Inicia desalojo de más de 500 manzanas de tierra ocupadas en Choloma bajo orden judicial

Unos 250 agentes policiales fueron desplegados en Pueblo Nuevo para ejecutar una orden de desalojo sobre terrenos presuntamente invadidos

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El procedimiento comenzó este jueves con la lectura formal de la resolución a los asentados y la solicitud de salida voluntaria, en un proceso que podría impactar a numerosas familias de la zona
El procedimiento comenzó este jueves con la lectura formal de la resolución a los asentados y la solicitud de salida voluntaria, en un proceso que podría impactar a numerosas familias de la zona

La Policía Nacional inició este jueves un operativo de desalojo en el sector de Pueblo Nuevo, Choloma, para ejecutar una orden judicial sobre más de 515 manzanas de tierra que, según las autoridades, están ocupadas de forma irregular. El procedimiento comenzó con la lectura de la resolución a los ocupantes.

Desde temprano, decenas de agentes se movilizaron a la zona para cumplir la resolución emitida por un juzgado, en un proceso que podría afectar a numerosas familias asentadas en los terrenos en disputa.

El operativo contempla el despliegue de aproximadamente 250 funcionarios policiales, acompañados por representantes de organizaciones de derechos humanos y personal médico, para que la diligencia se desarrolle conforme a la ley y prevenir incidentes.

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Qué informó la Policía sobre el procedimiento

Según informó el comisionado de Policía César Ruiz, el procedimiento comenzó con la lectura formal de la orden judicial a los ocupantes, antes de solicitarles que abandonen voluntariamente las áreas reclamadas.

“Vamos a realizar la lectura de la orden judicial y luego se solicitará a las personas que inicien el desalojo. Hemos coordinado con organismos de Derechos Humanos para que acompañen la diligencia como observadores”, explicó el funcionario.

La extensión del terreno convierte el operativo en uno de los desalojos de mayor escala realizados recientemente en el municipio de Choloma.
La extensión del terreno convierte el operativo en uno de los desalojos de mayor escala realizados recientemente en el municipio de Choloma.

La Policía sostiene que actúa en cumplimiento de una resolución judicial vinculada a la presunta invasión de propiedades cuya ocupación estaría generando afectaciones económicas y legales.

“Estamos partiendo del principio de la ley que prohíbe las invasiones de propiedades cuando estas generan detrimento al sector productivo y a la seguridad jurídica”, manifestó Ruiz.

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Observadores y personal médico en la zona

En el operativo participan observadores de derechos humanos, que supervisarán el desarrollo de las acciones para verificar el respeto a las garantías fundamentales de las personas involucradas.

Además, personal sanitario de la Policía Nacional fue incorporado al dispositivo de seguridad para atender cualquier emergencia médica que pudiera surgir durante la jornada.

Las autoridades indicaron que las personas asentadas en el área ya habían sido notificadas sobre la orden judicial y el procedimiento previsto para este jueves.

El procedimiento en Choloma comenzó con la lectura de la resolución judicial a los ocupantes de los terrenos en disputa.
El procedimiento en Choloma comenzó con la lectura de la resolución judicial a los ocupantes de los terrenos en disputa.

Conflicto por la tierra

El caso se suma a otros conflictos por la tenencia de la tierra registrados en distintas regiones del país, donde las ocupaciones de terrenos han generado disputas entre propietarios, empresas, grupos comunitarios y autoridades.

Las autoridades argumentan que la legislación hondureña protege el derecho a la propiedad privada y establece mecanismos para recuperar terrenos cuando existe una orden emitida por los tribunales de justicia.

Exigen respuestas al gobierno

Hasta el momento no se han reportado incidentes mayores, aunque en la comunidad persiste la expectativa por el avance de las diligencias. La extensión del terreno involucrado convierte esta acción en uno de los desalojos de mayor escala realizados recientemente en el municipio de Choloma.

Las próximas horas permitirán conocer el alcance del procedimiento y el número de personas que podrían verse afectadas por la medida judicial, mientras las autoridades insisten en que el proceso se desarrollará bajo los parámetros establecidos por la ley y con acompañamiento de organismos observadores. Habitantes exigen respuestas a su situación.

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