¿Está Venezuela avanzando hacia la democracia?

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la posterior designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, Estados Unidos estableció las condiciones de lo que siguió en Venezuela mediante el plan de tres etapas del secretario de Estado, Marco Rubio: “Estabilización, recuperación y transición”. Las fases describen a una administración que no buscó un cambio de régimen, sino que adoptó una estrategia de gestión del régimen, con una transición política mediante elecciones presidenciales como objetivo final.

Nueve meses después, el plan ha registrado aceleraciones e interrupciones inesperadas, lo que anticipa un camino complejo hacia eventuales elecciones. Con una segunda ronda de negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno interino iniciada el 15 de septiembre, un nuevo acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y el régimen de Rodríguez, y las recientes declaraciones del presidente Trump, quien volvió a afirmar que Venezuela no está preparada para celebrar elecciones, resulta pertinente evaluar en qué punto se encuentra el país dentro del proceso de estabilización, recuperación y transición.

Primera fase: estabilización

Tras la audaz operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la administración Trump optó por mantener de inmediato la continuidad del liderazgo, con el fin de evitar el caos interno que podría haber provocado el colapso del Estado. Horas después de la operación, el presidente Trump dejó claro que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y la alternativa más evidente al régimen chavista, no sería designada jefa de Estado, ya que no contaba con “el apoyo ni el respeto dentro del país”.

El presidente probablemente se refería a que las fuerzas de seguridad, fundamentales para sostener al régimen, no tolerarían su conducción. En cambio, Estados Unidos trabajaría con la estructura remanente del régimen. La vicepresidenta Delcy Rodríguez juró como presidenta interina el 5 de enero ante la Asamblea Nacional controlada por el régimen. Su hermano, Jorge Rodríguez, continuó al frente de la Asamblea Nacional, mientras que Diosdado Cabello —acusado en Estados Unidos, sancionado por el Departamento del Tesoro y con una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado— mantuvo su cargo como ministro de Interior, Justicia y Paz, responsable de gran parte del aparato represivo estatal.

Estados Unidos decidió mantener en sus puestos a la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos armados. Tampoco se registraron nuevos episodios de violencia como consecuencia de las acciones estadounidenses, lo que constituyó un primer paso exitoso dentro de la estrategia de gestión del régimen.

Aunque Machado ha expresado un sólido respaldo al presidente Trump —al punto de entregarle su medalla del Premio Nobel de la Paz como muestra de gratitud—, las afirmaciones del mandatario acerca de que ella no era respetada en el país establecieron un patrón de marginación de su voz en los procesos de toma de decisiones.

Esa postura también se reflejó en el rechazo a su intención de regresar a Venezuela tras los devastadores terremotos que afectaron al país el 24 de junio. La Casa Blanca sostuvo que su presencia se había convertido en una distracción para las tareas de asistencia. También quedó excluida de las conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre Jorge Rodríguez y la titular de la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015, Dinorah Figuera. Sobre esas negociaciones, Machado afirmó que, aunque no formaba parte del proceso, “no será un obstáculo para las iniciativas que generen avances reales”.

Un elemento importante, aunque poco valorado, de la estabilización de Venezuela ha sido la ausencia de una fractura dentro del propio régimen. La salida de Maduro dejó varios centros de poder que podían competir entre sí, más allá de Delcy Rodríguez. Entre ellos estaban Cabello y el aparato de seguridad interna, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Durante las horas y los días posteriores a la juramentación de Rodríguez, la incertidumbre en torno a Cabello y a los colectivos chavistas armados generó quizá la oportunidad más clara para una disputa sucesoria, pero no surgió ningún desafío organizado. Rodríguez finalmente apartó a Padrino, tras casi 12 años como ministro de Defensa, y sustituyó a una de las figuras más poderosas del chavismo sin provocar una resistencia militar visible. Más tarde, lo designó ministro de Agricultura.

La entrega, en mayo, de Alex Saab —a quien funcionarios estadounidenses describieron durante años como el “testaferro” de Maduro— también podría haber sido otro posible foco de tensión. Maduro había elevado a Saab como símbolo de la resistencia del régimen frente a Washington, por lo que su traslado a manos de las autoridades estadounidenses podía generar divisiones dentro del chavismo. No obstante, tampoco provocó una reacción organizada.

