El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue condenado hoy a seis años de prisión por cobrarles coimas a narcotraficantes a los que debía investigar para beneficiarlos con resoluciones judiciales. El Tribunal Oral Federal de Corrientes también condenó a dos ex secretarios del juzgado y a abogados que actuaron como intermediarios de los sobornos.
La decisión fue tomada por mayoría y el tribunal rechazó la condena por el delito de asociación ilícita que había pedido la Fiscalía en sus alegatos en los que solicitó una condena de 15 años de prisión para Soto Dávila, quien durante 22 años fue el titular del juzgado federal 1 de Corrientes. Los fundamentos del veredicto se conocerán el próximo 16 agosto y desde allí las partes podrán apelar.
Soto Dávila estuvo presente en la sala de audiencias para escuchar su veredicto, que empezó pocos minutos después de las 12 horas. “Los arrepentidos que declararon en mi contra son los que mandé a la cárcel. No soy jefe de ninguna asociación ilícita”, había dicho el ex juez hace 15 años en sus últimas palabras.
Los fiscales federles Carlos Schaefer y los de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias y Martín Uriona había acusado al ex juez de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado (haber cobrado coimas) y de nueve casos de prevaricato, que es dictar sentencias contrarias a derecho.
La base central de la acusación había sido las escuchas telefónicas en las que los narcotraficantes hablaban de cómo pagaban coimas para obtener resoluciones judiciales a su favor -que luego se comprobaba que ocurrían- y de las declaraciones de arrepentidos. Calcularon que se pagaron 25 millones de pesos de sobornos para 2015. “Soto Dávila tenía la llave para rechazar los acuerdos espurios”, dijo el fiscal Schaefer.
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Por mayoría, los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel de Jesús Moreira y la disidencia de Rubén Quiñones condenaron a Soto Dávila por tres hechos de cohecho pasivo agravado por ser magistrados y por tres hechos de prevaricato. También fueron condenaron a cinco años a Pablo Molina, a cuatro años a Federico Grau, ambos ex secretarios del juzgado de Soto Dávila-, y a dos al abogado Duylio Horacio Barboza Galeano, quienes fueron acusados de ser intermediados en el pago de coimas.
En tanto, fueron absueltos los también abogados Gregorio Humberto Giménez y Alfredo Viglione y el ex intendente de la ciudad de Empedrado Juan Manuel Faraone. También fueron juzgados de actuar como intermediados.
Además de la pena de seis años de prisión, Soto Dávila fue condenado a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 37 mil pesos.
Por otra parte, el Tribunal aceptó los acuerdos de juicio abreviado que la Fiscalía acordó con otros acusados. Allí reconocieron su responsabilidad en los hechos. Los Jorge Ricardo Vallejos y Omar Serial recibieron una pena de dos años de prisión y el narcotraficante Carlos “Cachito” Bareiro una de tres años y ocho meses.
Los jueces dejaron pendiente y bajo reserva la situación del jefe narco Federico “Morenita” Marín, quien declaró como arrepentido y acordó un juicio abreviado. Pero su caso no se pudo resolver. Marín estaba bajo prisión domiciliaria y en febrero pasado se fugó cuando tuvo autorización para ir a un control médico.
Soto Dávila fue un juez clave durante 22 años en Corrientes. Titular del juzgado federal 1 de esa provincia, tenía su cargo las causas de crimen organizado y la competencia electoral. Por la causa penal, tenía una orden de detención que no se podía cumplir por sus fueros como juez. En febrero de 2019 renunció y fue internado por problemas de salud. Estuvo en prisión domiciliaria y hoy en libertad.
“He tenido que soportar intentos permanentes de enlodar mi rol a pesar que no he tenido ni una sola persona que haya trabajado conmigo que aquí declarara en contra mía o cualquier otra cuestión que yo le haya ordenado hacer, que haya dejado de hacer o que le haya sugerido”, sostuvo Soto Dávila ante los jueces. Sin embargo, hoy fue condenado y en agosto, cuando se conozcan los fundamentos, podrá apelar la sentencia para que sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.
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