
La violencia contra las mujeres en Honduras continúa en niveles críticos y, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), uno de los principales desafíos sigue siendo evitar que las señales de riesgo terminen en hechos irreparables.
El encuentro puso en discusión la capacidad de las instituciones hondureñas para prevenir la violencia, investigar las agresiones y garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia antes de que los casos lleguen a su expresión más extrema.
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El delegado adjunto del organismo de derechos humanos, Ricardo López, señaló que entre 2016 y 2025 más de 3.000 mujeres fallecieron de manera violenta en Honduras.
El funcionario mencionó entre los casos que marcaron al país los de Keyla Martínez y las muertes de mujeres privadas de libertad ocurridas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Para el CONADEH, esas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y no limitar la respuesta institucional a investigar los hechos una vez que ya ocurrió una muerte.
Víctimas de violencia
López sostuvo que es necesario visibilizar con mayor fuerza la prevención de la violencia contra las mujeres y generar propuestas que permitan a las autoridades tomar decisiones orientadas a proteger sus derechos.
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Del mismo modo explicó que continuarán acompañando a las organizaciones de mujeres en sus esfuerzos para evitar nuevas vulneraciones de derechos humanos.
Uno de los principales planteamientos del foro fue que los casos de violencia extrema no aparecen de manera aislada.
María José Gálvez, gerente de defensoría del derecho del Conadeh, explicó que antes de que una mujer sea víctima de un homicidio pueden existir otras manifestaciones de violencia y señales que permiten identificar situaciones de riesgo: amenazas, agresiones, denuncias, desplazamientos y otros episodios previos.
El planteamiento busca cambiar la manera en que se observa el problema. “La violencia contra las mujeres no empieza con homicidios”, dijo Gálvez. En lugar de esperar a que ocurra un crimen para activar la respuesta estatal, las instituciones deberían identificar y atender las señales previas.
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Los registros del organismo muestran una dimensión más amplia del problema. Entre 2016 y 2025, el CONADEH recibió 15.858 quejas relacionadas con vulneraciones a los derechos a la vida, integridad personal y acceso a la justicia.
La cifra incluye diferentes situaciones y no equivale directamente al número de mujeres asesinadas, pero para el organismo constituye un indicador de las dificultades que enfrentan las personas cuando buscan protección y respuesta institucional.
Gálvez subrayó que detrás de cada registro existen historias individuales y familiares que no pueden reducirse a una estadística: “Detrás de cada cifra hay una historia de una mujer, familia, comunidad o un país”.
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El Conadeh considera que una de las prioridades debe ser fortalecer la capacidad del Estado para responder de manera temprana a las situaciones de riesgo.
Gálvez planteó la necesidad de una respuesta estatal oportuna, articulada y con debida diligencia reforzada, de manera que las instituciones involucradas actúen de forma coordinada frente a las denuncias.
Esto implica que una mujer que informa amenazas o agresiones no quede atrapada entre diferentes instituciones sin recibir una respuesta efectiva. También supone mejorar los mecanismos para identificar riesgos, dar seguimiento a las denuncias.
No se trata de estadísticas
El foro se desarrolló mientras la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios conmemoraba su décimo aniversario. La existencia de ese espacio refleja el esfuerzo institucional por dar seguimiento a las investigaciones y abordar de manera coordinada los casos de violencia extrema contra las mujeres.
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Los datos presentados durante el encuentro muestran, sin embargo, que el desafío continúa siendo amplio. Las más de 3.000 muertes violentas registradas en el período y las 15.858 quejas relacionadas con derechos fundamentales plantean la necesidad de que las instituciones no solo reaccionen frente a los casos consumados, sino que fortalezcan las herramientas de prevención.
Para el CONADEH, las amenazas, las agresiones y las denuncias pueden constituir señales de advertencia que requieren atención institucional, en particular cuando existen antecedentes que indiquen un riesgo creciente.
La institución lanzó esta alerta durante el foro “Diálogo sobre Transparencia e Integridad para Prevenir la Violencia contra las Mujeres en Honduras”, realizado en el marco del décimo aniversario de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios.
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