El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) anunció este domingo un acuerdo con Estados Unidos para recibir a nacionales de terceros países deportados por las autoridades norteamericanas. Las deportaciones comenzarán en abril y convertirán a Kinshasa en el más reciente eslabón de una red de pactos que la administración del presidente Donald Trump ha construido con al menos ocho países africanos para expulsar a inmigrantes sin vínculos con los destinos a los que son enviados.
El Ministerio de Comunicación congoleño describió el esquema como un “dispositivo de acogida temporal” y precisó que los migrantes serán alojados en instalaciones designadas en Kinshasa bajo supervisión administrativa, de seguridad y humanitaria. Kinshasa rechazó que el acuerdo implique una “externalización de las políticas migratorias” y subrayó que el erario público no asumirá ningún coste: el apoyo logístico y técnico correrá a cargo de Washington a través de agencias especializadas.
La paradoja es difícil de soslayar. Según la OIM y Naciones Unidas, los combates entre las fuerzas del Gobierno congoleño y la milicia del Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldada por Ruanda, han desplazado internamente a más de 7 millones de personas. El Programa Mundial de Alimentos advirtió en noviembre de 2025 que casi 25 millones de congoleños enfrentaban inseguridad alimentaria severa. En ese contexto, Kinshasa se dispone a recibir a personas expulsadas de EEUU sin relación alguna con el país.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, las deportaciones a terceros países se convirtieron en eje de su política migratoria. La Corte Suprema las autorizó en junio de ese año. Según un informe del personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Washington gastó al menos 40 millones de dólares para deportar a unos 300 migrantes fuera de sus países de origen. Documentos internos revisados por AP revelaron 47 acuerdos en distintas fases, 15 de ellos ya concretados.
La RDC se suma así a Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Camerún. Los incentivos varían: el acuerdo con Ruanda incluyó 7,5 millones de dólares; el de Esuatini, 5,1 millones a cambio de hasta 160 deportados; el de Guinea Ecuatorial, el levantamiento de sanciones contra su vicepresidente. Los términos del pacto con Kinshasa no fueron divulgados.
En septiembre de 2025, Human Rights Watch denunció que los acuerdos vigentes expusieron a cientos de personas a detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podían sufrir persecución o tortura, calificando los pactos de “opacos” y contrarios al derecho internacional. AP documentó que 29 migrantes de Etiopía, Eritrea y Nigeria, entre otros, fueron enviados a Guinea Ecuatorial sin acceso a asesoría legal, varios de ellos con protección judicial que impedía su retorno a sus países de origen.
El acuerdo tiene una dimensión geopolítica que complica su lectura: Ruanda, vinculada a Washington por su propio pacto migratorio, apoya al M23, la milicia que combate al Ejército congoleño. Ambos gobiernos negocian, con mediación de Washington, un proceso de paz sin cese del fuego duradero. Lo que Kinshasa no aclaró es qué ocurrirá con los deportados que no puedan ser devueltos a sus países de origen, ni si un Estado con un conflicto armado activo puede garantizar las condiciones humanitarias que prometió.
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