La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió los motines y tomas de rehenes ocurridos el 17 y 18 de enero de 2026 en tres prisiones de Guatemala: el Centro de Máxima Seguridad Renovación I, Fraijanes II y el Centro Preventivo de la Zona 18.
Tras la liberación de los rehenes y el restablecimiento del control en los centros penitenciarios, múltiples ataques armados dirigidos a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dejaron nueve fallecidos. Según la CIDH, estas agresiones habrían buscado sembrar temor como represalia por las acciones autoridades.
La CIDH pidió al Estado guatemalteco que garantice la seguridad e integridad tanto de funcionarios como de personas privadas de libertad, instando a investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables y adoptar medidas efectivas para evitar que estas situaciones se repitan.
El Presidente de la República respondió decretando estado de sitio por 30 días, decisión ratificada por el Congreso de la República, para frenar la violencia tras el enfrentamiento con grupos del crimen organizado, originada por reclamos derivados de la revisión o eliminación de beneficios penitenciarios considerados ilegales por el Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Guatemala a garantizar la integridad y el desarrollo adecuado de los procesos de elección de autoridades previstos para 2026, enfatizando la necesidad de que se ajusten a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos.
Según la organización, asegurar estos procedimientos es un elemento “central para el fortalecimiento del Estado de derecho”. Además, la CIDH solicitó desplegar “el máximo de los esfuerzos” para que tales procesos se realicen con garantías plenas de seguridad y transparencia.
La CIDH advirtió que la coyuntura actual está marcada por el inicio de las renovaciones en puestos clave del sistema de justicia y de otros órganos fundamentales para la democracia guatemalteca. Entre estas instituciones resaltan el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.
En el marco de estos acontecimientos, la CIDH expresó su inquietud por los homicidios de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), unos hechos que, a criterio del organismo, deben ser investigados de oficio por el Estado “deforma seria, pronta e imparcial, y con debida diligencia”. La Comisión también hizo énfasis en la obligación de “identificar y sancionar a los responsables, y prevenir la repetición de estos hechos”.
En su pronunciamiento, la CIDH recordó que el Estado guatemalteco tiene la responsabilidad de asegurar la vida y la integridad tanto de las personas detenidas como del personal penitenciario, reforzando la seguridad en los centros de detención.
Entre las medidas propuestas destacan la prevención y control de posibles amotinamientos, el enfrentamiento a brotes de violencia y la contención de las acciones de organizaciones criminales en las cárceles. El organismo también subrayó la importancia de imponer controles eficaces para “impedir la entrada de objetos ilícitos” y de restablecer la seguridad en las prisiones, junto con el incremento del personal encargado.
En reiteración de recomendaciones previas, la Comisión señaló que los hallazgos de su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala refuerzan la urgencia de que el Estado actúe conforme a los compromisos internacionales suscritos con la OEA.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo mandato está establecido en la Carta de la OEA y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cumple funciones de promoción y defensa de los derechos humanos en el continente y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está compuesta por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, sin representar a sus países de origen o de residencia. https://ow.ly/ipej50Y7S9a
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