El Comité para la Protección de los Periodistas celebró el fallo judicial que en febrero pasado concedió arresto domiciliario al periodista de investigación José Rubén Zamora, presidente del ahora desaparecido diario elPeriódico, e insta a las autoridades guatemaltecas a retirar de inmediato todos los cargos y poner fin a su persecución judicial, que se prolonga desde hace años.
La decisión judicial que permitió que José Rubén Zamora abandonara la prisión y continuara su proceso bajo arresto domiciliario marca un punto de inflexión en la prolongada persecución judicial contra el periodista guatemalteco.
El fallo, adoptado tras más de 1,295 días de encarcelamiento, ha sido interpretado como un paso inicial hacia la reparación de los derechos vulnerados del fundador de elPeriódico, aunque la exigencia de su liberación total y la eliminación de todos los cargos persiste.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) manifestó su alivio por la salida de Zamora de la cárcel, pero denunció la prolongación de su reclusión como “una burla a la justicia”.
Carlos Martínez de la Serna, jefe de programas de la organización, advirtió que la reiteración de recursos y tácticas legales en su contra transmite un mensaje intimidante a quienes investigan la corrupción estatal en Guatemala.
“Las autoridades deben dar el paso definitivo: retirar todos los cargos restantes y poner fin a este acoso judicial de una vez por todas”, reclamó Martínez de la Serna desde Nueva York.
El proceso legal y la reacción internacional
La liberación provisional de Zamora ocurrió tras una resolución judicial que dispone su arresto domiciliario, mientras avanza el proceso por supuesto lavado de dinero.
Estas acusaciones han sido calificadas por observadores internacionales y defensores de la prensa como una represalia directa por sus investigaciones sobre corrupción gubernamental.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria calificó el tiempo de prisión de Zamora como una transgresión al derecho internacional.
Por su parte, la organización TrialWatch documentó infracciones graves a las garantías procesales, concluyendo que el caso representa una probable venganza por su trabajo periodístico.
Detalles del caso y antecedentes judiciales
Zamora, de 69 años, fue arrestado en julio de 2022 y sentenciado inicialmente a seis años de prisión en junio de 2023 por un tribunal penal de Ciudad de Guatemala.
Un tribunal de apelaciones anuló esa condena y ordenó un nuevo juicio, pero el avance del proceso quedó estancado debido a continuas demoras, lo que prolongó su detención.
En mayo de 2024, una resolución judicial había otorgado la libertad a Zamora, pero la medida fue revertida en marzo de 2025. El reciente traslado a arresto domiciliario no implica el cierre del caso ni el retiro de los cargos, situación que las organizaciones defensoras de la prensa internacional consideran insatisfactoria.
En declaraciones tras su liberación, Zamora expresó sentirse en paz, aunque señaló que su encarcelamiento excedió cualquier justificación legal. “He pasado más tiempo en prisión del que debería y he sufrido tortura y represión psicológica”, describió el periodista.
Añadió que su detención arbitraria “expuso la corrupción y el uso del sistema judicial para silenciar voces críticas más que mis treinta años en el Periódico”.
La organización CPJ, a través de sus portavoces, mantuvo su postura de exigir la liberación plena e incondicional de Zamora, enfatizando que los cargos carecen de fundamento y que el proceso judicial se ha utilizado como instrumento de intimidación.
Exigencias y perspectivas tras la liberación parcial
El entorno internacional y distintas agrupaciones defensoras de la libertad de expresión insisten en que el caso de Zamora evidencia patrones de acoso judicial dirigidos contra la prensa crítica en Guatemala.
Para el CPJ y otras entidades, la concesión de arresto domiciliario representa solo un avance parcial y no resuelve la persecución de fondo.
El Comité recuerda que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala reconoció la ilegitimidad de los fallos que llevaron a Zamora a prisión. El texto de la organización señala que la liberación condicional es apenas un primer paso y que la presión continuará hasta que se retire toda acusación y se garantice el ejercicio del periodismo sin represalias.
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