A dos años del asesinato de Juan López, la ONU advierte: “El verdadero homenaje es esclarecer el crimen y corregir las fallas que lo permitieron”

Dos años después del asesinato de Juan López, el caso continúa siendo una herida abierta para Honduras y una ventana para observar algunos de los principales desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

En entrevista exclusiva con Infobae, Juan Carlos Monge, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), sostiene que el asesinato del defensor ambiental no debe analizarse como un hecho aislado ni limitarse a una fecha conmemorativa.

Según el representante de OACNUDH, el principal homenaje a López no consiste solo en recordarlo cada septiembre, sino en esclarecer completamente el crimen y extraer las lecciones necesarias para evitar que un hecho así vuelva a ocurrir “defender los derechos humanos no debe costar la vida”, afirma.

¿Quién era Juan López?

Juan López fue un defensor ambiental y de los bienes comunes de Honduras, vinculado a la defensa del territorio en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, en la costa norte del país.

Su trabajo estuvo estrechamente relacionado con la protección del medio ambiente y del Parque Nacional Carlos Escaleras, una zona marcada por conflictos en torno a la tierra, el territorio, los recursos naturales y el impacto de proyectos extractivos.

López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, en un contexto en el que ya había sido objeto de amenazas y contaba con medidas de protección.

Su muerte puso nuevamente bajo escrutinio internacional la situación de las personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos en Honduras, así como la capacidad del Estado para prevenir ataques contra quienes defienden territorios y comunidades.

La Oficina del Alto Comisionado recuerda que López, integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y personas vinculadas a su defensa habían sido beneficiarias con medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, el funcionario afirma que esas medidas no fueron consideradas. “Definitivamente no fueron implementadas adecuadamente y se produjo la muerte de Juan López en septiembre de 2024”, declaró Monge a Infobae.

En declaraciones a Infobae, reconoce el valor simbólico de las conmemoraciones. Sin embargo, advierte que pierden sentido si no generan resultados concretos. Por ello, considera necesario revisar lo ocurrido antes del asesinato del ambientalista. Especialmente, las amenazas que recibió por defender el medio ambiente frente a proyectos extractivos. También señala las fallas en la implementación de sus medidas de protección.

Los desafíos que persisten

A juicio del representante de la ONU, una investigación efectiva debe ir mucho más allá de identificar a los autores materiales. “Hay que entender cuáles son los contextos. Cuáles son las diferentes relaciones que existen entre distintos actores y llegar a los autores intelectuales”, explica.

La Oficina documentó durante 2025 un aumento de los homicidios de personas defensoras de derechos humanos registrados por su propio sistema de monitoreo: 13 personas defensoras de la tierra y familiares; 2 periodistas; y 1 defensor del medio ambiente y su hijo.

Aclara que el registro de la Oficina no representa necesariamente la totalidad de los casos ocurridos en Honduras y que pueden existir diferencias con los registros de otras instituciones y organizaciones.

Lo importante, insiste, es identificar los patrones de violencia y criminalización. Entre ellos, los relacionados con el uso y la tenencia de la tierra, la falta de consulta libre, previa e informada a Pueblos Indígenas y Afrohondureños, la insuficiente participación de comunidades de Pueblos Indígenas, Garífunas y Negras de Habla Inglesa, locales y campesinas en decisiones que pueden afectar sus territorios, y los conflictos asociados a proyectos mineros y extractivos.

¿Cómo resolver los conflictos?

En numerosos territorios se superponen distintos registros y títulos de propiedad: registros nacionales, catastros municipales y catastros agrarios, mientras comunidades enteras pueden verse afectadas por conflictos de titularidad, una situación con dimensiones históricas y culturales.

Asimismo, es importante fortalecer la autonomía e independencia de las instituciones del sistema de justicia y adoptar una política de persecución penal basada en criterios técnicos, derechos humanos y rendición de cuentas; dotar al Mecanismo Nacional de Protección de capacidad técnica y recursos suficientes, e incorporar medidas colectivas y territoriales cuando el riesgo lo requiera, así como, establecer mecanismos institucionales confiables para prevenir y gestionar los conflictos relacionados con la tierra, el territorio y el ambiente e implementar el decreto 18-2024.

