La construcción de una cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, avanza con el compromiso de iniciar oficialmente las obras el 1 de abril, mientras el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobernación de Guatemala enfrentan el reto de completar el proyecto en los doce meses previstos para reducir el control que las estructuras criminales ejercen en el sistema penitenciario.
El diputado José Chic, de la bancada VOS, subrayó la urgencia de ejecutar la obra como respuesta a la preocupación por extorsiones y cobros ilegales dentro de las cárceles existentes, señalando la responsabilidad directa que asume la administración actual sobre el cumplimiento del plazo, según se informó en la comparecencia oficial.
El terreno destinado a la construcción proviene de un proceso de extinción de dominio por narcotráfico y ya está registrado bajo la administración del Estado, confirmó el viceministro de Defensa Nacional, Jorge Mario Lemus, durante la reunión.
El viceministro resaltó que esto asegura “el origen ilícito vinculado al narcotráfico” del predio ahora cedido al uso público. La importancia de este antecedente se relaciona con los intentos recientes de algunos actores políticos de bloquear el proyecto, cuestionando la legalidad del terreno, argumento que los funcionarios descartaron: recalcaron que el Estado es el único titular del predio.
El presupuesto asignado a la obra es de mil millones de quetzales, según lo reportó el viceministro de Defensa Nacional en la sesión. El funcionario precisó que esta cantidad resultó de “ajustes necesarios en la planificación”, optimizando costos frente a una cifra inicial superior.
De ese monto, Q500 millones estarán destinados a la obra gris; los recursos restantes para equipamiento y tecnología —cuyo detalle debe confirmarse— se contemplarán en la proyección presupuestaria del próximo año.
Actualmente, los equipos de ingeniería y logística ya operan en el terreno, preparando la llegada de maquinaria pesada y adecuando la superficie.
Según los funcionarios, falta concretar la coordinación interinstitucional para definir qué partidas presupuestarias cubrirán los sistemas de videovigilancia, escáneres y otros elementos tecnológicos, cuyo costo aproximado aún no ha sido presentado.
El diputado José Chic pidió que el informe sobre necesidades y estimaciones de equipamiento se entregue pronto y recalcó la importancia de evitar que el proyecto quede incompleto o sin utilizar.
En cuanto al impacto social y de seguridad en la zona, el Estado diseñó un plan de manejo social con programas para la comunidad y servicios básicos.
El viceministro mencionó la garantía de seguridad a la población y la intención de acercar servicios de educación y salud, adelantando que podrían presentarse resistencias de antiguos propietarios y grupos vinculados al crimen organizado con interés en obstaculizar la obra. Aclaró que el terreno no está próximo a áreas periurbanas, refutando uno de los argumentos esgrimidos por los opositores al proyecto.
El diputado José Chic advirtió que es necesario acelerar la ejecución para aprovechar la temporada seca antes de que las lluvias restrinjan el avance de la construcción. Se espera que la obra gris concluya en el plazo de doce meses, con el objetivo de entregar la infraestructura antes de que finalice el periodo de gobierno, trasladando luego la responsabilidad del equipamiento completo al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario.
La prisión de Masagua: avances en etapa de cierre de preinversión
En paralelo al desarrollo de la cárcel de Morales, Izabal, las autoridades detallaron el estado de la cárcel de Masagua, cuya fase de preinversión termina este mes. Funcionarios del Sistema Penitenciario, indicaron que la administración espera completar todos los trámites e iniciar la ejecución de obra en abril. Esta construcción está planificada en dos etapas: trece meses de edificación física y cuatro meses para la incorporación de servicios y equipamiento, lo que suma dieciocho meses.
El presupuesto estimado para la cárcel de Masagua, Escuintla contempla el equipamiento, con aproximadamente nueve millones de dólares asignados a este rubro, según detallaron en la citación. La capacidad prevista es de 3.008 privados de libertad, distribuidos entre máxima, media y mínima seguridad: 750 plazas para máxima seguridad, 1.500 para media y 750 para mínima.
Sobre el origen y destino de los fondos, se especificó que la inversión global, de cerca de Q70 millones para equipamiento, se dividió de manera que permita la licitación y adquisición de insumos tecnológicos y de vigilancia.
Ambas iniciativas forman parte de la estrategia del Gobierno de Guatemala para modernizar la infraestructura penitenciaria, responder a la sobrepoblación carcelaria y restringir que las redes delictivas mantengan control sobre los recintos, como se discutió durante la citación entre autoridades ministeriales y representantes del Congreso.
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