Los abogados de Julio Rigau pidieron esta mañana que se suspenda de manera urgente la pericia del celular secuestrado al puntero del PJ cuando retiraba dinero de los cajeros del Banco Provincia con 48 tarjetas de débito. Es el tercer planteo similar en menos de una semana. La defensa de “Chocolate” argumenta que el secuestro del celular “no estuvo convalidado por el juez de garantías”, que ahora tiene la última palabra.
“Devendría en un escándalo jurídico realizar una pericia sobre un objeto cuyo secuestro no fue ratificado por el Sr. Juez, a lo que agregamos que el acta que dispuso ese secuestro, está declarada NULA por la Excma. Cámara. El absurdo resulta evidente y flagrante”, dice el escrito firmado por los tres abogados del puntero del PJ.
La semana pasada, cuando reabrió la investigación, la fiscal Betina Lacki pidió que se avance con el peritaje del teléfono celular marca Samsung, modelo SM-G532M, de color gris, y dispuso que esa medida se concrete este miércoles 11 de octubre. Concretamente, solicitó que se realice “un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés” para la causa.
A partir de ese momento, los abogados de Rigau presentaron al menos tres planteos para intentar frenar la pericia, que tiene en vilo a toda la política bonaerense. “Es importante recordarle al Sr. Juez Garante que existen de todas formas dos planteos vinculados al mismo objeto pendientes de resolución, por tanto, la apertura en estos términos sería NULA”, dijeron los defensores en el último escrito.
Según pudo saber Infobae, la fiscal Lacki está preparando un dictamen para contestar los planteos de la defensa y luego definirá el juez de La Plata Guillermo Atencio. Ese mismo magistrado rechazó este lunes un planteo de los abogados de Rigau contra la resolución que había aceptado a Poder Ciudadano como querellante en la causa.
Lacki retomó la investigación luego de la apelación que hizo el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que había anulado el caso. La fiscal consideró que el recurso suspende los efectos de esa escandalosa resolución, por lo que causa puede seguir su curso hasta que resuelva la Cámara de Casación.
Esa disputa de fondo quedó en manos de la Sala II de Casación, integrada por los jueces Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño.
Además de la pericia, la fiscal también ordenó que sigan declarando los dueños de las 48 tarjetas de débito que tenía el puntero del PJ. Cuando se frenó la causa, ya habían declarado 16 de esas personas. Las testimoniales se retomarán el 18 de este mes y hay audiencias previstas hasta el 13 de noviembre.
Otras de las pruebas apunta a determinar cómo funcionaba la maniobra para inscribir supuestos empleados dentro de la Cámara de Diputados bonaerense. Lacki solicitó una copia de los contratos de las 48 personas involucradas. Pero la lista no se termina ahí. También mandó un listado de otras 25 personas que aparecieron en documentos secuestrados en la casa del puntero del PJ.
Concretamente, los nombres aparecen en un cuaderno donde Rigau hacía anotaciones de todo tipo y en declaraciones juradas de domicilio, utilizadas para activar contrataciones en la Cámara de Diputados bonaerense.
La Cámara baja, a cargo de Federico Otermín, un delfín de Martín Insaurralde, ya le mandó a la fiscal los legajos de los 48 dueños de las tarjetas (en realidad eran 49 tarjetas pero uno de los dueños, Cristian Rigau, tenía una del Banco Provincia y otra del Banco Macro). Esos documentos revelan, en principio, que la mayoría ingresó para trabajar en el bloque del Frente de Todos. Las denominaciones van cambiando de acuerdo a la fechas de ingreso: PJ, Frente para la Victoria y Frente Renovador. Pero hay algunos de los implicados que también integraron o integran el bloque de Cambiemos, al menos según los registros.
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