El día que Federico Delgado advirtió: “La corrupción mata”

Federico Delgado, el fiscal federal que murió esta mañana a los 54 años, había intervenido en el caso de la Tragedia de Once. En su paso por la causa que terminó con la condena de exfuncionarios y empresarios por la desidia con la que se manejó el sistema ferroviario durante el kirchnerismo, Delgado había hecho una radiografía de cómo funcionó aquella estructura que fue llevada a juicio no solo en el caso de la Tragedia de Once.

Delgado tuvo la misión de acusar a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, y a Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte entre 2003 y 2009, por otro caso de corrupción vinculado a los ferrocarriles. En marzo de 2017, Delgado firmó la elevación a juicio del caso por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En aquel escrito, Delgado usó dos frases que sintetizaron la época: “La corrupción mata” y “El Estado fue víctima de un saqueo”.

En la causa se investigó una millonaria compra de trenes en desuso que vendieron España y Portugal y que no pudieron ser usados en Argentina. Es más, hay vagones abandonados en playones ferroviarios desde que llegaron al país, allá por la primera mitad de la década del 2000.

En el caso de la compra de trenes chatarra a España y Portugal, además de haber sido acusados De Vido y Jaime, fue imputado Manuel Vázquez, testaferro del exsecretario de Transporte, porque su “empresa” CAESA, cobró coimas que pagó el Estado argentino.

Hace unos siete años, cuando le tocó acusar en el caso de los trenes chatarra, Delgado había dicho que:

*”La historia que vamos a narrar es la historia de un grupo de personas que a caballo de la necesidad de refundar el servicio de trenes tomó por asalto el presupuesto estatal. Esa decisión de tomar por asalto tuvo múltiples consecuencias. Una de ellas fue la sustracción del patrimonio público. Otra, la subsistencia de un servicio de trenes en pésimo estado. Una más y muy cruel: la tragedia de Once. El 22 de febrero de 2012, a las 8.33 de la mañana, en la estación “Once de Septiembre”, 51 personas perdieron la vida. Las causas sociales de ese hecho se vinculan con estos. Quizá no hay relación de causa a efecto para quienes son expertos en esas fórmulas a veces esotéricas que llaman derecho penal. De todas maneras, es inevitable no ligar los hechos. También es inevitable no proponer leerlos como un puente que une una gestión a cargo del servicio de ferrocarriles y concluir, con una base empírica indiscutible, que la corrupción mata”.

*“Primero se aprovecharon de la necesidad de recomponer los trenes. Luego, de la necesidad de crear trabajo mediante la reactivación de los talleres ferroviarios. Con esa excusa, compraron materiales en desuso y mal estado. Más tarde buscaron un mercado en el exterior y firmaron los convenios que luego viabilizaron decretos que terminaron con la liberación del dinero. En medio de ello, metieron a los “consultores” para justificar el desvío del dinero. Finalmente, para que todo parezca legal, hicieron opinar favorablemente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Como conclusión de la historia, se demostró que todo era mentira: no se reactivaron los talleres, los trenes no mejoraron, pero el Estado fue víctima de un saqueo”.

*“Julio Miguel De Vido se reservó el control del desarrollo de los hechos. Se basó en un artilugio. De la mano de la formalidad jurídica, delegó en Ricardo Jaime la capacidad de comprometer con su firma los intereses públicos. Pero se reservó el control efectivo de los hechos. Jaime firmaba, pero decidía con De Vido (de hecho, De Vido firmó personalmente dos de los convenios). Quien mejor lo reflejó fue Manuel Vázquez cuando sentenció que Jaime no iba al baño sin pedirle permiso a De Vido”.

*“El Estado argentino pagó la suma de 76.313.108,85 euros en el caso de las empresas españolas, y de 25.639.896 en el de la portuguesa. Sin embargo, los acuerdos fueron la excusa formal para causar un perjuicio patrimonial millonario al Estado nacional. El acuerdo tenía dos dimensiones: comprar maquinaria y repuestos en pésimo estado, con la excusa de poner a producir nuevamente los talleres abandonados por las políticas de privatizaciones de los años ‘90. La otra, introducir la figura del ‘consultor’ para generar obligaciones ficticias que escondían retornos”. – “Esto significa que el interés público quedó subordinado al privado; es decir, a un fin de lucro ilícito, que guió el comportamiento de los acusados. En efecto, montaron un dispositivo que permitía pagar sumas de dinero altísimas por material que no lo valía y generar “retornos”, cuya cara visible fueron Manuel Vázquez y la empresa que representaba “Caesa”, y Julián Soba Rojo, su presidente. La firma, en el aspecto formal, fue contratada para “asesorar” a los países en esas operaciones. En rigor de verdad, fue un vehículo para obtener dinero de manera ilegal”.

*“El patrimonio del Estado por una astucia de la ideología lo percibimos como ajeno. Como algo externo. Solo vemos que lo deshojan como una margarita y, en el mejor de los casos, vemos la flor marchita o seca. Pero el patrimonio público es parte de la riqueza que generamos todos. Tan solo confiamos la administración de esos recursos a los gobiernos. Por eso, el Código Penal sanciona a los funcionarios infieles, como estos imputados. El corolario de este recorrido es recuperar el dinero mal habido. El Estado tiene resortes y recursos para ello. Por eso, vamos a requerir a VS que confiera atribución al Señor Procurador General del Tesoro para que evalúe iniciar las acciones legales de recuperación; es decir, para traer al tesoro público el dinero del que se apropiaron los imputados y eventualmente las empresas que firmaron los contratos”.

*“Ya desde el mismísimo comienzo de las tratativas con España y Portugal, quedó demostrado que el material rodante adquirido no servía ni para chatarra”.

No estaba equivocado el análisis que hizo Delgado. En abril de 2022, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a De Vido, Jaime y Vázquez por el caso de los trenes chatarra. Los jueces Julio Panero, Fernando Canero y Ricardo Basílico les impusieron una condena por el delito de defraudación contra la administración pública. A Jaime y a Vázquez los condenaron también por coimas, tal como había pedido la fiscal de juicio Gabriela Baigún. Habían pasado casi cinco años de aquella acusación de Delgado que aún resuena: “La corrupción mata”.

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