La Cámara Federal de Resistencia, Chaco, confirmó el procesamiento de un ex juez federal de la provincia por asociación ilícita por formar parte de una banda narco y dictar resoluciones judiciales que los beneficiada. Se trata de Miguel Aranda, ex conjuez federal de Roque Sáenz Peña. Junto con él la Cámara confirmó el procesamiento de otras cuatro personas: tres integrantes de Gendarmería Nacional y la cuñada del ex juez.
El tribunal confirmó los procesamientos por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricato, incumplimiento de la obligación de promover la represión de un delito, concusión agravada, encubrimiento agravado, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias, informaron a Infobae fuentes judiciales. Con esta decisión, los acusados -que están en libertad- quedaron en condiciones de ser enviados a juicio oral y público. En el caso también estaba involucrado Cristián Marangón, comandante de Gendarmería a cargo del Escuadrón 1 de la zona, que falleció en octubre del año pasado cuando la Fiscalía pidió la detención de los acusados.
Aranda es abogado y la Cámara Federal de Resistencia lo designó en 2021 como conjuez a cargo del juzgado federal de Roque Sáenz Peña. Cuando la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, lo procesó la Cámara lo apartó del cargo.
La investigación del caso estuvo a cargo de los fiscales federales Patricio Sabbadini, Federico Carniel, Carlos Amad y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. El caso determinó historias increíbles.
Una de ellas tuvo como protagonista a un camión Iveco que fue parado en la ruta para un control y se le labró una multa porque no tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. Pero desde Gendarmería se ordenó destruir el acta. ¿El motivo? El camión pertenecía a Rafael Raimundo Martin y a Clarisa Daniela Galissier, cuñada de Aranda. Los dos están procesados.
También se descubrió que hasta abril de 2022 el acoplado del camión tenía un seguro que pagaba Ana María Flamenco, una mujer imputada por ser parte del llamado “Clan Sosa”, una familia dedicada al narcotráfico.
El “Clan Sosa” era investigado por Aranda en la causa “FRE 3852/2020″. Otra de las acusaciones contra el ex juez es darle protección a esa organización criminal. Concretamente de avisarles de allanamientos y detenidos que el juez había ordenado en abril y septiembre del año pasado. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a los lugares a allanar solo encontraron a Lucas Sosa, quien declaró -según el testimonio de los gendarmes- que la familia había sido avisada de los procedimientos.
“Lo hasta aquí expuesto permite afirmar, con el grado de suficiencia que la instancia impone, la vinculación de las filtraciones de información que en definitiva frustraron el accionar de la justicia con Aranda, debiendo aquí destacar que los miembros del referido clan delictivo se encuentran prófugos al día de la fecha, con excepción de Lucas Sosa. A más de ello los informes son categóricos y permiten presumir, con base objetiva, que existía una relación de complicidad entre el entonces Juez Subrogante y los agentes de seguridad que excedía el ámbito laboral”, señalaron las juezas de la Cámara Rocío Alcalá y Patricia García en su resolución de 39 paginas en la que confirmaron los procesamientos.
La Cámara también confirmó los procesamientos de los gendarmes Alberto Martín Farías, Raúl Ernesto Scheurman y Enzo Gabriel Aguirre por formar parte de las maniobras delictivas.
Los procesamientos también fueron confirmados por otros hechos: faltantes en el Escuadrón 1 de Gendarmería de elementos secuestrados en causas judiciales; fallos de Aranda a favor de gendarmes que actual de manera delictiva con él; e irregularidades en concesiones de prisiones domiciliarias y excarcelaciones.
Las juezas de la Cámara hicieron referencia en su resolución al rol de los magistrados. “Se comprende que el juez no sólo debe preocuparse por ´ser´, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por ´parecer´, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial”, señalaron y agregaron que “desde tal mirada, la realidad actual de la autoridad política en general, y de la judicial en particular, exhibe una visible crisis de la legitimidad que conlleva el ejercer el deber judicial”. “Y se debe procurar que la ciudadanía recupere la confianza en aquellas instituciones, siendo que situaciones como la debatida en autos incrementa la crisis y el desengaño de la sociedad, encontrándose imputados en esta enmarañada causa, como bien lo afirmó el Fiscal General en el marco de la audiencia de ley, no sólo el otrora Juez, sino integrantes de las fuerzas encargadas de la prevención del delito”, concluyeron.
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