La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha adoptado recientemente medidas para sancionar a funcionarios judiciales, en el marco de un proceso interno orientado a reforzar la transparencia y la integridad del sistema judicial.
Estas resoluciones buscan no solo corregir conductas indebidas, sino también responder a un contexto institucional en el que se han anulado cerca de 180 nombramientos realizados durante la administración previa, según declaraciones del portavoz Melvin Duarte y el magistrado Walter Miranda.
Durante la última sesión del pleno, el máximo órgano judicial analizó 12 expedientes disciplinarios que involucraban a 14 funcionarios, de los cuales nueve recibieron sanciones directas.
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Entre las medidas aplicadas sobresalen la suspensión de un juez durante cinco días y la imposición de una multa equivalente a 15 días de salario a otro juez, detalló Duarte en la comunicación pública.
La gravedad de las conductas sancionadas permitió la reincorporación de ambos jueces tras el cumplimiento del castigo, lo que indica que no se trató de las faltas más graves, aunque sí relevantes en el proceso de depuración institucional.
El conjunto de medidas incluyó la cancelación de tres empleados del personal auxiliar, concretamente dos receptores y una secretaria. Estos despidos se sustentaron en pruebas de gestión irregular de expedientes judiciales.
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Duarte resaltó que estas acciones afectan la fiabilidad del proceso legal y debilitan la confianza ciudadana en la justicia. En uno de estos casos, el expediente de un receptor fue remitido al Ministerio Público para dar inicio a una investigación formal, lo que abre la posibilidad de responsabilidad penal fuera del ámbito administrativo.
Las sanciones aplicadas y las auditorías internas se inscriben en un proceso más amplio de control interno. Miranda explicó que la revisión actual responde a una resolución del pleno que dejó sin efecto los nombramientos —cerca de 180— efectuados en la fase final del liderazgo de Ráquel Obando al frente del Poder Judicial.
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Estos nombramientos fueron denunciados por gremios, que alegaron designaciones discrecionales y falta de concursos públicos, en contravención a las normas de la carrera judicial.
Al respecto, Miranda resumió: “La propuesta de dejar sin valor y efectos estos nombramientos por la expresidenta fue la que ganó”, en alusión al cumplimiento del decreto 10-2026 del Congreso Nacional.
En la actualidad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, tiene facultad para contratar interinamente parte del personal cuyas designaciones fueron anuladas, con el propósito de evitar vacíos operativos en áreas clave del sistema judicial.
Según Miranda, estas contrataciones provisionales permitirán asegurar la continuidad funcional en los tribunales hasta que se realicen concursos públicos formales para los cargos vacantes.
Los empleados cuyos nombramientos han sido anulados serán sujetos a auditorías internas para evaluar la legalidad de sus designaciones y su desempeño. Los resultados de estas revisiones pueden derivar en sanciones adicionales o, en su defecto, confirmar la permanencia en el servicio público.
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Miranda mencionó que corresponde a la Supervisión General del Poder Judicial garantizar que los empleados afectados puedan ejercer su derecho a presentar descargos ante recursos humanos.
Dependiendo del resultado, los casos pueden avanzar a la comisión de disciplina para nuevas resoluciones. Además, los trabajadores tienen la posibilidad de presentar recursos ante el Consejo de la Carrera Judicial o interponer un recurso de amparo si consideran vulnerados sus derechos fundamentales.
Diversos sectores de la sociedad civil insisten en que estas acciones no deben circunscribirse a casos puntuales, sino abrir la senda para una reforma estructural en la justicia hondureña.
La administración de la Corte Suprema enfrenta ahora el reto de depurar el sistema sin vulnerar el derecho de defensa de los funcionarios involucrados.
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