Una citación promovida por diputados de la bancada VOS reveló que un número significativo de estaciones expendedoras de combustibles en Ciudad de Guatemala estableció precios más altos que los considerados de referencia durante las últimas semanas, con impacto directo en la economía familiar.
El análisis, presentado ante el Congreso por Heydy Godínez, jefa del Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Energía y Minas, atribuye esta situación a la debilidad en el sistema de monitoreo y fiscalización, que no puede vigilar de forma amplia ni eficaz el comportamiento de los precios, en un contexto marcado por incrementos de hasta 8 quetzales por galón respecto a los costos internacionales comparables, según entrevistas y datos oficiales.
Según los informes técnicos del Ministerio de Energía y Minas citados durante la sesión, de 109 estaciones monitoreadas en Ciudad de Guatemala, 87 registraron precios superiores a los de referencia, lo que equivale al 83% del total supervisado.
Estos datos, aportados por Godínez y recogidos en las actas parlamentarias de la citación, confirman la persistencia de prácticas especulativas en el sector minorista de combustibles. Este hallazgo determinó la apertura de expedientes para sanciones y la remisión de informes tanto a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) como a la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario (DIAP).
El alza de combustibles y sus efectos sobre la economía guatemalteca
Durante la comparecencia ante el Congreso, el diputado Orlando Blanco que presidió la comisión contrastó los precios vigentes en Guatemala con los de países vecinos como El Salvador, señalando que el galón puede costar hasta siete quetzales menos que en Guatemala: “Mientras aquí la gasolina regular llegó a 36 quetzales por galón, allá estaba en 29”, indicó a partir de los monitoreos realizados.
Los informes explican que esta diferencia impacta mensualmente en los hogares entre 200 y 500 quetzales, dependiendo del tipo de vehículo y el consumo, y afecta especialmente a pequeños transportistas, para quienes el gasto en combustible es la principal presión presupuestaria.
El funcionario de Aduanas, Edwin Orlando Curtidor Juárez, informó a los diputados que, entre el dos y el quince de marzo, los precios de importación del diésel subieron de 21,39 a 27,55 quetzales por galón, con un incremento acumulado de 28,8%.
Para la gasolina regular, la variación fue de 19,87 a 22,97 quetzales, lo que representa una subida del 15,6%. No obstante, las evaluaciones realizadas en la sesión mostraron que los precios finales al consumidor —con casos de hasta 41,99 quetzales el diésel en Santa Cruz del Quiché y 39,79 la gasolina súper en Sololá— están sensiblemente por encima de los valores de referencia, lo que evidencia márgenes de incremento comercial superiores a los aumentos registrados en los costos de importación.
En una intervención clave sobre la fiscalización, Godínez detalló que el Ministerio de Energía y Minas sólo cuenta con tres personas para monitorear los precios presencialmente en Ciudad de Guatemala los lunes.
En el resto de departamentos, la supervisión se hace vía telefónica y la cobertura presencial sólo alcanza tres departamentos por mes: “Se requieren siete meses para cubrir todo el país”, comentó el diputado, quien calificó la estructura como “raquítica”. El funcionario puntualizó que el Ministerio de Energía y Minas cuenta con el presupuesto más bajo entre los catorce ministerios.
La directora de la DIACO Leslie Tzicap, notificó ante la comisión que se han presentado 79 denuncias por presunta especulación en el precio de los combustibles, fundamentadas en informes técnicos y verificaciones de campo.
De ese total, 25 se originan en informes del Ministerio de Energía y Minas, mientras que las otras 54 corresponden a operativos independientes y actas remitidas por diferentes sedes departamentales. Según la funcionaria, la vigilancia se desarrolla de forma continua y está centrada en verificar niveles de precios, márgenes de ganancia y documentación de compra y venta en cada estación.
Los diputados cuestionaron la falta de coordinación y respuesta rápida de las instituciones responsables, atribuyendo las diferencias de precios con los países vecinos a la ausencia de controles efectivos en la importación, comercialización y expendio. El monitoreo de la bancada refleja una sobrecarga de entre seis y ocho quetzales sobre el precio de referencia por galón, con repercusiones económicas especialmente pronunciadas en el sector transporte y entre los grupos más vulnerables.
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