El inicio del período legislativo 2026-2029 en Honduras ha situado la discusión sobre la Ley de Empleo a Tiempo Parcial entre las prioridades del Congreso Nacional, con la expectativa de que su eventual aprobación facilite la reactivación económica y la generación de empleo.
Ante el persistente problema del desempleo y su impacto en la migración irregular y el crecimiento de la economía informal, el sector empresarial calcula que la medida permitiría reincorporar entre 250.000 y 500.000 empleos, según cifras proporcionadas por Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La propuesta ingresó en la primera sesión legislativa, presentada por el diputado Jorge Cálix, quien sostuvo que la iniciativa promoverá el acceso al trabajo para jóvenes, especialmente en la zona norte del país, y potenciará sectores como la maquila.
Cálix detalló que el proyecto buscará establecer un marco legal que regule el trabajo por hora y a tiempo parcial, garantizando derechos básicos para los empleados y ofreciendo mayor adaptabilidad a las empresas de acuerdo con la demanda del mercado nacional.
El texto, que retoma una iniciativa introducida previamente por el exdiputado Mauricio Villeda y que entonces no prosperó, plantea su aplicación a nivel nacional cubriendo distintas ramas de la economía. Especialmente, la zona norte concentra una presencia significativa de industrias manufactureras donde la contratación por hora se considera estratégica para fortalecer la competitividad.
Gallardo, líder del Cohep, resaltó en sus intervenciones que esta ley es vista por el sector privado como una herramienta para atraer inversiones y formalizar un amplio segmento de relaciones laborales informales.
Explicó que el impacto será clave para las personas con dificultades para cumplir jornadas completas de ocho horas: “Nosotros desde años anteriores lo hemos venido promoviendo porque sabemos que hay muchas personas en el país que no pueden trabajar en su horario de ocho horas y esa ley ayuda a que muchos jóvenes puedan tener acceso a empleo, siempre revisando que las condiciones sean adecuadas para los trabajadores”.
El antecedente inmediato de la Ley de Empleo por Hora evidencia los desafíos de su implementación. Aplicada en etapas previas para incentivar la contratación en sectores de alta flexibilidad, su vigencia suscitó controversias y fue finalmente derogada tras objeciones de sindicatos y organizaciones de derechos laborales.
La nueva iniciativa incluye ajustes encaminados a asegurar estándares mínimos para los trabajadores, en diálogo abierto con actores empresariales que reiteran su disposición a debatir el contenido y cumplimiento de la ley propuesta.
El proceso legislativo prevé que la iniciativa sea analizada primero en comisiones, abriendo espacio a aportes de diferentes sectores antes de llegar al pleno del Congreso Nacional para su discusión y votación.
El debate transcurre en paralelo a otras propuestas como reformas electorales y la declaratoria de emergencia sanitaria, dentro de una agenda que recoge demandas sociales postergadas y la urgencia de reactivar la economía del país.
Según las estimaciones reiteradas por Anabel Gallardo, la aprobación de la Ley de Empleo Parcial podría permitir la reactivación de 250.000 a 500.000 empleos, siempre que se logre una implementación efectiva y el entorno económico sea favorable.
Las expectativas empresariales ubican el tema en el centro de la discusión nacional, reflejando la importancia del proyecto en los primeros compases de la nueva legislatura.
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