En conjunto, estos episodios sugieren que la estabilización no dependió solo de evitar desórdenes públicos, sino también de gestionar la sucesión chavista sin desencadenar una disputa entre las facciones políticas, militares y de seguridad del régimen. Además, aunque ahora se toleran pequeñas protestas en el país —que habrían sido reprimidas mientras Maduro estaba en el poder—, estas no amenazan la estabilidad de la nueva arquitectura institucional venezolana impuesta por Estados Unidos.

Por lo tanto, junto con la sucesión dentro del régimen, la fase de estabilización se ha completado.

Segunda fase: recuperación económica y reconciliación

Se han registrado algunos avances hacia la recuperación económica durante la segunda fase. El gobierno interino venezolano aprobó el 29 de enero una reforma de la ley de hidrocarburos, que incluyó varios cambios destinados a atraer inversiones al sector petrolero y gasífero. Entre ellos, se contemplaron acuerdos de asociación público-privada con menor control estatal y regalías más bajas.

Del lado estadounidense, el Departamento del Tesoro levantó restricciones específicas vinculadas al petróleo, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, para permitir que empresas de Estados Unidos comercializaran crudo venezolano. A partir de entonces, la administración Trump y el gobierno de Rodríguez profundizaron sus vínculos mediante una serie de visitas ministeriales centradas en la energía, que culminaron en un controvertido acuerdo petrolero: concesiones por 100 años sobre 17 yacimientos que contienen unos 65.000 millones de barriles.

Chevron anunció después, por separado, planes para invertir más de USD 7.000 millones en los próximos cinco años mediante empresas conjuntas. ExxonMobil, cuyo director ejecutivo llegó a afirmar que Venezuela no era un país apto para invertir, estaría cerca de firmar un acuerdo preliminar para evaluar inversiones en varios yacimientos petroleros venezolanos. Al menos otra empresa petrolera estadounidense también prevé anunciar próximamente un acuerdo de inversión en Venezuela.

Aunque se han tomado medidas para abrir el país a las inversiones, la vida cotidiana de los ciudadanos aún no ha mejorado. El salario mínimo, congelado desde 2022, cubre menos del 1% de los gastos mensuales de alimentación de una familia. La inflación, que se desaceleró al 8,9% en agosto, frente al 19,9% del mes anterior, todavía alcanza el 534,2% interanual. Además, nueve de cada 10 hogares sufren cortes de electricidad, y los apagones se han prolongado este año en lugar de reducirse.

La reconciliación política también avanza, aunque a un ritmo más lento. El gobierno interino aprobó una ley de amnistía que otorgó la libertad a cerca de mil presos políticos; sin embargo, cientos continúan encarcelados. Se produjo cierto alivio en la represión del régimen contra la libertad de expresión, lo que se tradujo en una mayor actividad política y en más protestas que el año pasado, la mayoría de ellas para exigir la libertad de los presos políticos.

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas informaron que, pese a una caída significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas, así como a la liberación de cientos de presos políticos, los venezolanos siguen sufriendo graves violaciones de derechos humanos. La respuesta del régimen ante los terremotos dejó al descubierto sus habituales prácticas autoritarias: las operaciones de rescate fueron lentas e ineficaces tras años de desfinanciamiento de la agencia de protección civil; equipos internacionales de rescate quedaron retenidos en aeropuertos; la zona afectada fue militarizada con retenes que demoraron el paso de convoyes humanitarios, y la información desde el terreno fue censurada.

Un avance más alentador ocurrió a comienzos de junio, cuando Dinorah Figuera regresó de un exilio de ocho años y mantuvo en Caracas su primera reunión presencial con Jorge Rodríguez. El encuentro elevó las expectativas de una negociación formal hacia una transición pacífica.

Una primera ronda de negociaciones entre la oposición y el régimen se celebró entre el 6 y el 12 de agosto en la base aérea La Carlota, en Caracas, y concluyó con una declaración conjunta de ambas delegaciones. Las partes acordaron impulsar de forma conjunta la recuperación de los activos de reservas internacionales de Venezuela, en particular 31 toneladas métricas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Aún deben definirse mecanismos de transparencia y auditoría, mientras que una parte de los fondos se destinaría a la reconstrucción tras los terremotos.

También se comprometieron a reformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional controlada por el régimen aprobó por unanimidad una reforma de la ley del TSJ, que busca reducir la influencia de los legisladores sobre la selección de los magistrados. Aunque estas medidas parecen sustanciales sobre el papel, analistas advierten que modificar la composición del tribunal no equivale a transformar su funcionamiento. Thelma Fernández, una reconocida abogada penalista venezolana que ha defendido a uno de los presos políticos más visibles del régimen, sostiene que la reforma no reduce realmente el poder del Legislativo sobre la elección de magistrados del TSJ.

