El Congreso de Guatemala aprueba una normativa integral para la Procuraduría General de la Nación

Con 123 votos a favor el Congreso de Guatemala aprobó la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), tras casi setenta años de vigencia del marco anterior, marca un punto de inflexión para la defensa jurídica del Estado y la protección de los derechos de grupos vulnerables, particularmente de la niñez. Con un presupuesto inicial de Q340 millones y la creación de cargos y procedimientos inéditos, la legislación busca dotar de herramientas modernas y eficaces a la PGN en respuesta al creciente desafío de los litigios y amenazas a derechos fundamentales.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la posibilidad de descentralizar sus operaciones, lo que permite una mayor especialización en áreas jurídicas complejas y la contratación de profesionales tanto nacionales como internacionales.

El texto legal, que consta de setenta artículos, redefine el papel del procurador general, cargo que será designado y removido por el presidente de Guatemala para un período de cuatro años. Se establecen criterios claros para la selección y el desempeño del cargo, así como el régimen disciplinario interno. El marco legal distingue a la PGN como un órgano público con autonomía administrativa y financiera, responsable de asesorar jurídicamente a los órganos del Estado y representar sus intereses, siempre bajo el principio de legalidad.

Durante la discusión en el parlamento, el diputado Álvaro Arzú, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia y miembro de la bancada Unionista, destacó la urgencia de esta reforma tras más de una década de trabajo institucional. Señaló que, a diferencia del Ministerio Público, la PGN continuó operando bajo una normativa anterior a las reformas constitucionales de 1994, lo que, afirmó, “ha debilitado la capacidad de la Procuraduría para contratar personal calificado y competir en litigios de nivel internacional”.

La protección de la niñez como nuevo eje central

La creación de la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia representa uno de los avances más destacados del nuevo marco normativo. Este órgano tendrá competencias administrativas específicas para ejecutar medidas de protección ordenadas por los juzgados y será responsable de la representación legal de niñas, niños y adolescentes no amparados, así como de promocionar medidas de resguardo e intervenir en procesos judiciales. Además, gestionará la coordinación del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

La diputada Andrea Reyes, integrante de la bancada oficialista, subrayó ante el pleno la saturación de casos vinculados a la niñez que enfrenta la PGN, basada en “una institucionalidad que data de los años cuarenta”. Mencionó episodios como el de la secta Alef Taor y el incidente del Hogar Seguro para ilustrar la urgencia de la reforma. A juicio de Reyes, la subprocuraduría permitirá brindar “una representación digna y eficaz” a quienes más lo requieren.

Respaldo político transversal y nuevo andamiaje institucional

El reordenamiento de la PGN incluye la creación del cargo de subprocurador de defensa del Estado, que coordinará estrategias de litigio y tendrá la facultad de reemplazar al procurador general de forma temporal. Se establecen además nuevas direcciones administrativas encargadas de planificación, gestión presupuestaria y administración interna.

En el debate legislativo, el diputado Víctor Valenzuela de la bancada VAMOS reconoció el esfuerzo conjunto de diversas bancadas y del personal de la PGN, y manifestó la importancia de que la institución cuente finalmente con “herramientas justas y correctas, así como el financiamiento necesario” para brindar garantías de protección, especialmente en beneficio de la niñez.

Dentro de las nuevas facultades, la PGN tendrá la obligación de impugnar resoluciones judiciales adversas para el Estado y actuar con urgencia en procedimientos donde se encuentren comprometidos los derechos de menores de edad. Todas las entidades públicas estarán obligadas a colaborar con la procuraduría, ampliando su capacidad de respuesta y acción en casos críticos.

Uno de los datos clave destacados en la discusión es el impacto negativo que la ausencia de una ley moderna ha tenido para Guatemala en litigios internacionales. Arzú expresó ante el Congreso: “Guatemala una y otra vez ha perdido litigios internacionales, arbitrajes, ha perdido cualquier cantidad de juicios por el hecho de no poder contar con buenos profesionales. Y parte del problema es justamente la ausencia de una ley orgánica que no le permite contratar a personal capacitado y profesional a la institución.”