El presupuesto de Guatemala para 2025 registró una ampliación inédita, alcanzando los Q.154.836,6 millones al cierre de diciembre, un monto que superó en más de 6.300 millones la cifra originalmente aprobada por el Congreso y activó cuestionamientos sobre la sostenibilidad de la política fiscal. Esta variación refleja una tendencia de aumentos presupuestarios durante el año fiscal, a la vez que acentúa los desafíos para la estabilidad financiera y el bienestar de la población, de acuerdo con el análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El reporte del CIEN, reseñado en su boletín No. 4 de la serie Alerta Presupuesto, detalla que la aprobación presupuestaria inicial tuvo lugar el 27 de noviembre de 2024, cuando el Congreso —bajo declaración de urgencia nacional y en un único debate sin revisión exhaustiva— autorizó Q.148.526 millones. Sin embargo, la suspensión provisional de cuatro artículos por parte de la Corte de Constitucionalidad el 30 de enero de 2025 dio lugar a sucesivas ampliaciones vía acuerdos gubernativos y un nuevo decreto, sumando, según el registro del Ministerio de Finanzas Públicas, un total de Q.6.310,6 millones adicionales en distintas fases.
Este incremento presupuestario destacó por canalizarse principalmente a transferencias de capital dirigidas a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) y municipalidades, junto con alzas notables en salarios para los ministerios de Educación, Salud, Gobernación y Defensa, y otras transferencias monetarias a entidades públicas y privadas. Sobresale la partida destinada al pago de intereses sobre la deuda, principalmente Eurobonos. El financiamiento de gasto corriente con crédito interno y externo creció hasta el 12,2% en 2025, frente al 4,2% y 3,7% de 2023 y 2024, respectivamente.
El financiamiento de gasto corriente con deuda triplicó el promedio de años previos
El peso del financiamiento mediante deuda interna y externa —destinado a cubrir gastos fijos de funcionamiento estatal— experimentó un crecimiento relevante en el último año fiscal. Según el CIEN, el porcentaje dedicado a este rubro llegó al 12,2% en 2025, mientras que en 2023 y 2024 había sido 4,2% y 3,7%, respectivamente. Los especialistas advierten sobre sus riesgos para la sostenibilidad financiera y el margen de maniobra ante eventuales emergencias económicas.
El informe subraya que la proporción del gasto de inversión —destinado a proyectos de desarrollo— alcanzó el 23,4% durante el segundo año de la administración de Bernardo Arévalo, un nivel mayor al observado en ejercicios recientes. De todos modos, esta cifra se mantiene por debajo de la meta establecida del 28,2% para 2027 definida en el Plan de Gobierno 2024-2028 del Movimiento Semilla. El CIEN resalta que, en términos históricos, la proporción actual representa una caída de 14 puntos porcentuales respecto al promedio de 2004 a 2007, cuando la inversión estatal superaba el 37%. La ejecución financiera tanto de partidas de funcionamiento como de inversión se ubicó por debajo del promedio de los últimos cinco gobiernos, siendo el rezago más notorio en el rubro de inversión.
Metas sociales: baja ejecución frente a objetivos ambiciosos en salud y educación
El investigador Jorge Lavarreda, del CIEN, indicó que las metas sociales fijadas por el gobierno de Arévalo para el periodo 2024-2029 resultan difíciles de alcanzar en las condiciones actuales. Lavarreda puntualizó la escasa ambición del objetivo de reducir las muertes maternas a sesenta y nueve por cada cien mil nacidos vivos para 2029 y consideró que “es prácticamente imposible o muy poco probable que se alcance” si se mantienen las tendencias actuales.
Respecto al rendimiento escolar, la meta gubernamental prevé solo una mejora inferior a un punto porcentual en matemáticas y de 2,1 en lectura para los estudiantes de sexto grado hacia 2029. El especialista precisó que incluso si se lograra ese objetivo, “la brecha seguiría siendo superior al 50% en cuanto al dominio esperado para ese nivel educativo”.
En materia de nutrición, el gobierno busca reducir la desnutrición crónica infantil al 40,5% para 2029. Lavarreda señaló que la prevalencia permanece estable en torno al 46,5%, según los resultados de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y los diagnósticos de 2014 y 2015. Lamentó que “definitivamente ya no logramos alcanzar ni la meta de los objetivos de desarrollo sostenible ni la del CATUN 2032”.
Desafíos crónicos en la calidad del gasto público y recomendaciones del CIEN
La falta de una correspondencia efectiva entre la asignación presupuestaria y metas de bienestar social concretas se refleja también en la ejecución: de las 109 líneas estratégicas del Plan de Gobierno, nueve asignaciones para resultados estratégicos y catorce institucionales no superaron el 60% de ejecución respecto al presupuesto inicial. El CIEN atribuye parte de este rezago a la ausencia de un costeo detallado en la Política General de Gobierno y advierte sobre la tendencia a fortalecer partidas mediante mecanismos discrecionales o incrementos extraordinarios en sectores como los CODEDES, fenómeno que derivó en pésima ejecución y problemas de calidad.
Entre las principales recomendaciones del CIEN para el ciclo 2026 se destacan el refuerzo de sustento técnico y jurídico en los debates presupuestarios, la definición y publicación de metas de resultados concretos, la restricción del uso de deuda para financiar gastos corrientes y la necesidad de abrir un debate estructural sobre las causas persistentes de las deficiencias en la política presupuestaria nacional.
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