
La Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala, presidida por la diputada Carolina Orellana, emitió dictamen favorable unificado con modificaciones a las iniciativas 6716, 6720 y 6721 para crear una ley de fortalecimiento, protección y promoción de la lactancia materna, con la novedad de que incorpora obligaciones para el sector privado y busca que el proyecto entre a primera lectura en la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
El dictamen establece que las empresas deberán habilitar espacios de lactancia cuando tengan al menos una trabajadora lactante, mientras que en el sector público la implementación de esos ambientes será obligatoria.
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La propuesta también reconoce como derecho la lactancia materna en espacios públicos, en áreas específicas, utilizables sin condiciones para ejercer ese derecho.
La comisión consolidó el texto después de varias semanas de mesas de trabajo en la Sala Legislativa, con participación de representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado y otros actores vinculados al tema.
Según los legisladores que integran la instancia, ese proceso permitió reunir en un solo proyecto los principales aportes de las tres iniciativas.
Orellana, del bloque Vamos, sostuvo que la unificación permitió rescatar los mejores elementos de cada propuesta para construir un proyecto integral orientado a las mujeres trabajadoras y a la niñez guatemalteca. La legisladora afirmó: “Una buena iniciativa no es la que tiene más hojas, sino la que realmente responde a las necesidades de la población”.
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El nuevo dictamen incorpora al sector empresarial
La inclusión de las empresas aparece como uno de los cambios centrales del nuevo texto. Una iniciativa con ese objetivo había sido desaprobada en febrero, cuando las enmiendas para sumar al sector empresarial frenaron el respaldo necesario, y el dictamen entregado por la mesa de trabajo el 30 de julio retomó ese punto.
La propuesta ordena crear espacios para lactancia y extracción de leche tanto en instituciones gubernamentales como en empresas privadas. Esos lugares deberán ser independientes de los servicios sanitarios y no podrán instalarse en baños ni en bodegas.
El proyecto fija además condiciones mínimas para esos espacios: privacidad, higiene, ventilación, iluminación, mobiliario apropiado y conservación segura de la leche materna. También deberán estar disponibles durante las jornadas laborales y sin publicidad ni promoción comercial de sucedáneos de la leche materna.
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La diputada Elena Motta señaló que la propuesta incorpora medidas dirigidas a dignificar a las mujeres trabajadoras en los sectores público y privado.
Entre ellas mencionó la posibilidad de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social proporcione a las madres afiliadas los insumos necesarios para la extracción y conservación de leche materna en sus lugares de trabajo.
Salud y Trabajo supervisarán la aplicación de la norma
El dictamen dispone que los ministerios de Salud Pública y de Trabajo supervisen y brinden asesoría para la implementación de los espacios de lactancia materna. También prevé que el IGSS entregue el equipo necesario para la extracción y almacenamiento de leche materna a las trabajadoras afiliadas.
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Esa previsión obligaría a las instituciones del Estado, incluidas las de la administración central, las entidades descentralizadas y autónomas y las que reciben fondos públicos, a realizar ajustes administrativos y presupuestarios para habilitar esos espacios. De convertirse en ley, el proyecto ampliaría el marco legal de protección de la salud de la madre y del niño durante los primeros años de vida.
En la presentación del dictamen participaron también las diputadas Olga Villalta, Mercedes Monzón y Motta, además del diputado Ricardo Martínez, quienes señalaron que el texto surgió de un proceso amplio de análisis y consenso. Monzón informó que pedirán incorporar la iniciativa a la agenda legislativa para que sea conocida en primera lectura e inicie su trámite en el Pleno del Congreso durante los primeros días de agosto.
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La diputada destacó que el acuerdo para incluir a las empresas modificó la forma de la obligatoriedad, pero mantuvo el objetivo de asegurar condiciones dignas para que las mujeres continúen trabajando mientras ejercen la maternidad y garantizan la nutrición de sus hijos. También pidió a los diputados respetar el dictamen por el trabajo realizado sobre las tres iniciativas.
Orellana resumió el alcance de la propuesta con una definición sobre la responsabilidad institucional en esta materia: “La protección de la lactancia materna no depende únicamente de la voluntad de una mujer, sino que requiere de instituciones comprometidas, servicios de salud fortalecidos, espacios adecuados, familias que acompañen y una sociedad que comprenda el enorme valor que tiene este acto para el desarrollo de un niño”.
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