La llegada de la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a Guatemala despertó expectativas en un año clave para el país, mientras Bernardo Arévalo advirtió sobre los riesgos para la democracia: “Los intentos de sabotear procesos electorales son una grave preocupación”, enfatizó el mandatario, subrayando el papel de estos observadores internacionales en el respaldo a las instituciones.
Al destacar la relevancia del escenario guatemalteco, Arévalo hizo un llamado a la sociedad civil a no bajar la guardia: “Los ojos del mundo están sobre Guatemala. Estemos unidos, atentos e informados, porque en este año crucial, el pueblo debe recuperar la justicia”, instó, dejando en claro que considera el momento como determinante.
Enfatizando en la necesidad de avanzar hacia una transformación institucional, el jefe de Estado valoró el respaldo del equipo de la OEA, remarcando que “La visita de la misión de la OEA es importante porque apoya los esfuerzos ante los desafíos en la renovación del Sistema de Justicia”.
Al proyectar un futuro para el país, Arévalo sintetizó su visión con una frase que apunta a la construcción de nuevas bases para la convivencia democrática: “Un país sin miedo es un país libre, y hacia ese país seguimos avanzando”.
La base del proceso
Las elecciones de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala para el período 2026-2031 avanzan en medio de tensiones y desafíos institucionales, con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) como primer órgano en definir a sus representantes mientras el resto de entidades avanza en procesos paralelos.
El 14 de abril de 2026 es la fecha límite establecida por ley para que los nuevos magistrados asuman funciones, lo que convierte a las próximas semanas en decisivas para el futuro del máximo tribunal constitucional del país y para el equilibrio institucional en Guatemala.
La culminación de la elección por parte del CANG, realizada el 12 de febrero tras una jornada marcada por observación y denuncias de intervención del Ministerio Público (MP), da inicio formal al proceso de integración.
El escrutinio, realizado bajo la supervisión directa de autoridades y representantes de las planillas en la sede central de la organización, se desarrolló después de que la Sala Sexta limitara el padrón de votantes a abogados con colegiado activo, excluyendo a profesionales de ciencias afines. Esta restricción judicial dividió opiniones dentro del gremio, transformando la dinámica habitual de votación.
La jornada electoral del Colegio de Abogados y Notarios definió a Astrid Jeannette Lemus Rodríguez como futura magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031 con 8,920 votos, mientras Carlos Estuardo Gálvez Barrios obtuvo 7,741 votos.
En el apartado de magistrado suplente, Luis Fernando Bermejo Quiñónez lideró el conteo con 8.527 votos, superando a Melvin Giovanni Portillo Arévalo, que alcanzó 7.742 votos.
Para el Tribunal Electoral del CANG en el período 2026-2029, la Planilla 1 resultó ganadora con 8.677 votos, frente a los 8.153 votos obtenidos por la Planilla 2. El proceso de recuento de votos y la elección de la nueva directiva transcurrió en el Parque Érick Barrondo y el Club La Aurora en Ciudad de Guatemala, bajo observación de fiscales y representantes, en un ambiente condicionado por las recientes intervenciones judiciales y denuncias.
La Corte de Constitucionalidad se compone de un magistrado titular y uno suplente designados por cinco órganos: el Organismo Ejecutivo (presidente de la República en Consejo de Ministros), el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el CANG, y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
El CANG fue la primera entidad en concluir su elección. El Congreso de la República recibe expedientes del 2 al 20 de febrero y debe definir sus nombramientos antes de marzo de 2026, es decir, dentro de los 60 días posteriores al inicio de la nueva legislatura. El Organismo Ejecutivo, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, ha establecido el 13 de marzo como fecha de anuncio para sus designados, con una ventana de recepción de expedientes del 16 al 20 de febrero.
En tanto, la CSJ aún no publica convocatoria oficial. El presidente en funciones, Carlos Lucero, anticipó que la apertura del proceso formal podría ocurrir a finales de febrero, con la designación esperada en marzo.
Por su parte, la USAC cerró la recepción de expedientes el 6 de febrero, con catorce postulantes, incluida la actual fiscal general, María Consuelo Porras. El CSU celebrará la elección el 16 de febrero en Antigua Guatemala. Sin embargo, la integración de este órgano es cuestionada porque de sus 41 miembros, solo once ejercen mandato vigente, mientras el resto tiene el periodo vencido, sumado a una vacante. A pesar de los reiterados requerimientos de la Corte de Constitucionalidad para renovar el CSU, el rector Walter Mazariegos no ha comunicado avances.
El desarrollo de la primera vuelta en el CANG estuvo marcado por denuncias y operativos del Ministerio Público, especialmente después de que la fiscal Leonor Morales confirmara la existencia de investigaciones ante posibles irregularidades, aunque la causa permanece bajo reserva.
Recursos legales presentados posteriormente motivaron que la Corte de Constitucionalidad determinara que los fiscales no debían intervenir en tiempo real en el proceso electoral, sin restringir las investigaciones en curso.
Estas acciones provocaron respuestas de la sociedad civil, de actores políticos y de diplomáticos. La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió, mediante comunicado, que la realización de investigaciones o acciones judiciales durante el proceso electoral podía minar la confianza en la transparencia del escrutinio y afectar la legitimidad de la elección.
El organismo hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades guatemaltecas garanticen el derecho al voto y la libre participación de los agremiados, al tiempo que subrayó el deber de mantener el proceso en un entorno exento de presiones externas o injerencias.
El rol clave de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala
La Corte de Constitucionalidad, según el artículo 272 de la Constitución, actúa como el tribunal permanente encargado de proteger el orden constitucional en Guatemala.
Entre sus funciones centrales se cuentan: resolver impugnaciones contra leyes señaladas de inconstitucionalidad, conocer acciones de amparo contra el Congreso, la CSJ, el Presidente y el Vicepresidente, así como resolver apelaciones en materia constitucional.
Las resoluciones de la CC pueden alterar directamente decisiones políticas, reformas legales y procesos institucionales claves, lo que refleja la alta sensibilidad en torno a su integración.
La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que la instalación del tribunal debe producirse 90 días después del inicio de funciones del nuevo Congreso, que tomó posesión el 14 de enero. Por lo tanto, los magistrados correspondientes al período 2026-2031 deben asumir el 14 de abril de 2026.
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