La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala ha solicitado órdenes de captura para varios exfuncionarios del Ministerio de Salud por su presunta vinculación a irregularidades en la adquisición de la vacuna Sputnik V durante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con información revelada, por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en la investigación se encuentra en un punto decisivo: las autoridades guatemaltecas dependen de la colaboración bilateral y esperan información formal de Estados Unidos para proceder penalmente contra funcionarios de alto rango involucrados en casos de corrupción y abuso de poder.
La FECI informó que, tras la denuncia pública sobre la adquisición de Sputnik V, solicitó la captura de la exministra de Salud, María Amelia Flores Gonzales, quien enfrenta acusaciones por falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y malversación.
Las acciones judiciales incluyen además a la exviceministra Nancy Ingrid Pezzarozzi Barrera de Calderón (abuso de autoridad), el exjefe del departamento financiero Rommel Noguera Ávila (abuso de autoridad y peculado por sustracción) y el exjefe administrativo Erick Belding Delgado Urbina (abuso de autoridad).
El Ministerio Público de Guatemala pidió también diligencias de allanamiento, pero únicamente se autorizaron las órdenes de captura; la judicatura descartó los registros domiciliarios, según detalles brindados a través de una conferencia de prensa transmitida por canales oficiales del MP.
Solicita asistencia a Estados Unidos para investigar a Miguel Martínez
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, expuso que solo podrán avanzar contra Miguel Martínez una vez que reciban pruebas documentales proporcionadas por Estados Unidos. Apuntó: “Nosotros esperaríamos que Estados Unidos nos remita las pruebas en contra del señor Miguel Martínez. Obviamente todo esto lleva un proceso”, detallando que los trámites judiciales internacionales marcan el ritmo y alcance de las acciones fiscales en Guatemala.
De acuerdo, con registros replicados por medios de comunicación en Guatemala, el 1 de diciembre de 2023, Estados Unidos sancionó a Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y aliado cercano del expresidente Alejandro Giammattei, aplicando la Ley Magnitsky. Dicha sanción incluye la prohibición de ingreso a territorio estadounidense y el congelamiento de activos sujetos a esa jurisdicción. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en 2021, Martínez “solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala”. De acuerdo con Curruchiche las pesquisas nacionales apuntan al pago de dieciséis millones de dosis, una operación caracterizada por negociaciones poco claras y entregas incompletas.
El caso Sputnik tiene como contexto la protección de antejuicio con la que todavía cuenta parte de los implicados. Entre ellos, el expresidente Alejandro Giammattei disfruta de inmunidad mientras ocupa su banca en el Parlamento Centroamericano. El 29 de marzo de 2023, la Corte de Constitucionalidad determinó que cualquier acusación penal directa procederá solo una vez que finalice ese mandato o se quite específicamente esa protección.
La agencia anticorrupción de Guatemala argumenta que la revisión de los contratos evidenció condiciones imposibles de cumplir para el país en la compra de los dieciséis millones de dosis de Sputnik V. La investigación inició a partir de denuncias y documentos difundidos que vincularon tanto a Giammattei como a Martínez en una compra internacional caracterizada por la falta de transparencia.
Desde la apertura formal del expediente, comunicó la FECI a Prensa Libre, se han procesado entre doce y catorce denuncias, todas bajo la Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus COVID-19. El avance judicial quedará supeditado a que las autoridades estadounidenses trasladen la documentación recaída al Departamento del Tesoro, considerado un paso fundamental para formalizar la acusación penal contra Martínez y otros miembros cercanos al expresidente Giammattei.
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