El problema alcanza a comunidades locales, campesinas, de Pueblos Indígenas, Garífunas y Negras de Habla Inglesa, entre otros sectores. Por ello, OACNUDH considera insuficiente responder a estas disputas únicamente mediante procesos penales.

“No se puede pretender que los problemas relacionados, por ejemplo, con la tenencia y la propiedad se resuelvan solamente por la vía penal o mediante la criminalización de la protesta”, sostiene.

La alternativa, según explica, requiere un abordaje integral que incluya saneamiento territorial, revisión de registros de propiedad, análisis de la superposición de títulos y comprensión de las causas sociales y económicas de los conflictos. “Hay que entender cuáles son las verdaderas causas del conflicto”, afirmó a Infobae.

Monge considera que la conflictividad territorial está estrechamente relacionada con otros problemas estructurales: pobreza, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas, acceso a la tierra, discriminación histórica e inseguridad.

OACNUDH presta asesoría técnica y acompañamiento tanto al Ministerio Público y el Poder Judicial en temas relacionados con la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento institucional, incluida la posibilidad de desarrollar una política estratégica de persecución penal con enfoque de derechos humanos. Monge resalta la apertura del Organismo Judicial y de la Fiscalía General de la República.

La justicia un anhelo que no se cumple

Para Monge, no basta con que existan recursos legales si estos no producen respuestas oportunas, y pone como ejemplo los recursos de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, cuya función debería permitir una protección efectiva y rápida de los derechos reclamados “Si la respuesta no es rápida y suficiente para proteger los derechos vulnerados, la justicia se vuelve un anhelo que no se cumple”

Desde OACNUDH reconocen que Honduras ha registrado avances en materia de seguridad durante la última década y media pero advierten que esos avances no deben llevar a ignorar los problemas estructurales.

El funcionario recuerda que Naciones Unidas ha desarrollado principios rectores sobre empresas y derechos humanos que establecen tres obligaciones fundamentales: proteger, respetar y remediar.

El primer deber es corresponder principalmente al Estado: establecer regulación y mecanismos adecuados para proteger los derechos humanos. El segundo alcanza directamente a las empresas: respetar los derechos humanos en sus operaciones. El tercero entra en juego cuando se producen afectaciones: garantizar mecanismos de reparación.

Pero Monge aclara que hablar de derechos humanos y actividad empresarial no debe entenderse como un conflicto. “No significa que no haya ninguna actividad económica, de minería ni actividad industrial de ningún tipo. Significa consultar a las comunidades afectadas, respetar sus decisiones y cumplir con todos los requisitos que establece la Ley”

También plantea un desafío para las empresas transnacionales que operan en Honduras: aplicar los estándares internacionales de derechos humanos y, cuando corresponda, estándares más elevados existentes en sus países de origen.

Monge explica que la Oficina ha trabajado con gobiernos de diferentes orientaciones políticas, con instituciones estatales y con organizaciones de la sociedad civil.

“Se trata de entender cuál es la responsabilidad de las entidades del Estado y las empresas, el rol de las personas defensoras de los derechos humanos y de cualquier ciudadano de este país”, afirmó.

El mandato de OACNUDH incluye monitorear la situación de derechos humanos, formular recomendaciones y brindar asesoría técnica y acompañamiento, pero no cuenta con un mecanismo de coerción para obligar al Estado a implementar sus recomendaciones.

Durante la entrevista concedida a Infobae, Monge recurre a una frase del exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, incluida en el informe de 2005 Un concepto más amplio de la libertad, que a su juicio resume la relación entre los diferentes desafíos que enfrenta Honduras:

“No tendremos desarrollo sin seguridad. No tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos”. señalo

El verdadero homenaje a Juan López, a su familia y a quienes continúan defendiendo el ambiente y los derechos humanos debe ser que se conozca toda la verdad y que las instituciones aprendan de las fallas que permitieron que las amenazas terminaran convirtiéndose en un asesinato.