CIDH responsabiliza a Honduras por vulnerar derechos de la comunidad garífuna en Cayos Cochinos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable a Honduras por no cumplir con la consulta previa, libre e informada a la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, en relación con decisiones estatales que afectaron su territorio, recursos y modo de vida.

Según la sentencia, notificada el 4 de marzo de 2026, estos hechos violaron derechos fundamentales como la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la comunidad.

Los hechos analizados por la CIDH se centran en el manejo del archipiélago de Cayos Cochinos, una zona históricamente habitada por la comunidad garífuna, cuyo sustento y vida cultural están ligados a la pesca artesanal y al uso tradicional del mar.

Aunque la comunidad logró obtener títulos de propiedad sobre sus cayos tras un proceso que inició en 2000 y concluyó con la inscripción oficial entre 2006 y 2007, las autoridades hondureñas declararon el archipiélago como área protegida sin realizar una consulta adecuada ni otorgar facultades de administración a la comunidad.

Durante los años siguientes, el Estado adoptó diversas medidas que impactaron directamente en el territorio y la vida garífuna. Entre ellas destacan la creación y ampliación del Monumento Natural Marino, la aprobación de la Ley de Pesca, y la autorización de actividades turísticas y televisivas.

Según la CIDH, la comunidad quedó excluida de la toma de decisiones y de la gestión de su propio hábitat, lo que representó una vulneración de sus derechos colectivos y generó un ambiente de hostigamiento e inseguridad.

La sentencia también señala que desde 2006 se autorizaron reality shows en la zona, lo que causó restricciones temporales de acceso y afectó la pesca artesanal, actividad central para la subsistencia garífuna.

Además, la presencia militar constante y la falta de investigación sobre denuncias de amenazas y agresiones contra miembros de la comunidad agravaron la situación de vulnerabilidad.

En cuanto a la posible explotación de hidrocarburos en la plataforma marítima de la Mosquitia, la CIDH determinó que no existían pruebas suficientes de afectación directa, por lo que no se pronunció sobre ese punto específico.

Sin embargo, subrayó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar que cualquier medida que afecte a territorios indígenas o tribales debe incluir un proceso de consulta previa y efectiva.

La CIDH estableció que Honduras debe modificar su marco jurídico para asegurar la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y tribales y garantizar su participación real en la gestión y administración de áreas protegidas.

Entre las medidas de reparación dispuestas, se incluye la publicación de la sentencia, la realización de investigaciones diligentes sobre las denuncias presentadas por la comunidad, y el pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos.

El tribunal, además, valoró el proceso de titulación de los territorios comunales de la comunidad garífuna y concluyó que se realizó dentro de plazos razonables, sin vulnerar derechos procesales. Señaló que la actuación de las autoridades y de la comunidad fue diligente, y que la duración del procedimiento no generó consecuencias jurídicas desproporcionadas.

El caso subraya la importancia de proteger la identidad cultural y la subsistencia de los pueblos indígenas y tribales, así como de respetar su autonomía en la gestión de sus territorios y recursos naturales.

La sentencia de la CIDH refuerza la necesidad de establecer mecanismos efectivos de diálogo, participación y consulta para prevenir conflictos y garantizar la protección de los derechos colectivos en la región.