Trump pidió a la Corte Suprema que reactive las deportaciones exprés a terceros países tras el bloqueo judicial

El Gobierno de Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar de inmediato las deportaciones aceleradas de inmigrantes a terceros países, después de que un tribunal de apelaciones ratificara la exigencia de que los afectados reciban notificación previa y una oportunidad real de argumentar que corren peligro de persecución o tortura en el destino. La petición de emergencia llegó horas después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito hiciera efectiva, en la madrugada del miércoles, la sentencia definitiva del juez federal de Boston Brian Murphy.

El escrito ante el alto tribunal lo presentó el procurador general (Solicitor General) D. John Sauer, encargado de representar a la Administración ante el Supremo. Sauer argumentó en su presentación que “el Gobierno ha podido expulsar a miles de extranjeros a terceros países en los últimos meses, y miles más son elegibles para dicha expulsión”.

La Casa Blanca sostiene que la decisión judicial provocó ya consecuencias operativas concretas: la cancelación de un vuelo que debía trasladar a setenta personas con antecedentes penales a tres países distintos, cuyos nombres no reveló. Según el escrito gubernamental, la cancelación exigió “una nueva ronda de compromiso diplomático” con cada uno de esos países, en momentos en que decenas de acuerdos de este tipo dependen de negociaciones reservadas con gobiernos extranjeros.

Antecedentes del litigio

El conflicto legal se remonta a mayo de 2025, cuando funcionarios de inmigración embarcaron a ocho personas —originarias de países como Myanmar, Vietnam y Cuba, todas con condenas por delitos graves en Estados Unidos— en un vuelo con destino a Sudán del Sur. El juez Murphy determinó entonces que la operación violaba una orden judicial previa que exigía dar a los migrantes la posibilidad de alegar temor a sufrir tortura antes de ser enviados a un país ajeno al suyo. Ante el bloqueo, las autoridades desviaron el avión a una base naval estadounidense en Yibuti, donde los deportados permanecieron alojados en contenedores marítimos acondicionados mientras sus abogados esperaban noticias.

La Corte Suprema intervino en junio de 2025 y, en una decisión dividida y sin exponer su razonamiento —como es habitual en su llamado “docket de emergencia”—, autorizó de forma temporal la reanudación de los vuelos, con el rechazo de los tres jueces del ala liberal del tribunal. Desde entonces, el litigio continuó en las instancias inferiores hasta que el Primer Circuito confirmó la semana pasada el fallo definitivo de Murphy, esta vez sin margen para una nueva suspensión automática.

La sentencia no prohíbe las deportaciones a terceros países, pero obliga a un procedimiento más largo: notificación formal y plazo razonable para que el migrante pueda exponer su temor a sufrir daño en el país receptor. Para la Administración, ese requisito adicional “provocaría retrasos en cadena” y forzaría a renegociar acuerdos ya cerrados con gobiernos extranjeros, según los argumentos presentados ante el Supremo.

James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó el miércoles en la red social X que 25.000 personas en situación irregular han sido deportadas a terceros países desde el inicio del programa, y calificó la medida de “herramienta esencial de seguridad pública”. La cifra no ha sido confirmada por fuentes independientes, aunque coincide con la mencionada en el propio escrito judicial del Gobierno.

La mayoría de esos traslados tuvo como destino México, pero mediante una serie de acuerdos —muchos de ellos reservados— la Administración ha enviado a deportados a más de dos decenas de países adicionales, desde Liberia hasta Guyana. Algunos migrantes han llegado a naciones de las que, según sus abogados, nunca habían oído hablar antes de su expulsión.

El propio mes de septiembre dejó un ejemplo de los riesgos que denuncian los defensores de los migrantes: abogados de dos hombres deportados a Guinea Ecuatorial denunciaron que fueron golpeados y retenidos a punta de pistola en un hotel convertido en centro de detención, por policías que les cubrieron la cabeza con bolsas.

El recurso llega en medio de una ofensiva migratoria con la que Trump se comprometió a expulsar a millones de personas que residen de forma irregular en Estados Unidos. El caso vuelve a situar a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, ante la disyuntiva de definir hasta dónde llegan las garantías procesales de los migrantes frente a las prerrogativas del Ejecutivo en materia de política exterior y seguridad fronteriza, un equilibrio que el tribunal ya había resuelto a favor de la Casa Blanca en 2025 y que ahora deberá zanjar de forma más duradera.