La exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, podría declararse culpable en el caso Cooptación del Estado tras manifestar su voluntad de acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos.
La decisión de la exfuncionaria trascendió luego de que el juez de Mayor Riesgo B, Eduardo Orozco, revocó los permisos médicos que le permitían permanecer en su domicilio y ordenó su reingreso inmediato a prisión preventiva.
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Durante la comparecencia judicial, el abogado defensor Melkin Escobar confirmó la anuencia de su patrocinada para admitir la responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.
Esta gestión constituye la cuarta oportunidad en la que la exmandataria plantea este recurso legal; en las convocatorias previas no compareció ante la judicatura, una conducta que demoró la causa penal durante tres años.
La audiencia para definir la culpabilidad quedó fijada para el 9 de noviembre
Ante la petición de la defensa, el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos no presentaron objeciones para que avance el mecanismo abreviado.
El ente fiscal acusa a la exvicemandataria de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.
Las pesquisas sostienen que se estructuró una red que utilizó diversas dependencias del Estado para recompensar favores políticos y desviar fondos públicos en beneficio de los implicados.
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Frente a la solicitud, el juez programó la audiencia definitiva para el 9 de noviembre en los tribunales de Ciudad de Guatemala.
En esa sesión, Baldetti deberá detallar ante el juzgado el modo en que cometió los actos ilícitos, un requisito procesal indispensable para que la autoridad judicial determine la concesión de una rebaja de condena y emita la resolución correspondiente.
Otto Pérez Molina perdió las rebajas de pena tras omitir un pago millonario
El camino procesal seleccionado coincide con la ruta que adoptó el expresidente Otto Pérez Molina, quien en septiembre de 2023 se sometió a este mismo procedimiento.
En aquella oportunidad, el exgobernante recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión por lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude, además de una orden de pago por Q4 millones 69 mil (unos USD 532.500) en concepto de reparación digna.
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Pese a esa disposición judicial, Pérez Molina solo canceló Q69 mil (cerca de USD 9.030) y adujo falta de fondos para cubrir los Q4 millones restantes (aproximadamente USD 523.500).
Ante este impago, la judicatura le retiró los beneficios concedidos y elevó la sanción a nueve años de cárcel conmutables a razón de Q25 diarios (USD 3,27 al día), mientras el Estado aún no activa la vía civil para el reclamo financiero.
Paralelamente, el exmandatario tramita ante la Corte de Constitucionalidad (CC) la recuperación de cuentas bancarias y una finca tasada en Q26 millones (USD 3,4 millones).
El historial judicial incluye dos condenas y un reclamo de Estados Unidos
El expediente por Cooptación del Estado no es el único conflicto que afronta Baldetti con la justicia guatemalteca.
En octubre de 2018, los tribunales le impusieron 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica, vinculado al contrato fraudulento para sanear el lago de Amatitlán.
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Cuatro años después, en diciembre de 2022, recibió otra sentencia de 16 años de cárcel por el caso La Línea, al ser declarada responsable de encabezar una red de defraudación aduanera en la administración tributaria.
A estos fallos se suma un proceso pendiente por contrataciones irregulares en el Registro de Información Catastral (RIC). Asimismo, sobre la exfuncionaria pesa una solicitud de extradición remitida por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico.
Aunque Baldetti consintió en 2017 su entrega a los tribunales estadounidenses, el marco normativo de Guatemala establece que el traslado únicamente podrá concretarse cuando liquide todas sus causas penales en el país, lo que descarta cualquier medida sustitutiva de prisión.
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