
Florida se prepara para vivir un hecho que no ocurría desde hace más de seis décadas: la realización de dos ejecuciones en un mismo día. El próximo 28 de julio de 2026, el estado planea aplicar la pena de muerte de manera consecutiva a James Duckett y Dominick Anthony Occhicone Jr., consolidando así una tendencia de endurecimiento en la política criminal impulsada por la actual administración. Este evento no solo resalta la creciente frecuencia de ejecuciones en Florida, sino que también pone sobre la mesa un debate nacional sobre los límites y la motivación detrás de la pena capital en Estados Unidos.
Por primera vez desde 1964, Florida llevará a cabo una doble ejecución en el mismo día, un hecho que subraya la agresiva expansión de la pena de muerte bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, la ejecución de ambos reclusos marcará un precedente en la historia reciente del estado y refleja una política orientada a acelerar los procesos pendientes en el corredor de la muerte. Esta decisión coloca a Florida en el centro de la atención nacional, ya que en lo que va de 2026 ha realizado el 58% de todas las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos y, desde enero de 2025, suma 29 de un total de 64 efectuadas a nivel nacional.
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El primero en ser ejecutado el 28 de julio será James Duckett, a las 12:00 p. m. (hora del este). Duckett, ex policía de Mascotte, fue condenado por el asesinato de Teresa Mae McAbee, una niña de 11 años, ocurrido en 1987. Aquella noche, la menor salió a comprar un lápiz a una tienda Circle K de su barrio. Duckett, que apenas llevaba siete meses como agente, patrullaba la zona y se detuvo en el comercio, donde vio a Teresa conversando con un adolescente de 16 años. Según los registros judiciales, Duckett les indicó que regresaran a casa, pero el adolescente y su tío declararon más tarde que el policía subió a Teresa a su patrulla y se marchó.
Horas después, la madre de Teresa comenzó a buscarla al no regresar a casa, recurriendo al propio Duckett para interponer la denuncia de desaparición, ya que era el único agente de patrulla en ese momento. A la mañana siguiente, el cuerpo de la niña fue hallado en el lago Knight, a menos de un kilómetro de la tienda. El informe forense concluyó que había sido violada, estrangulada y ahogada mientras aún estaba viva.
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La investigación centró rápidamente las sospechas en Duckett, quien mostró un comportamiento considerado inusual por los investigadores y ofreció versiones contradictorias sobre la noche de los hechos. Cinco meses después, Duckett fue acusado y finalmente condenado a muerte. Su ejecución había sido postergada por un indulto temporal a la espera de pruebas de ADN, pero los resultados resultaron inconclusos y la orden de ejecución fue firmada el 14 de julio de 2026.

Seis horas después de la ejecución de Duckett, está previsto que se aplique la pena de muerte a Dominick Anthony Occhicone Jr., de 80 años, por el asesinato de Raymon y Martha Artzner en 1986. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 10 de junio de ese año, cuando Occhicone, enfurecido tras romper su relación con su ex prometida, Anita Gerrety, acudió a la casa familiar en Holiday, Florida. Según los registros judiciales, mató a tiros al padre de Gerrety, de 66 años, y luego a la madre, de 62, mientras la ex pareja y su hija de 10 años lograron escapar. Occhicone fue condenado a muerte por ambos asesinatos y se convertirá en el preso de mayor edad ejecutado en la historia de Florida y el segundo más longevo en Estados Unidos.
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El endurecimiento de la política de pena de muerte en Florida se ha hecho evidente desde la llegada de Ron DeSantis al gobierno estatal. Desde enero de 2025, Florida ha realizado más ejecuciones que cualquier otro estado, superando incluso a Texas en el ritmo de aplicación de la pena capital. DeSantis no solo ha firmado más órdenes de ejecución que sus predecesores, sino que también ha promovido reformas legales que expanden los supuestos para aplicar la pena de muerte. En 2023, se aprobó la posibilidad de imponer esta condena por delitos sexuales contra menores y, en 2025, se amplió la gama de métodos de ejecución permitidos, abriendo la puerta a cualquier método que no haya sido declarado inconstitucional.
Estas medidas han generado un fuerte rechazo entre organizaciones de defensa de derechos humanos y críticos de la pena de muerte. La doble ejecución programada ha sido calificada como una muestra de “temeraria indiferencia” por parte de la administración estatal, según la directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
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También se ha cuestionado el impacto emocional en el personal penitenciario y el sentido de llevar a cabo la ejecución de un hombre de 80 años, así como la premura en el caso de Duckett, considerando que las pruebas de ADN no han sido concluyentes. Por su parte, DeSantis ha defendido su postura alegando que las familias de las víctimas merecen justicia, afirmando: “Justicia tardía es justicia denegada”.
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