Menos de la mitad de los adolescentes en Honduras y Guatemala logra culminar la educación secundaria, según la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CME). Este organismo advierte que la emergencia educativa en el Triángulo Norte amenaza con perpetuar los ciclos de pobreza y desplazamiento forzado si no se implementan reformas de fondo.
El informe «Educación negada, futuros truncados: adolescencias en movilidad ante la emergencia educativa en Centroamérica», citado por EFE, señala que la crisis afecta especialmente a quienes viven en condiciones de violencia, pobreza y desplazamiento en El Salvador, Guatemala y Honduras, agravadas por carencias institucionales.
En el caso de Honduras, solo el 24,9 % del alumnado accedió a la educación secundaria en 2023, mientras que más de 846.000 menores permanecieron fuera del sistema educativo, de acuerdo con la CME. Por su parte, El Salvador presenta una tasa de finalización del 60 %, lo que, aunque es superior a la de sus vecinos, evidencia la magnitud de la crisis regional.
El documento advierte que la falta de acceso a la educación contribuye a mantener los ciclos de pobreza y limita la inserción laboral y social de miles de jóvenes. Según la CME, el 14 % de quienes migran en la región son niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales ven interrumpida su escolarización y carecen de mecanismos efectivos para retomar sus estudios al migrar, regresar o pedir refugio.
La situación es aún más compleja para niñas, adolescentes mujer e indígenas. El informe detalla que el 20 % de las mujeres migrantes son niñas o adolescentes, y que más de la mitad migra por razones de protección ante violencia sexual, embarazo temprano o sobre carga de cuidados familiares, factores que aumentan el abandono escolar. El estudio resalta: “No es lo mismo ser adolescente que adolescente mujer, indígena, retornada… todo son capas que suman vulnerabilidad y limitan su acceso a la educación”.
En las aulas conviven jóvenes con trayectorias migratorias diversas: retornados, migrantes, refugiados o indígenas. La CME señala que la falta de información sobre las necesidades concretas de este alumnado dificulta la labor de los docentes.
Entre las propuestas de la Coalición Española de la CME figuran la renovación del modelo de gobernanza educativa, el financiamiento multianual y la mejora de la coordinación entre actores estatales, humanitarios y sociales. El informe demanda también sistemas de indicadores que integren dimensiones de protección, desarrollo y paz para una mejor planificación.
Uno de los principales obstáculos detectados es la carencia de datos precisos sobre adolescentes en situación de movilidad o retorno forzado. El documento subraya: “No hay datos, no se sabe exactamente qué pasa en las aulas”, lo que dificulta la elaboración de políticas y agrava la exclusión de los más vulnerables.
La CME concluye que garantizar la educación para adolescentes en movilidad en el Triángulo Norte resulta esencial para romper los ciclos de exclusión y desplazamiento. Si no se transforman los sistemas educativos y las políticas de protección infantil, la región corre el riesgo de consolidar una vulnerabilidad generacional y perpetuar la pobreza y el desplazamiento forzoso.
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