Un nuevo procesado en las maniobras que encabezó el financista Clarens para lavar dinero de la obra pública durante el kirchnerismo

El financista Ernesto Clarens, quien declaró como “arrepentido” en la causa de los cuadernos, ya tiene en marcha, aún sin fecha, un juicio oral por haber lavado más de $500 millones derivados de la obra pública, un caso por el que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión. Junto a Clarens, fueron procesados financistas, contadores y comerciantes por la maniobra que salpica a las firmas Austral Construcciones y Gotti SA, ligadas a Lázaro Báez, y de Invernes SA. Ahora, un nuevo acusado se sumó a la lista.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, se trata de Oscar Alberto Chelli, quien quedó procesado por el juez federal Julián Ercolini como partícipe necesario del delito de lavado de activos y se le dictó un embargo por 50 millones de pesos. Así lo solicitó el fiscal Gerardo Pollicita, quien además pidió sobreseimiento de Fabiana del Valle Gotti, María Lidia Cestnik, Carlos Adrián Calvo López y Félix Roberto Diperna. El juez Ercolini hizo lugar al pedido. La defensa apeló la resolución.

Se trata de un grupo de personas que habían quedado con falta de mérito en el tramo principal, a la espera de profundizar las pruebas en su contra. Chelli quedó en ese marco procesado. Si la Cámara Federal confirma esta decisión, el nuevo procesado quedará a las puertas de sumarse al juicio oral que ya prepara el Tribunal Oral Federal 2, el mismo que juzgó a Cristina Kirchner, José López y Lázaro Báez en diciembre pasado.

Vale recordar que Clarens es uno de los “arrepentidos” clave en la causa de los cuadernos. “Clarens es uno de los se presentó como el financista de los Kirchner y dio instrucciones muy precisas. ‘Si quieren trabajar, van a tener que pagar’; ‘acá se es amigo o se es enemigo, no hay estados neutros, me van a tener que pagar a mí’”, contó el recientemente fallecido empresario Juan Chediack. “Entendí claramente que lo que planteaban era un sistema en el que todos tenían que pagar, podían trabajar todos, pero todos tenían que pagar. (...) Repartió tarjetas y dijo ‘ustedes me llaman y me traen la plata acá’”.

En su declaración como arrepentido, Clarens se desligó de la selección de empresas que “ganaban” las licitaciones que realizaba el Ministerio de Planificación. Y reveló que era la propia Cristina Kirchner quien instruía a qué empresas debía pagarle primero Vialidad. Lázaro Báez fue el único contratista que logró cobrar todo lo que le debían antes del 10 de diciembre de 2015

Aquí, la causa investiga cómo se habría canalizado parte del dinero de la empresa Austral Construcciones S.A. hacia la empresa Gotti S.A. Para eso se firmó el 30/10/06 un convenio entre ambas en la que Gotti S.A. se comprometía a darle servicios para las obras públicas que le eran adjudicadas a Austral Construcciones S.A. De ese modo, se efectuó durante el transcurso de los años 2005 a 2009 la transferencia por parte de Austral Construcciones S.A. a Gotti S.A. de por lo menos $790.256.010″.

Gotti SA tenía delegada la gestión de sus cobros y pagos en la empresa Invernes S.A. que se dedicaba a servicios de financiación y actividades financieras. Invernest era la financiera de Clarens. “El mecanismo continuó paralelamente con la salida contable de los fondos fraudulentos en poder del grupo económico, mediante la generación de costos y/o gastos para las obras públicas adjudicadas a Austral Construcciones S.A., cuyas prestaciones en base a las irregularidades advertidas, no podrían haberse llevado a cabo”.

Según la fiscalía, “esta maniobra finalizaba con el canje o la venta a diversas personas -humanas y jurídicas- de dichos cartulares como contraprestación a los servicios facturados y, posteriormente, su conversión en efectivo imposibilitando la trazabilidad de los fondos defraudados al Estado Nacional. En esta última etapa intervino la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Coficred Limitada -denominada hasta agosto del año 2006 Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Invercred Limitada-”.

Según la causa que se analiza en instrucción, “se encuentra acreditado que Oscar Alberto Chelli habría intervenido en la aplicación en el mercado de una gran parte de las ganancias ilícitas obtenidas como consecuencia de la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del conglomerado liderado por Lázaro Antonio Báez”.

En esa hipótesis, Chelli “habría participado en un complejo mecanismo de reciclaje de activos que funcionó entre al menos desde el 1/1 /05 hasta el 29/12/09 fundado en diferentes operaciones comerciales y financieras inexistentes vinculadas, originalmente, con costos ficticios en obras públicas, que permitieron otorgarle apariencia de licitud y distanciar de su origen a una porción de las sumas sustraídas de manera fraudulenta al Estado nacional; y concluyó finalmente con su conversión en efectivo y la obstrucción de su trazabilidad”.

Precisamente, Chelli habría intervenido como responsable de las empresas Cerámica Benavídez S.A. y Benavídez Materiales S.A., a través de las cuales se emitió facturación apócrifa por $140.250.633,69 que posibilitó que los multimillonarios fondos ilícitos adquirieran apariencia ícita por su canalización desde Austral Construcciones S.A. hacia Gotti S.A. y, luego fueran, convertidos a efectivo bajo apariencia de canje de cheques de pago diferido. Según esa hipotesis, en su rol facilitó así la salida contable de los fondos hacia afuera del grupo Báez y su conversión a dinero en efectivo.

En indagatoria, Chelli negó los cargos: sostuvo que nunca tuvo vinculación con la empresa Benavídez Materiales S.A. y que, menos aún, había sido su apoderado o que habría endosado cheques relacionados con la empresa. Dijo que esa no era su firma y pidió una pericia caligráfica. También dijo que gran cantidad de los cheques de la empresa Cerámica Benavídez S.A. tenían endosos falsamente atribuidos a él. Entonces se le dictó la falta de mérito junto a otro grupo de personas a la espera de clarificar la situación. Pero las medidas de prueba se profundizaron y ahora se dictó su procesamiento. Ahora, con la apelación de la defensa, la revisión quedó en manos de la Sala I de la Cámara Federal.