Se espera que la segunda ronda de negociaciones aborde las libertades políticas y civiles, además de la libertad de expresión. Todavía no se ha mencionado una reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), ni una actualización del padrón electoral, dos condiciones fundamentales para cualquier elección futura que sea libre y justa.

Dada la posición del presidente Trump sobre el asunto, que Delcy Rodríguez también ha respaldado, la discusión sobre una fecha para las elecciones ha quedado claramente relegada frente a otros debates sobre reformas. Sin embargo, será necesario observar cómo avanzan eventualmente las conversaciones electorales.

Ya surgió la posibilidad de celebrar elecciones regionales y parlamentarias antes de una elección presidencial. Esa alternativa permitiría a Delcy Rodríguez mostrar una apertura electoral sin poner de inmediato en riesgo su cargo ni la continuidad del régimen. También le permitiría probar reformas en el CNE, la habilitación de candidaturas, la observación electoral, el acceso a los medios y la organización y participación de la oposición, con un costo político menor. Además, generaría competencia dentro de las fuerzas opositoras y demoraría inevitablemente una transición efectiva en el país.

Como tanto el régimen como la oposición dependen del respaldo de Estados Unidos, Washington se encuentra en mejor posición para exigir el cumplimiento de los acuerdos que en cualquier intento previo de negociación dentro de la extensa historia de diálogos frustrados. Como ha afirmado la Casa Blanca, cuenta con un “máximo poder de presión” sobre el país durante el período interino.

Tercera fase: transición política

Aunque la definición de un calendario electoral o la celebración de elecciones serían, probablemente, los indicadores que la mayoría de los observadores identificaría como el inicio de la transición política, las negociaciones entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, como mínimo, están preparando el terreno para esa fase. El secretario Rubio, sin duda, lo interpreta de ese modo.

Los dos terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 6.100 muertos, cerca de 1,8 millones de personas necesitadas de asistencia y más de USD 19.000 millones en daños físicos directos, sin duda afectarán el cronograma de la transición. La fecha de las elecciones continúa sin definirse.

El acuerdo petrolero entre el régimen y la administración Trump elevó la importancia de la falta de un calendario electoral, ya que abrió un debate dentro de la oposición sobre la secuencia de las medidas. El Departamento de Estado presentó el pacto como un motor para sostener las reformas y la transición democrática, bajo el argumento de que la recuperación económica crea las condiciones necesarias para una transición.

Los críticos plantean el orden inverso: sostienen que, sin instituciones legítimas, ningún acuerdo de esta magnitud puede sostenerse. El acuerdo firmado en agosto ya parece contradecir la reforma de la ley de hidrocarburos, que limita los contratos petroleros a 25 años, y podría entrar en conflicto con la Constitución del país. Ambas posturas parecen indicar que las dimensiones económica y política ya no avanzan al mismo ritmo.

El grupo de Figuera adoptó una estrategia de transición reformista, en lugar de una basada en el reemplazo del régimen. Bajo este enfoque, el cambio se produciría a través de las instituciones y los mecanismos existentes, en particular la Asamblea Nacional controlada por el chavismo desde 2025, aunque se la considera ampliamente ilegítima. La reforma del proceso de selección de magistrados del TSJ constituye el primer resultado de esa apuesta.

En contraste, Machado no habla desde la posición de un movimiento opositor que busca una transición, sino en nombre de un gobierno que, según sostiene, ya fue elegido en julio de 2024. Su partido, Vente Venezuela, organizó protestas en Caracas con la consigna “elecciones presidenciales ya”. Omar González Moreno, integrante de la dirigencia nacional de esa fuerza y exiliado político, incluso afirmó que las elecciones son necesarias porque la situación actual constituye una “prolongación de la tiranía chavista”.

Machado reiteró ese planteamiento después de que Estados Unidos anunciara el reciente acuerdo petrolero. Sostuvo que, sin transparencia absoluta y Estado de derecho, ningún acuerdo puede ofrecer las condiciones requeridas para grandes inversiones orientadas a sectores específicos.

La discrepancia no se refiere al objetivo, sino a la secuencia de los pasos para alcanzarlo y a la posibilidad de que las dimensiones política y económica avancen de manera simultánea. Figuera apostó a que la recuperación económica y la reforma institucional pueden avanzar mientras la cuestión electoral permanece abierta; Machado sostiene lo contrario.

