La vulnerabilidad sísmica en Guatemala ha resurgido como un problema estratégico en la agenda estatal tras el Simulacro Nacional por Sismo 2026, cuyo balance proyectó cifras inéditas de impacto humano y material en caso de un evento de magnitud similar al terremoto de 1976.
La magnitud de los riesgos estimados ha impulsado a Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala, a exigir una revisión integral del papel del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), demandando un avance inmediato hacia políticas públicas de prevención y resiliencia.
Durante la primera sesión del año del CONADUR, Arévalo subrayó que “las consecuencias de un terremoto similar al de 1976 serían hoy aún más devastadoras para el país”, e instó a reorientar la planificación del desarrollo nacional.
El mandatario detalló que el simulacro nacional, efectuado el 24 de febrero por la CONRED, reveló graves brechas estructurales en la capacidad estatal para responder ante desastres, colocando la gestión eficiente del riesgo y la recuperación del rol estratégico del organismo en el centro de la agenda inmediata.
El ejercicio, que se desarrolló como simulación de un sismo análogo al ocurrido hace casi 50 años, arrojó estimaciones que dimensionan la magnitud del desafío.
Un total de 14.770.000 personas estarían afectadas, de ellas 3.533.000 serían evacuadas, 285.000 quedarían albergadas, 195.000 resultarían heridas, 31.000 permanecerían desaparecidas y cerca de 89.000 fallecerían.
La información presentada dejó en claro que la exposición nacional al riesgo ha crecido: “Estos datos demuestran que la vulnerabilidad del país, lejos de haberse reducido, ha crecido en los últimos 50 años”, insistió Arévalo.
El simulacro evidencia la fragilidad de las infraestructuras críticas
Los resultados del ejercicio revelaron que no solo la población sufriría un golpe severo, sino que la infraestructura clave también estaría altamente comprometida. Se proyectó que 581.000 viviendas sufrirían daños leves, 2.058.000 presentarían daños moderados y 285.000 daños severos. Además, serían 2.290 carreteras las que experimentarían afectaciones, junto a 370 puentes destruidos o dañados.
El simulacro estimó también el impacto sobre la infraestructura hospitalaria y educativa: siete hospitales resultarían dañados y dos destruidos, mientras que 821 centros de salud quedarían comprometidos, con 47 inhabilitados. El sistema educativo se vería afectado, con cerca de 8.000 centros educativos impactados. El aeropuerto La Aurora sufriría interrupciones directas, 3.476 comunidades perderían el suministro eléctrico y 14.800 redes de agua resultarían dañadas.
Nueva comisión para la gestión del riesgo y enfoque de resiliencia
Ante este escenario, Arévalo confirmó que la CONRED propondrá la conformación de una comisión de gestión de riesgos dentro del SISCODE, con la tarea de elevar la conciencia sobre las debilidades estructurales y facilitar la adopción de medidas preventivas concretas a largo plazo.
El presidente sintetizó la urgencia de la reformulación institucional con una declaración: “Estas son las dos tareas que tenemos, no solo para la sesión de hoy.
Estas son tareas que yo creo van a quedar para este año y para los años que vienen, en términos de un CONADUR que logre retomar su papel como eje estratégico para la planificación del desarrollo democrático del país, y un CONADUR que asuma su responsabilidad en tomar conciencia y actuar sobre las brechas que tenemos en términos de nuestra exposición a desastres naturales”.
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) de Guatemala está conformado por 49 miembros y funciona como el órgano máximo dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE). Integrantes de pueblos indígenas como Maya, Xinka y Garífuna, así como representantes de sectores no gubernamentales —incluyendo campesinos, cooperativas, mujeres, PYMES y trabajadores—, y universidades forman parte de este espacio. La presidencia recae en el presidente de la República, acompañado por ministros y alcaldes regionales.
La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó una propuesta ante las autoridades de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) para que se le conceda la potestad de elección en la aprobación de proyectos de construcción en zonas de riesgo en el país.
La medida busca incorporar un enfoque integral de gestión de riesgos en la planificación y aprobación de inversiones públicas en áreas especialmente vulnerables a deslizamientos, inundaciones y otros fenómenos naturales.
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