La Superintendencia de Competencia en Guatemala solicita aumentar multas por acuerdos de precios en combustibles

La Superintendencia de Competencia ha propuesto un aumento drástico en los montos y alcances de las multas por acuerdos y prácticas anticompetitivas vinculadas al mercado de combustibles.

El objetivo es responder al impacto directo que estos acuerdos tienen en los consumidores y harmonizar la regulación con los estándares que trae la nueva Ley de Competencia, que comenzará a aplicarse plenamente en noviembre de este año, según información presentada por la entidad ante el Congreso de la República y replicada por agencias de gobierno.

En la propuesta remitida al Poder Legislativo, Javier Enrique Bauer Herbruger, director de la Superintendencia de Competencia, detalló que se plantea elevar el techo de las multas, actualmente fijadas en 3 millones de quetzales, hasta superar los 20 millones de quetzales.

Esta cifra no solo representa un incremento cuantitativo notable, sino que, de ser aprobada, se aplicaría también a empresas distribuidoras y no únicamente a estaciones de servicio, como sucede en el régimen actual.

La entidad también recomienda que las multas por coordinación de precios de combustibles sean equivalentes a las previstas en la futura Ley de Competencia.

Además, proponen que la Superintendencia de Competencia —y ya no otros organismos— sea la responsable exclusiva desde noviembre de 2025 de la prevención, investigación y sanción de acuerdos entre empresas relacionados con los precios del diésel y la gasolina, en el marco del nuevo régimen legal.

Las nuevas sanciones superarían los 20 millones de quetzales y alcanzarán a toda la cadena de distribución

Con la propuesta entregada al Congreso de la República, la Superintendencia de Competencia busca equiparar la sanción por acuerdos en los precios de combustibles con las que establece la Ley de Competencia. Esto implicaría que todas las firmas involucradas, desde las grandes empresas distribuidoras hasta las gasolineras individuales, puedan ser sujetas a penalizaciones superiores a 20 millones de quetzales en casos probados de fijación o manipulación de precios, según confirmó Bauer Herbruger en su intervención ante los legisladores.

El siguiente bloque responde de forma autónoma a la pregunta central sobre qué cambia, quiénes están involucrados y cuál será el efecto principal: La propuesta normativa de la Superintendencia de Competencia introduce sanciones mucho más severas, aplicando multas de más de 20 millones de quetzales a empresas y gasolineras que acuerden precios de combustibles.

Este cambio ampliaría de manera directa los actores regulados y busca desalentar las prácticas anticompetitivas en la cadena de hidrocarburos, bajo la supervisión exclusiva de la Superintendencia a partir de la entrada en vigor total de la Ley de Competencia en noviembre de 2025.

Actualmente, el control sobre los precios y la investigación de irregularidades en el sector está repartido entre varias entidades. La reforma propuesta delega todas las funciones de prevención, investigación y sanción de prácticas anticompetitivas en la Superintendencia de Competencia. Según el medio Diario de Centro América, la exclusiva intervención técnica del Ministerio de Energía y Minas y otras instancias de supervisión no cambiaría, pero solo la Superintendencia podrá dictar sanciones por acuerdos en precios.

La recomendación normativa también apunta a garantizar certeza jurídica y mayor eficacia en la aplicación de la regulación de mercado, uniformando los criterios sancionatorios y eliminando duplicidades institucionales.

De acuerdo con la legislación vigente citada en Diario de Centro América, la Superintendencia de Competencia es una entidad autónoma y descentralizada con personalidad jurídica propia, encargada de proteger la libre competencia, así como de investigar y sancionar todas las prácticas anticompetitivas en el ámbito nacional.

Esta reestructuración institucional y el fortalecimiento de sus competencias se consideran claves para evitar acuerdos o manipulaciones en el mercado de los combustibles que sean perjudiciales para los consumidores.