La vía reformista de Figuera se ajusta al plan de estabilización de una manera en la que la propuesta de Machado no lo hace. El acuerdo petrolero deja expuesta esa tensión y genera un problema de incentivos: las partes que se benefician del pacto tienen razones para proteger el sistema que lo produjo y para evitar una elección que podría llevar a un futuro gobierno democrático a revertir sus condiciones.

En respuesta a la pregunta de un periodista el 13 de septiembre, el presidente Trump reiteró que las elecciones aún no estaban maduras y añadió: “Venezuela está ganando una enorme cantidad de dinero, y nosotros también”.

El camino por delante

El presidente Trump y el secretario Rubio parecen avanzar a velocidades ligeramente diferentes. Trump elogió a Delcy Rodríguez y afirmó que está “haciendo un gran trabajo”, mientras impulsa avances económicos antes de abrir una discusión sobre elecciones. En cambio, Rubio justificó el acuerdo petrolero como una medida necesaria para evitar que un futuro gobierno elegido democráticamente deba heredar un “desastre total”. Al mismo tiempo, reiteró que las elecciones deberían celebrarse tan pronto como se reforme el Consejo Nacional Electoral y se garanticen las condiciones necesarias para un resultado libre y justo.

La diferencia importa porque el principal desafío para Estados Unidos quizá ya no sea estabilizar Venezuela, sino evitar que la fase de estabilización se vuelva permanente. El sistema chavista demostró durante años su capacidad para demorar, manipular o evitar una elección realmente competitiva. Los últimos ocho meses también le dieron a Rodríguez tiempo para consolidar su propia posición. Reconstruyó el Estado alrededor de su figura, reemplazó a los mandos militares e instaló a personas de su confianza en distintos ministerios, aunque mantuvo buena parte de la arquitectura institucional heredada de Maduro.

Rodríguez aprovechará las tensiones dentro de la oposición, así como las diferentes prioridades del presidente Trump y del secretario Rubio. Cuanto más tiempo transcurra sin un calendario electoral, mayor será la oportunidad para que el gobierno interino transforme lo que estaba concebido como un arreglo temporal en un orden político duradero.

La capacidad de presión de Estados Unidos sigue siendo considerable, pero tiene una vigencia limitada y es improbable que conserve indefinidamente su actual nivel de efectividad. El acuerdo petrolero, las posibles inversiones estadounidenses, el alivio de sanciones y la necesidad de Venezuela de captar capital internacional le dan hoy a Washington una influencia sustancial. Sin embargo, cada inversión exitosa y cada nueva relación comercial también pueden crear sectores interesados en preservar la estabilidad y proteger los acuerdos existentes.

La normalización económica podría, por lo tanto, fortalecer a corto plazo la capacidad de presión estadounidense sobre Caracas, aunque aumentaría de forma gradual los costos políticos y financieros de ejercerla más adelante.

Por ese motivo, resulta cada vez más importante establecer un calendario para una elección presidencial antes de cualquier comicio regional o parlamentario. Los venezolanos necesitan creer que el proceso actual conduce realmente a algún destino. La fijación de un cronograma electoral, con plazos para reformar el Consejo Nacional Electoral; actualizar el padrón; inscribir partidos y candidatos —y levantar las inhabilitaciones, en el caso de Machado—; restituir los derechos políticos; garantizar la libertad de expresión y de organización política; y permitir una observación nacional e internacional creíble, convertiría una promesa de transición sin fecha definida en un proceso verificable.

También ofrecería a los inversores una mayor claridad sobre el entorno político en el que realizan compromisos de largo plazo.

Trump mantuvo una primera reunión presencial con Delcy Rodríguez al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 22 de septiembre, mientras María Corina Machado realizaba varios intentos fallidos de regresar a Venezuela. En su publicación en X sobre el encuentro en Nueva York, Delcy Rodríguez no mencionó la democracia ni la transición política. El mensaje se limitó a la cooperación con Estados Unidos en energía, minería y seguridad. Rubio, en cambio, afirmó más tarde, al referirse a la reunión, que debe existir un proceso de transición política y que este ya está en marcha.

La Casa Blanca enfrenta una decisión: permitir que el vínculo económico con Venezuela avance junto con una transición sin plazos definidos o utilizar su capacidad de presión para establecer un calendario electoral y convertirlo en un hito que obligue a completar las reformas institucionales necesarias. De ese modo, Venezuela podría convertirse en un ejemplo de liberalización económica que respalde una transición política, en lugar de sustituirla.