur-Los Sauces: convocaron a una audiencia clave para organizar el juicio contra Cristina Kirchner
El Tribunal Oral Federal 5 citó a las partes para el 4 de septiembre. La definición de la fecha de inicio del debate depende, entre otros puntos, de una pericia contable sobre contratos hoteleros y alquileres vinculados a las empresas investigadas



