El encuentro se centró en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2018, que reconoce una serie de derechos relacionados con la vida y el trabajo de las poblaciones rurales.
La actividad fue organizada por la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica en Honduras (ANAFAE) y reunió a representantes de organizaciones sociales y especialistas en derechos humanos para analizar cómo los principios de la declaración pueden aplicarse en el contexto hondureño.
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El planteamiento central fue que los derechos reconocidos internacionalmente para las comunidades campesinas no deberían permanecer únicamente como estándares internacionales, sino que pueden servir como referencia para la elaboración de leyes, programas públicos y actuaciones de las instituciones del Estado.
¿Qué reconoce la declaración de la ONU?
La UNDROP establece derechos específicos para los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Entre los temas que aborda se encuentran el acceso y uso de la tierra y el territorio, el agua, las semillas, los recursos naturales, el trabajo, la participación en las decisiones que afectan a las comunidades y la soberanía alimentaria.
En Honduras, los participantes del foro plantearon que este marco puede utilizarse como herramienta para analizar los conflictos relacionados con la tierra y los recursos naturales, así como los desafíos que enfrentan las comunidades rurales ante los efectos del cambio climático.
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Octavio Sánchez, director de ANAFAE, explicó que uno de los objetivos del encuentro fue acercar el contenido de la declaración a las organizaciones campesinas e indígenas, así como a las instituciones con responsabilidades en la protección de los derechos de estas poblaciones.
Según Sánchez, conocer la UNDROP permitiría a las comunidades contar con una herramienta adicional para defender derechos relacionados con la tierra, el territorio, el agua y las semillas.
El planteamiento también apunta a que las instituciones públicas conozcan el instrumento internacional y puedan considerarlo al momento de diseñar políticas o tomar decisiones que afecten a las comunidades rurales.
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Para los organizadores, el desafío consiste en pasar del reconocimiento internacional de determinados derechos a su aplicación concreta dentro del país.
El vínculo entre el campo y las ciudades
Uno de los argumentos planteados durante el foro fue que las condiciones en las que viven las comunidades campesinas tienen efectos que van más allá de las zonas rurales.
Carlos Duarte, integrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, destacó la relación entre la producción campesina y la seguridad alimentaria. Sostuvo que los problemas que enfrentan los productores rurales también tienen consecuencias para quienes viven en las ciudades.
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Desde esa perspectiva, las condiciones económicas y sociales del campesinado no constituyen un asunto exclusivamente rural, sino que forman parte de una discusión más amplia sobre alimentación, pobreza, desigualdad y desarrollo.
Los participantes señalaron que las poblaciones rurales enfrentan desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos naturales y con los efectos del cambio climático, factores que pueden afectar sus medios de vida y su capacidad de producir alimentos.
La declaración de Naciones Unidas es presentada por las organizaciones como un instrumento que puede contribuir a ordenar y fortalecer las discusiones sobre estos derechos.
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