Edwin Brant Frost IV fue condenado a 15 años de prisión federal por un esquema Ponzi que dejó pérdidas superiores a USD 76 millones para más de 300 inversores en Georgia, informaron el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la agencia AP.
El empresario, de 69 años, dirigía First Liberty Building and Loan, una firma con sede en Newnan que se presentaba como una financiera conservadora y cristiana orientada a otorgar créditos a pequeñas empresas. Frost se había declarado culpable de fraude electrónico en mayo de 2026.
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La firma prometía rendimientos de hasta 18 % mediante préstamos puente
La Fiscalía del Distrito Norte de Georgia sostuvo que, entre 2021 y julio de 2025, Frost recaudó dinero de inversores con la promesa de destinarlo a préstamos de corto plazo y altos intereses, conocidos en inglés como bridge loans.
Los aportantes recibían la propuesta de retornos mensuales de entre 8 % y 18 %, mientras la compañía aseguraba que el capital y los intereses serían cubiertos cuando los prestatarios refinanciaran sus deudas, en muchos casos mediante créditos respaldados por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos.
Sin embargo, las autoridades federales afirmaron que la empresa ya no producía ingresos suficientes para responder a sus compromisos en 2021. Varios préstamos habían caído en mora y los clientes dejaron de realizar pagos, de acuerdo con el comunicado oficial recogido por CBS News.
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En vez de comunicar esas dificultades, Frost habría dicho a los inversores que la totalidad de sus aportes se utilizaba para financiar los créditos y que solo unos pocos habían incumplido. También les aseguró que los prestatarios contaban con preaprobaciones de la Administración de Pequeñas Empresas, aunque los fiscales indicaron que pocas personas, si alguna, tenían ese aval.
La investigación concluyó que el acusado empleó dinero de nuevos aportantes para pagar intereses a inversores anteriores, una práctica que caracteriza a un esquema Ponzi.
Los fiscales detallaron gastos personales y aportes políticos
El Departamento de Justicia aseguró que Frost desvió al menos USD 5 millones de fondos de los inversores para gastos personales. Entre ellos figuraban el alquiler de una casa de vacaciones en Maine por USD 230.000, más de USD 140.000 en joyas y un reloj Patek Philippe valuado en USD 20.800.
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El dinero también habría cubierto más de USD 335.000 en pagos a un comerciante de monedas raras y más de USD 2 millones en tarjetas de crédito. Además, los fiscales señalaron que se destinaron más de USD 570.000 a contribuciones políticas.
La empresa atraía a parte de sus clientes mediante su identidad religiosa y sus vínculos con sectores republicanos conservadores. Entre las personas afectadas hubo activistas de base del Partido Republicano, indicó CBS News, que citó a dirigentes partidarios.
El fiscal federal Theodore S. Hertzberg cuestionó el uso de esas referencias para captar inversores. “Frost utilizó la religión, la política y las promesas de ganancias para inducir a los inversores a entregar el dinero que tanto les había costado ganar”, declaró, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía.
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Hertzberg añadió que la maniobra afectó a jubilados y personas mayores que perdieron los ahorros de toda su vida. La agencia AP informó que Frost se había presentado públicamente como una figura evangélica influyente y que su firma prometía rendimientos de Wall Street para inversores comunes.
La condena incluye restitución por más de USD 76 millones
La jueza federal principal Leigh Martin May dictó la pena de 15 años de cárcel el 26 de octubre. Una vez cumplida la sentencia, Frost deberá permanecer tres años bajo libertad supervisada.
La resolución también le ordenó pagar USD 76.454.374,39 en restitución a las víctimas. El proceso fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones y la oficina del inspector general de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, con apoyo de la Comisión de Bolsa y Valores y de la Secretaría de Estado de Georgia.
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Durante la audiencia, Frost asumió responsabilidad por sus actos, consignó AP. La magistrada consideró el daño causado a los afectados al establecer la pena, después de que varios inversores relataran las consecuencias económicas de la operación.
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