
La jueza María Servini tiene en su juzgado una causa en la que se investiga a cuatro agencias que cobran un servicio por traer a ciudadanas rusas a parir en Buenos Aires. Luego del parto, las agencias se encargan también de tramitar la documentación de los bebés y de los padres. Los bebés son argentinos y obtienen el DNI inmediatamente. Los padres realizan el trámite de la residencia permanente que luego les permitirá obtener la Carta de Ciudadanía para finalmente acceder al pasaporte. Los rusos buscan pasaportes argentinos para poder entrar sin visa a muchos más países que los que pueden ingresar con el pasaporte de Rusia.
En la causa que tiene Servini, iniciada en diciembre pasado por la denuncia de una rusa, se descubrió que, en unos 70 casos, los rusos habían dado domicilios falsos para realizar el trámite de la residencia permanente. Ese caso avanzó y además de cuatro agencias bajo investigación hay 1200 trámites que analiza la justicia.
En los primeros días de febrero de 2023, varias rusas embarazadas fueron retenidas en el Aeropuerto de Ezeiza por pedido de la Dirección Nacional de Migraciones. Las rusas con embarazos avanzados decían que venían como turistas, pero no pudieron explicar a dónde iban a ir de paseo ni tenían pasaje de regreso.
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El 9 de febrero, la jueza Servini ordenó varios allanamientos en la causa en la que se investiga el modo en que las agencias que traen parturientas rusas consiguieron la documentación para obtener la residencia permanente. A raíz de los allanamientos en la casa de Elena Kuklina -dueña de una de las agencias- se hizo público que había irregularidades en los trámites presentados ante Migraciones para obtener la residencia permanente ya que los domicilios declarados por las rusas eran falsos.
Dos semanas después de eso, la Dirección Nacional de Migraciones hizo una denuncia en los juzgados federales de Comodoro Py. El caso le tocó por sorteo al juzgado federal 9 que hasta el 1 de abril estuvo a cargo de Luis Rodríguez quien se jubiló. Rodríguez -cuyo juzgado es subrogado por María Eugenia Capuchetti- le delegó la investigación al fiscal Guillermo Marijuán.
La denuncia que presentó Migraciones era porque habían detectado lo mismo que quedó al descubierto en la causa que tiene Servini: que ocho rusas habían dado domicilios falsos para realizar el trámite de la residencia permanente.
La denuncia se hizo porque, de ese modo, las mujeres habían incumplido con lo que estipula el artículo 54 de la Ley de Migraciones (25.871) que dice: “Los extranjeros mantendrán actualizados ante la Dirección Nacional de Migraciones, por la vía y plazos que se indique en la reglamentación, los datos referidos a su domicilio, en donde se considerarán válidas todas las notificaciones”.

Los inspectores de Migraciones detectaron que ocho rusas habían dado domicilios falsos y por eso hicieron la denuncia. Las inspecciones se hicieron el 10 y el 13 de febrero, luego de que se hiciera público el caso que tiene Servini. Se determinó que en el trámite de M.K. aparecía un domicilio en la calle Muñiz al 100 de Almagro. Allí había un edificio y la rusa no había consignado cuál era su departamento.
El caso de V.V. fue distinto: asentó un domicilio en la calle Pi y Margall de La Boca y cuando los inspectores fueron allí el dueño de la casa no conocía a ninguna rusa. Otra de las rusas que llegaron al país en los últimos tiempos, O.K., dijo que vivía en la calle Quintana 1129, en Recoleta: ese domicilio es inexistente. El caso de E.G fue similar: en los papeles declaró que vivía en la calle Ricardo Gutiérrez al 2600 en Villa del Parque, pero allí no la conocían.
Otra de las rusas, E.M., registró domicilio en el hotel Sheraton de Retiro. Los inspectores de Migraciones no la encontraron ni tampoco hallaron reservas de habitaciones a su nombre. Algo parecido sucedió con el trámite de A.N. y A.K., dos rusas que dieron como domicilio el hotel boutique Krista de Palermo. Cuando fueron los inspectores las rusas no estaban, pero tampoco habían reservado habitaciones allí.
El último caso denunciado-luego de que el caso se hiciera público- es el de A.V. quien declaró vivir en Figueroa Alcorta 1465, un lugar donde no existen viviendas.
El fiscal Marijuán, según informaron fuentes judiciales a Infobae, pidió información a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre las rusas que ingresaron al país. Además solicitó que Migraciones informe qué funcionarios de esa repartición intervinieron en cada uno de los trámites objeto de la denuncia. En ninguna de las investigaciones abiertas se descarta la posible connivencia entre los gestores de documentación que actuaban en nombre de las agencias y funcionarios de Migraciones. El fiscal quiere saber también si las rusas que declararon domicilios falsos aún siguen en el país o abandonaron Argentina.
La causa que tiene Marijuán es similar a la que investiga Servini. No se descarta que en algún momento el expediente iniciado en febrero de 2023 se sume al que había comenzado en diciembre de 2022.
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